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ADMINISTRATIVO

Límite a las Costas Procesales

Coordinador: Diego Córdoba Castroverde

Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

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El art. 139,3 LRJCA -EDL 1998/44323- permite que "la imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de estas o hasta una cifra máxima".

El Tribunal Supremo viene estableciendo, al menos en fase de inadmisión del recurso de de casación, una cantidad máxima o indicativa en atención a la actividad procesal desplegada por las partes.

¿Qué criterios deben tomarse en consideración para imponer tan solo una parte de las costas causadas o para fijar una cantidad máxima?¿tiene el órgano judicial absoluta libertad?. Debe tenerse en consideración única o principalmente la actividad procesal de la parte o han de tomarse en consideración otros criterios?. ¿Implica ello en cierta forma una valoración del trabajo desarrollado por el profesional?

Cuando se establece ese límite máximo ¿puede la parte recurrir la sentencia por tal motivo?


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 4, el 26 de mayo de 2011.

El proceso genera a las partes una serie de costes –anteriores, incluso, en ocasiones– que han de ser por ellas satisfechos. De ahí una primera distinción entre gastos de la Administración de Justicia y los gastos del proceso, y, dentro de éstos, cabe distinguir entre gastos previos o en torno al proceso, pero extramuros del mismo y gastos procesales "stricto sensu", que son aquéllos que los litigantes han de soportar como consecuencia de un proceso. Dentro de este concepto de gastos procesales hay que distinguir un subgrupo: las costas procesales: son los gastos que tienen su origen dentro del proceso y que se producen de forma ineludible para los litigantes y son sólo estos gastos obligatorios para las partes del proceso y que se producen dentro del mismo los que dan lugar a una eventual condena en costas, a su tasación, y ulterior exacción.

La vigente LEC, en su art. 241 (EDL 2000/77463) –de aplicación supletoria a este orden jurisdiccional contencioso (disp. final 1ª LJCA -EDL 1998/44323-)– distingue entre gastos del proceso: "aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso", y las costas: "la parte de aquéllos que se refieran al pago de los siguientes conceptos: 1º: Honorarios de la defensa y de la representación técnicas cuando sean preceptivas. 2º: Inserción de anuncios o edictos que de forma obligatoria deban publicarse en el curso del proceso. 3º: Depósitos necesarios para la presentación de recursos.4º: Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso. 5º: Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos. 6º: Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso".

La condena en costas es una decisión jurisdiccional, incorporada a una sentencia o auto interlocutorio o definitivo, por el que se impone a una de las partes del proceso la obligación de satisfacer a la otra parte los gastos necesarios que haya desembolsado dentro del proceso y como consecuencia del mismo, creando en su favor un título ejecutivo para que, una vez cuantificado su exacto importe –a través de la oportuna tasación de costas y su ulterior aprobación–, pueda procederse a su exacción dentro del mismo procedimiento de ejecución de la sentencia.

En el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, las costas vienen reguladas en el art. 139 -EDL 1998/44323- (heredero del 131 de la LJCA de 1956 -EDL 1956/42-), que mantiene para la primera o única instancia el criterio de la Ley de 1956, subjetivo, de la condena en costas tan sólo en los supuestos en los que el tribunal, "razonándolo debidamente", apreciare temeridad o mala fe en la parte "que sostuviere su acción o interpusiere los recursos". La novedad frente al sistema anterior radica en el párrafo segundo de su apdo. 1 que dice textualmente –y con pésima técnica gramatical– "No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se impondrán las costas a la parte cuyas pretensiones hayan sido desestimadas cuando de otra manera se haría perder al recurso su finalidad".

Por tanto, en primera o única instancia –sin regla especial para el allanamiento y desistimiento– la condena en costas –salvo cuando la estimación del recurso comporte un beneficio económico de escasa relevancia y totalmente desproporcionado al coste económico que para la actora ha supuesto el proceso, lo que sucederá cuando el importe de las costes se aproxime o supere lo obtenido en sentencia– exige la temeridad o mala fe –debidamente razonada por el juzgador– en el recurrente vencido, único en el que dado el tenor literal del art. 139,1 -EDL 1998/44323- se puede apreciar la temeridad o mala fe.

En las demás instancias o grados rige el criterio objetivo de condena en costas por vencimiento, salvo –como en el proceso civil– que "el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición".

