El Derecho

INDEMNIZACIÓN

Fijación judicial de la cantidad indemnizatoria en el auto de cuantía máxima

Coordinador: Vicente Magro Servet

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante. Doctor en Derecho

  • Imprimir

I. Cuestión debatida

Sabemos que el auto de cuantía máxima está contemplado en el art. 13 del RDLeg. 8/2004 (EDL 2004/152063) y en el que se admite que: “el juez o tribunal que hubiera conocido de ésta dictará auto, en el que se determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripción obligatoria y según la valoración que corresponda con arreglo al sistema de valoración del anexo de esta Ley. El auto referido se dictará a la vista de la oferta motivada o de la respuesta motivada del asegurador o del Consorcio de Compensación de Seguros, y contendrá la descripción del hecho, la indicación de las personas y vehículos que intervinieron y de los aseguradores de cada uno de éstos.”

Ahora bien, cuando se refiere a que el juez fija la cantidad líquida máxima en este auto, ¿qué cantidad justa es la que debe fijarse en el auto de cuantía máxima por el juez? ¿Debe ir éste al máximo fijado en el baremo para que luego se ajuste o es un motivo de oposición el exceso en la suma fijada? ¿Qué ocurrirá si la suma fijada por el juez se entiende reducida por el perjudicado? ¿Puede postularse mayor cantidad?

II. Resultado del debate

Aprobado por UNANIMIDAD

a) ¿Qué cantidad justa es la que debe fijarse en el auto de cuantía máxima por el juez?

1.- Es el juez quien debe introducir las estimaciones y evaluaciones oportunas a la hora de fijar la cuantía en el auto, no debiendo acudir de manera automatizada al máximo del baremo que en cada caso corresponda.

2.- El art. 13 del RD 8/2004 establece que el auto deberá ser dictado a la vista de la oferta y respuesta motivada de la aseguradora y dicha oferta, según el art. 7.3 contendrá una propuesta de indemnización por los daños en las personas y en los bienes con ocasión del accidente, debiendo figurar de forma separada la cuantía de cada uno de ellos.

3.- Con el actual sistema el juez penal va a contar con datos suficientes para calcular la indemnización exacta que, además, va a ser objeto de cobertura en su integridad por el seguro obligatorio. Por ello, al fijar el auto de cuantía máxima deberá atenderse a la estricta aplicación del baremo.

4.- La cuantía justa que el juez debe señalar en el Auto es la máxima posible conforme a los daños y perjuicios que consten en el informe de sanidad y otros documentos que los describan, vinculados a lo ocurrido en el siniestro, y valorados conforme a las tablas del Anexo.

b) ¿Qué ocurrirá si la suma fijada por el juez se entiende reducida por el perjudicado? ¿Puede postularse mayor cantidad?

1.- Esta cuantía no es discutible. Contra el auto de cuantía máxima no cabe recurso -art. 13 in fine- y, por tanto, en caso de desacuerdo, a la parte lo único que le resta es acudir el proceso civil ordinario que corresponda.

En efecto, el auto de cuantía máxima constituye un título ejecutivo reconocido como tal en el art. 517.2,8º LEC (EDL 2000/77463) y, en consecuencia, tiene la parte beneficiaria del mismo la opción de promover juicio ejecutivo en base al mismo, en cuyo caso, en absoluto puede cuestionar su contenido en tanto parte ejecutante. La disconformidad le obligará a acudir el juicio declarativo ordinario que corresponda a fin de debatir en él sus pretensiones al margen de la decisión judicial constitutiva del título ejecutivo.

2.- Si el perjudicado entiende que la suma reducida no es la correcta por estar por debajo de la que considera debida, el art. 13 impide interponer recurso alguno contra el Auto, por lo que deberá ejecutar la suma reconocida y acudir al declarativo correspondiente donde podrá acreditar, en su caso, la razón de la suma mayor. La suma que se indique en el Auto no podrá ser superior del importe del seguro obligatorio.

3.- El título que esgrime la parte ejecutante para el despacho de ejecución es el título ejecutivo, y por la cuantía que allí se expresa. Por tanto, a la hora de instarse el correspondiente proceso de ejecución con base en el título, el despacho debe de atenerse a la cantidad que en el figura, produciéndose en caso contrario una pluspetición que podrá ser objeto de oposición por la contraparte al no existir correlación entre la cantidad que obra en el título del ejecutante y aquella que se pide y por la que se despacha ejecución.

4.- Así, el perjudicado podría reclamar una cantidad superior y el asegurado-ejecutado puede alegar que la cantidad reclamada por el perjudicado, fundada en el auto de cantidad líquida máxima, es excesiva.