La segunda novedad de la Ley de 1998 en materia de costas es el apdo. 3 del art. 139 -EDL 1998/44323- ("La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima") que faculta al órgano jurisdiccional a condenar a una parte de las costas o a establecer un tope máximo a su importe, tope máximo del que viene haciendo uso la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tanto en fase de inadmisión del recurso de casación, como en fase de sentencia. Así y a título de ejemplo, citando las más recientes, nos encontramos con las Sentencias de 5 -EDJ 2010/16432- y 22 enero -EDJ 2010/10007-, 2 -EDJ 2010/11567- y 10 febrero -EDJ 2010/11541-, 8 marzo -EDJ 2010/19236-, 14 -EDJ 2010/113386- y 23 junio -EDJ 2010/133500-, 13 -EDJ 2010/145226- y 19 julio -EDJ 2010/153313-, todas del pasado año 2010.

La cuantificación del límite máximo de las costas o la condena a una parte de las mismas, a mi juicio, exige un mínimo de motivación, ligada a la concreta actividad procesal desplegada por la parte condenada, a la escasa dificultad jurídica que pueda representar el pleito o, también, a la existencia de pronunciamientos previos firmes del Tribunal en los que, de forma uniforme, se hayan abordado cuestiones similares a las planteadas en el pleito en el que recaiga la condena en costas, lo que supone, obviamente y en definitiva, una intervención exenta de dificultad.

El uso de esta cláusula moderadora implica, por tanto, la posibilidad de acompasar la actuación procesal a unos parámetros económicos razonables, cuando aquélla "grosso modo" no encierra dificultad de clase alguna (o es mínima), o es ostensiblemente "pobre o descuidada", siendo susceptible de revisión en los mismos supuestos en los que cabe revisar la apreciación de la temeridad o mala fe como causas subjetivas de la condena en costas y, en este sentido, entre otras muchas, cabe citar la Sentencia de la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 26 julio 2001 -EDJ 2001/31414-: "La Sala, dicho sea con todos los respetos para el actor, debe recordar la Doctrina de este Tribunal, Sentencia de 22 de mayo de 2000 -EDJ 2000/12349-, en la que se establece que la temeridad o mala fe es cuestión que viene confiada al prudente arbitrio del juzgador de instancia, cuyo criterio no es susceptible de ser impugnado en Casación, como han expresado las Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1983 y 29 de junio de 1988, confirmadas por las de la Sala 3ª de 30 de mayo de 1997 -EDJ 1997/4362- y 14 de mayo de 1999 -EDJ 1999/9728-...".

Sin embargo, y aún antes de la vigente LEC –cuyo art. 397 -EDL 2000/77463- admite expresamente la apelación respecto de la condena (o no) en costas–, la Sala Tercera venía admitiendo la posibilidad de revisión de dicho pronunciamiento en la segunda instancia. Cabe citar en este sentido la Sentencia de la Sección Tercera de 15 diciembre 1997 -EDJ 1997/10293-:

"En el ámbito de la doctrina científica se expusieron dos teorías contrapuestas en orden al fundamento de la condena en costas. Tales teorías se denominaron así: teoría de la pena, dado que consideraba que la condena en costas debía ir unida a la apreciación por el juzgador de una conducta «dolosa» dentro del proceso, por la parte a condenar en costas; la segunda teoría recibió la denominación de teoría del resarcimiento, dado que consideraba el fundamento de la condena en costas en la conducta «negligente o culposa», dentro del proceso, por la parte a condenar en costas. Dichas teorías evolucionaron hasta ser sustituidas, para fundamentar la condena en costas, por los criterios del vencimiento puro y simple, salvo que concurran circunstancias excepcionales a expresar (es el criterio seguido por la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 1881/1-, tras la reforma de 1984 -EDL 1984/9080-, o por el criterio subjetivo que obliga al juzgador a ponderar la conducta, dentro del proceso, de la parte vencida, para apreciar y expresar que dicha parte actuó con «mala fe» o con «temeridad» (es el criterio de nuestra Ley Jurisdiccional (artículo 131 -EDL 1956/42-).

SEGUNDO.- Como tiene dicho el Tribunal Constitucional (STC 190/1993, de 14 junio -EDJ 1993/5739-), la cuestión de examinar la corrección o incorrección de la decisión del juzgador de imponer las costas procesales a la parte (o a las partes, según los casos), no afecta para nada al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva: ello es así porque la tutela judicial efectiva se satisface con los razonamientos jurídicos de la sentencia (en el caso que nos ocupa los razonamientos jurídicos de la sentencia apelada son aceptados plenamente, salvo en lo relativo a las costas, por la parte apelante).

Condenada una parte en la primera instancia al pago de las costas, es preciso que el Tribunal «ad quem», tras el análisis de las alegaciones de las partes –apelante y apelada– se plantee la siguiente cuestión: la de si la condena en costas... es o no fundada. La Sala, analiza el séptimo Fundamento de Derecho de la sentencia apelada y, tras la correspondiente deliberación, llega a la conclusión de que la sentencia apelada en su decisión de imponer las costas..., está suficientemente motivada, por las siguientes razones:

1.ª) Porque lo que exige el concepto indeterminado temeridad procesal es que el juzgador lo llene suficientemente de contenido, aportando junto a su motivación elementos objetivos que sean expresión de que la parte a condenar actuó con temeridad. El Tribunal de la primera instancia, en el séptimo Fundamento de Derecho de la sentencia apelada, expresó la necesidad de tener que ordenar en la parte dispositiva de la sentencia de retroacción del procedimiento administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la LPA -EDL 1958/101-, por apreciar una infracción procesal imputable a la Administración demandada".

Las costas procesales son los gastos originados a una parte en el seno del proceso en el que ha vencido y a cuyo reembolso tiene derecho, a cargo de la parte que haya resultado condenada a su pago, en atención a los criterios legales que para su imposición se establecen en el art. 139 LJCA -EDL 1998/44323-.

Centrándonos en el apdo. 3 del mencionado art. 139 -EDL 1998/44323-, según el cual "La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de ésta o hasta una cifra máxima", entendemos que se trata de una facultad que, de hacerse uso, exige una previa motivación en atención a distintos aspectos concurrentes en el proceso y a los que seguidamente haremos mención, ya se trate de la imposición de las costas del apdo. 1 como del apdo. 2 del art. 139 LJCA.

En atención a qué criterios debe hacerse uso de la referida facultad, es algo que el legislador silencia y que la práctica judicial ha ido perfilando. Así, mientras en un principio era frecuente apreciar la aplicación del art. 139,3 LJCA -EDL 1998/44323- por el Tribunal Supremo en el trámite de admisión del recurso de casación, son ya muchas las sentencias de nuestro Alto Tribunal y demás órganos judiciales que, fundamentalmente y por la simple inclusión de la expresión "A la vista de las actuaciones procesales", las que fijan como límite máximo una cantidad concreta a reclamar en cuanto a los honorarios de los abogados.

Hay algunas sentencias, aunque minoritarias, que motivan de forma más detallada la aplicación del art. 139,3 LJCA -EDL 1998/44323-, considerando "la entidad del recurso y la dificultad del mismo" (STS de 15 diciembre 2009 -EDJ 2009/300188-). Y es que son en definitiva la entidad del asunto y su dificultad o complejidad jurídica, los criterios básicos para justificar la imposición de costas en una parte o hasta una cifra máxima, previa apreciación de los criterios legales que para su imposición se prevén en los apdos. 1 y 2 del precepto en cuestión. A ellos pueden añadirse otros como el interés económico del asunto (para evitar hacer perder al recurso su finalidad), su trascendencia jurídica y el trabajo profesional realizado (especial dedicación). En definitiva, todas aquellas circunstancias concurrentes en el proceso cuya valoración permita hacer uso de la facultad moderadora en la imposición de las costas procesales. No debe olvidarse que éstas se imponen por imperativo legal, pero la facultad del art. 139,3 LJCA permite al tribunal sentenciador hacer uso de ella sin vincularse a las normas de los colegios de abogados, meramente orientadoras, atendiendo las circunstancias concurrentes en las actuaciones procesales antes referidas. Todo ello, como se viene acordando recientemente por el TS (Sentencias de 9 octubre 2007 -EDJ 2007/189027- y 9 marzo 2011 -EDJ 2011/11778-), "sin perjuicio de que el letrado pueda interesar de su cliente las cantidades que estime proceda".

El pronunciamiento sobre las costas procesales, en cuanto contenido obligatorio de las sentencias (art. 68,2 LJCA -EDL 1998/44323-), puede ser objeto de los recursos que procedan, y en el caso que la impugnación solo se refiera a la imposición de las costas, nos hallamos ante un concepto cuantificable debatido que representa el verdadero valor económico de la pretensión (STS de 21 diciembre 2009 -EDJ 2009/315088-).

El tenor literal del precepto en cuestión parece, ciertamente, reconocer a favor del órgano judicial una facultad libre en punto a la determinación de las costas procesales correspondientes.

Lo primero que llama la atención, al analizar el artículo sometido a debate, es que el mismo no tiene correlato en la normativa reguladora del proceso civil, pues la Ley 1/2000, de 7 enero (Enjuiciamiento Civil) -EDL 2000/77463- no prevé dicha potestad limitativa, ni respecto de la condena en las costas de la primera instancia (arts. 394 a 396) ni en relación con tal condena en vía de recurso ordinario o extraordinario (art. 398).

La Sala Tercera del Tribunal Supremo viene haciendo uso del precepto citado con reiteración, no sólo en la fase de inadmisión de la casación, sino en las sentencias recaídas en dicho recurso o, incluso, en los procesos de los que conoce en única instancia.

La justificación ofrecida por el Alto Tribunal suele ser, en todo caso, escasa. Así, en ocasiones se limita tal órgano judicial a fijar en cierta cantidad los honorarios "haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 139.3 -EDL 1998/44323-" (sentencias de 28 mayo 2009 –recurso de casación núm. 3687/2003– -EDJ 2009/143788-, 27 octubre 2009 –recurso de casación núm. 674/2008– -EDJ 2009/283239-, ó 17 noviembre 2010 –recurso de casación núm. 1062/2009 -EDJ 2010/290643-), o "a la vista de las actuaciones procesales" (sentencias de 22 enero 2010 –recurso de casación núm. 5425/2005– -EDJ 2010/4787-, 25 marzo 2010 –recurso núm. 250/2006– -EDJ 2010/21787-), o "ajustándose al criterio usualmente seguido por esta Sección" (sentencia de 22 diciembre 2010 –recurso para unificación de doctrina 116/2010– -EDJ 2010/269776-), o "teniendo en cuenta las circunstancias a valorar en el presente caso" (sentencia de 22 diciembre 2010 –recurso para unificación de doctrina núm. 17/2007– -EDJ 2010/290590-), o, en fin, sin ofrecer más motivación que la derivada de la aplicación del art. 139 de la Ley Jurisdiccional (sentencia de 15 diciembre 2010 –recurso de casación núm. 63/2010– -EDJ 2010/285024-).

La lectura de las sentencias del Tribunal Supremo sobre el particular no arrojan luz, por tanto, sobre cuáles deban ser los criterios que deben valorarse para hacer uso de la facultad prevista en el precepto, ni tampoco sobre los parámetros que han de tenerse en cuenta para fijar la suma concreta o la cifra máxima, pues en la mayoría de las ocasiones no se contiene referencia alguna a los mismos.

En mi opinión, aunque el art. 139,3 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323- permite al órgano judicial limitar el importe de los conceptos que integran las costas procesales a una parte de las mismas o a una cifra máxima, tal decisión debe ir acompañada de la necesaria motivación, aunque solo sea porque el precepto en cuestión constituye una excepción a la regla general de que los honorarios de los profesionales que intervienen en el proceso son fijados libremente por los mismos, de común acuerdo con sus clientes y con la posibilidad de éstos de acudir al procedimiento legalmente previsto para su impugnación por excesivos.

Sobre cuáles deben ser los criterios para usar de dicha facultad, considero que únicamente ha de estarse a la actuación profesional en el procedimiento correspondiente, a la relevancia de dicha actuación procesal en relación con la pretensión que se ejercita y a la dificultad intrínseca de la cuestión sometida al enjuiciamiento del órgano judicial y no sólo a la cuantía litigiosa.

Aunque, verdaderamente, ello entraña una auténtica "valoración" del trabajo desarrollado por el profesional, nada impide a la Sala competente efectuarla, pues es precisamente dicho órgano judicial el que conoce de primera mano aquellas circunstancias, no solo por las concretas pretensiones que se ventilan, sino por la específica actuación procesal de los representantes o letrados de las partes y la verdadera dificultad de la defensa de las pretensiones que ejercitan.

Si, desde mi punto de vista, la limitación de la imposición de las costas efectuada en atención al precepto en cuestión debe necesariamente ser motivada, parece evidente que el interesado podrá discutir –a través del recurso correspondiente, si éste es admisible por razón de la cuantía– la decisión adoptada, ya sea por ausencia absoluta de justificación, ya sea porque la ofrecida es insuficiente o notoriamente errónea.

Sin duda el tema es interesante, efectivamente el art. 139,3 de la ley jurisdiccional -EDL 1998/44323- permite que la imposición de costas pueda ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima.

Se otorga al juez contencioso-administrativo un amplio poder para moderar o modular la cuantía de las costas procesales.

Teniendo en cuenta que el criterio para la condena en costas es la temeridad o mala fe de una de las partes, como regla general, la condena a la totalidad supondría la apreciación de estas circunstancias. Sin embargo, pese a ello se podría modular esta temeridad o mala fe justificándolo en la existencia de circunstancias procesales como la dificultad jurídica de la cuestión, la existencia de jurisprudencia contradictoria, el desistimiento, recursos de casación en interés de ley, asuntos repetitivos, incomparecencia de la parte contraria, etc. Pudiendo incluso en estos casos incluso no imponer las costas, a tenor de lo dispuesto en el art. 139,2 -EDL 1998/44323-.

También se puede modular la imposición, a través de una doble modalidad, o bien condenar tan solo a una parte de las costas, o fijando una cifra máxima. A su vez, se pueden limitar los honorarios del Abogado exclusivamente o afectar a todos los aspectos de las costas procesales.

Hemos de anticipar que, en el caso de los honorarios de Abogado, la utilización de esta habilitación legal proporciona una gran utilidad, la innecesariedad de los problemáticos incidentes de impugnación de las costas por ser estas excesivas.

Sin embargo el problema es que, habiendo siempre propuesto el sistema de vencimiento en costas procesales como el más justo, en tanto hace recaer sobre quien no tiene la razón el coste del proceso, a lo que siempre se ha opuesto el legislador en las sucesivas reformas, posiblemente temeroso de los efectos que sobre el erario público podría tener este sistema, lo cierto es que esa limitación, traslada al cliente el resto de los honorarios del Procurador o del Abogado no reconocidos por la resolución judicial, con lo que el sistema, si bien facilita el funcionamiento de la administración de la justicia, por otra parte altera el sistema del vencimiento en costas, en los casos en que se admite, especialmente en la desestimación total de los recursos, como ocurre en el de casación.

Desde luego la limitación de las costas ha de motivarse, como se desprende del art. 139,2 de la ley jurisdiccional -EDL 1998/44323-, y esa motivación puede consistir en la valoración de la complejidad del recurso de casación o de la oposición al mismo, en definitiva de la actividad procesal desarrollada, entre otras circunstancias. Por otra parte un principio se seguridad jurídica hace que en la aplicación de estas limitaciones se observen unos criterios de homogeneidad que hagan predecible el límite de las costas procesales.

Como muestra la serie de interrogantes que se formulan el planteamiento dibujado en esta ocasión versa sobre aspectos muy específicos de la institución de las costas. En concreto, se pide opinión sobre la eventual existencia de unos criterios establecidos a la hora de decidir los límites cuantitativos de la condena en costas.

No obstante, a los efectos de esta exposición, conviene cobrar cierta distancia de las puntuales dudas esbozadas para comenzar apuntando que, con independencia del sistema que rija a la hora de decidir sobre las costas –bien el objetivo, en cuya virtud ha de asumirlas la parte cuyas pretensiones sean totalmente desestimadas, bien el subjetivo que entraña la condena en costas de la parte que haya sostenido la pretensión con temeridad o mala fe– la decisión sobre su imposición pertenece, en general, al campo de la mera legalidad ordinaria y corresponde en exclusiva a los Tribunales en el ejercicio de su función (STC 134/1990 -EDJ 1990/7863-).

Siendo esto así, hay que constatar la existencia de una práctica –casi una inercia– generalizada en el ámbito de nuestros Tribunales que suele perder de vista el claro mandato contenido en el apdo. 1º, del art. 139 LRJCA -EDL 1998/44323-, en cuya virtud el órgano jurisdiccional "impondrá las costas razonándolo debidamente".

Dicha consigna se erige, así, en frontera infranqueable de la discrecionalidad judicial, lo que ha sido recordado, en ocasiones, por la jurisprudencia, como enseña la STS de 25 junio 2008 -EDJ 2008/119113-, cuando cae en la cuenta de que la sentencia recurrida impone las costas "pero lo hace sin la más mínima consideración sobre el fundamento de la imposición", lo que, en opinión del Alto Tribunal supone desconocer que la actual regulación del art. 139,1 LRJCA -EDL 1998/44323-.

Además, interesa destacar que esta sentencia considera que el incumplimiento absoluto de dicho mandato legal se materializa, ni más ni menos, que en la vulneración de las reglas de la sentencia, lo cual puede llegar a constituir, incluso, uno de los motivos en los que fundamentar el recurso de casación, a tenor del art. 88,1 c) LRJCA -EDL 1998/44323-.

Ahora bien, esta primera conclusión que se acaba de obtener convive, contrastando vivamente, con otra línea jurisprudencia (SSTS 23 junio 2010 -EDJ 2010/140131-, 11 octubre 2001 y 5 diciembre 2001, entre otras muchas) que entiende no revisable en casación el pronunciamiento en costas, en cuanto a si concurre o no el criterio de la temeridad o de la mala fe a efectos de su imposición ya que "es un problema de la soberanía del Juzgador de instancia, no revisable en casación", habida cuenta de que "la aplicación de la penalidad de la condena en costas está sometida al prudente arbitrio de los Tribunales de instancia", porque entraña "un juicio valorativo de la exclusiva incumbencia del órgano jurisdiccional de instancia, juicio que al no estar sometido a preceptos específicos o de doctrina legal, salvo en los supuestos de excepción expresamente previstos en la Ley, queda confiado al prudente arbitrio de dicho Tribunal y no susceptible, por tanto, de ser impugnado en casación".

A los efectos de atender al conjunto de interrogantes cabe significar ya que, en la medida que todo pronunciamiento en costas exige una motivación sobre las circunstancias que lo rodean, la lógica jurídica exige que, pese al silencio del art. 139,3 LRJCA -EDL 1998/44323-, la imposición de las costas en su totalidad, en una parte o, en su caso, hasta una cifra máxima, debe apoyarse necesariamente en una serie de criterios.

Y, obviamente, la actividad procesal de la parte es un criterio a tomar en consideración mas, en mi opinión, no es el único ni tampoco tiene por qué ser, según las circunstancias, el elemento principal de esa valoración.

Así, por lo que se refiere a la condena en costas en aquellos casos en los que la pretensión de la parte resulta jurídicamente difícil de sustentar y, en estas circunstancias, esa parte se da cuenta procediendo a desistir o a allanarse, obviamente, dicho comportamiento –esto es, acudir a una contienda judicial pese a ser consciente de la debilidad de sus argumentos–, debe tener un reflejo en el ámbito de las costas, sobre la base, precisamente, de la actividad procesal a la que se ha visto obligada la parte contraria.

En lo atinente al desistimiento, el art. 396 LEC -EDL 2000/77463- establece como pauta el que el desistimiento del actor deba o no ser consentido por el demandado, de forma que el actor será condenado a todas las costas cuando no deba ser consentido, a diferencia de lo que ocurre en el supuesto de que se requiera dicho consentimiento, hipótesis en la que no se condena en costas a ninguno de los litigantes.

Si estas previsiones se contienen en la norma procesal civil, el art. 74,6 LRJCA -EDL 1998/44323- dispone por su parte que el desistimiento no implicará necesariamente la condena en costas, no obstante, en cierta medida parece asumirse en el específico ámbito del procedimiento abreviado que el desistimiento entraña la condena en costas, toda vez que "de no comparecer el actor a la vista se le tendrá por desistido condenándole al pago de las costas" (art. 78,5 LRJCA -EDL 1998/44323-), entrando en sintonía con lo previsto en el art. 442 LEC -EDL 2000/77463-.

Por lo que al allanamiento se refiere, el art. 395 LEC -EDL 2000/77463- contempla la condena en costas al demandado si se allanara después de contestar la demanda, pero si lo hace antes de contestar no se le carga con las costas, salvo que el Tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe.

Curiosamente, la Ley 29/1998 -EDL 1998/44323-, a diferencia de lo que ocurre con el desistimiento del actor en el ámbito del procedimiento abreviado –que implica su condena en costas–, no contiene una previsión semejante para el caso de allanamiento del demandado, pues el art. 78,5 LRJCA se limita a decir que se proseguirá la vista en su ausencia sin indagar las eventuales consecuencias que dicha incomparecencia pudiera producir a los efectos de las costas.

Vemos, pues, que la actividad procesal de la parte constituye un criterio importante en el momento de decidir la condena en costas, pese a lo cual no podemos pasar por alto que el art. 78,5 LRJCA (EDL 1998/44323) –muy rico en matices como se habrá comprobado, pese a referirse sólo al procedimiento abreviado– hace pechar al actor con las costas no sólo cuando él no compareciera sino también cuando ninguna de las partes lo hubiera hecho (actor y demandado conjuntamente), lo que parece relativizar el criterio que se está analizando en la medida que se condena en costas al actor pese a que el demandado –salvo personarse a efectos de que se le de traslado del expediente (art. 78,4 LRJCA)– no haya realizado actividad procesal alguna.

En cuanto a la práctica del Tribunal Supremo de la que se da cuenta en el planteamiento comentado relativa a que "al menos en fase de inadmisión del recurso de casación, establece una cantidad máxima o indicativa en atención a la actividad procesal desplegada por las partes" debe significarse que, a tenor del art. 93,5 LRJCA -EDL 1998/44323-, "la inadmisión del recurso, cuando sea total, comportará la imposición de las costas al recurrente, salvo si lo es exclusivamente por la causa prevista en la letra e) del apartado 2" (es decir, en el caso de que se aprecie que no existe interés casacional). Pues bien, el art. 93,5 establece un criterio de imposición de costas (al igual que lo hacen los apartados primero y segundo del art. 139 LRJCA) criterio sobre los que opera la previsión contenida en el art. 139,3 LRJCA, esto es, la de limitar hasta una cuantía máxima las costas, atendiendo, eso sí, a criterios determinados, entre los cuales, obviamente, se encuentra el de la actividad procesal desplegada por las partes.

Sin embargo, como se viene manteniendo, no es éste el único criterio que debe regir la decisión sobre la limitación de la cuantía máxima de las costas, toda vez que el art. 139,1 -EDL 1998/44323- ya establece que "se impondrán las costas a la parte cuyas pretensiones hayan sido desestimadas cuando de otra manera se haría perder al recurso su finalidad", lo cual no es sino la traducción, en el ámbito de la institución de las costas, del principio de que "la necesidad del proceso para obtener razón no debe convertirse en un daño para el que la tiene", tratando de impedir victorias pírricas, es decir, que la cuantía de las costas haga inútil la estimación del recurso, lo que puede acaecer frente a minutas abusivas en recursos de pequeña cuantía o en beneficio de personas cuya comparecencia hubiese resultado innecesaria o superflua.

Pues bien, estas posibilidades introducidas por el art. 139,1 -EDL 1998/44323- hacen entrar en escena –cuanto menos, para su consideración a efectos hermenéuticos por parte del juez contencioso– al art. 394,3 LEC -EDL 2000/77463- que contempla unas limitaciones cuantitativas a la condena en costas del litigante vencido, con relación a la cuantía del litigio, limitaciones que, no obstante, no rigen cuando el Tribunal declare su temeridad. Obviamente si el propio 394,3 LEC excluye su aplicación en los supuestos de temeridad, dicha previsión no cabe en el ámbito contencioso administrativo cuando se aplique el criterio de la temeridad o mala fe, pero nada impide que se considere cuando éstas no concurran. En mi opinión, el precepto ha de servir para constatar que la fijación de la cuantía del recurso posee una relación directa con las costas procesales puesto que las limitaciones del art. 394,3 LEC vienen establecidas sobre la base de la cuantía del proceso, parámetro que, necesariamente, debe ser considerado para aplicar el art. 139,1 LRJCA.

Recapitulando, cabe enunciar como criterios para aplicar la limitación cuantitativa del 139,3 LRJCA -EDL 1998/44323-, la actividad procesal de las partes, la cuantía del proceso, así como la necesidad de evitar abusos derivados de minutas muy elevadas o de intervenciones superfluas, sin que, por lo demás, existan impedimentos para, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que permite revisar la apreciación del juez con relación a la mala fe o temeridad, impugnar la decisión en torno a la cuantificación máxima de las costas.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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