En primer lugar, el juez que dicta el auto de cantidad líquida máxima en el que se concreta el importe de la indemnización de daños y perjuicios en favor de cada perjudicado debe sujetarse al sistema de valoración establecido en el Anexo del TRLRCSCVM (en adelante, TR, EDL 2004/152063) teniendo en consideración los datos obrantes en la causa penal, bien sean informes periciales médicos de parte, bien sea el informe de sanidad emitido por el médico forense (supuesto más habitual en la práctica) o en consideración a los elementos de prueba aportados en la comparecencia prevista en el art. 13 TR. Por consiguiente, el auto no debe fijar necesariamente la cantidad máxima que permite el Anexo si con ello se contradice de manera manifiesta la valoración que corresponde a los daños corporales del perjudicado según consta en la causa penal.

En segundo lugar, el auto de cantidad líquida máxima no es recurrible según indica expresamente el art. 13 TR, pero ello no quiere decir que las cantidades allí fijadas sean inmutables. El perjudicado pueda reclamar una cantidad superior y el asegurado-ejecutado puede alegar que la cantidad reclamada por el perjudicado, fundada en el auto de cantidad líquida máxima, es excesiva.

En tercer lugar, el perjudicado podrá deducir una demanda de ejecución fundada en el auto de cuantía líquida máxima porque el art. 517.2,8º LEC (EDL 2000/77463) atribuye a aquella resolución naturaleza ejecutiva. Pero no es preceptiva la utilización de la demanda de ejecución pues el mismo art. 12 TR declara que es una facultad al utilizar los siguientes términos: “se podrá ejercitar en la forma establecida en este título.” Es decir, el perjudicado puede deducir una demanda de ejecución o una demanda ordinaria con la que iniciará un proceso declarativo. Si el perjudicado considera que la cuantía fijada en el auto de cuantía líquida máxima se ajusta realmente a la entidad de sus daños, promoverá por razones obvias la demanda de ejecución. Por el contrario, si estima que esa cuantía es inferior a la que realmente le corresponde, podrá promover la demanda ordinaria para iniciar un procedimiento declarativo en el que podrá alegar y probar los daños realmente sufridos (distintos y superiores a los fijados en el auto de cuantía líquida máxima) y solicitará una indemnización más elevada. Incluso, se admite que puedan iniciarse sucesivamente los dos procesos: en primer lugar, la demanda ejecutiva para reclamar la cantidad fijada en el auto previsto en el art. 13 TR y; en segundo lugar, una demanda ordinaria para reclamar la cantidad que exceda a la fijada en el auto del art. 13 TR cuando el perjudicado presente unas lesiones que no han sido suficientemente indemnizadas por aquél.

En cuarto lugar, si el asegurador considera que la cuantía fijada en el auto del art. 13 TR es superior a la que realmente corresponde al perjudicado deberá esperar al proceso que éste entable. Si el perjudicado entabla un proceso de ejecución, podrá oponer las excepciones previstas en el art. 586.3 (culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor extraña a la conducción o funcionamiento del vehículo o concurrencia de culpas) y, además, las excepciones previstas en el art. 557, en especial, la prevista en su apartado 1.3ª, relativa a la pluspetición. Por esta última vía puede el asegurador-ejecutado oponerse a la cuantía de la indemnización fijada en el auto del art. 13 TR, bien alegando que el grado de la culpa concurrente en el perjudicado es superior o bien que se han aplicado erróneamente las reglas de cálculo de la indemnización. En el caso de que el perjudicado entable un proceso declarativo sin sujetarse a las cuantías fijadas en el previo auto del art. 13 TR, el asegurador del vehículo responsable tiene plenas facultades, en su calidad de demandado, para oponerse a los conceptos y a las cuantías indemnizatorios reclamados por el perjudicado.

Considero que de su expresión se deduce que en el auto el juez debe fijar en atención a las reglas del baremo y de los informes obrantes de los que dispone la cuantía máxima que el perjudicado puede reclamar, como se deduce de la expresión contenida en el art 13 RD 8 /2004 (EDL 2004/152063) y ello implica que si dentro del baremo el perjuicio informado se irroga dentro de una franja, debe de elegirse su parte más alta.

La incorrecta aplicación del baremo no impide la posibilidad de que la aseguradora pueda en trámite de oposición en el caso de que entienda que se ha producido un exceso en su determinación, la excepción de pluspetición, toda vez que entiendo que ésta debe de configurarse como excepción de fondo y que de conformidad con el párrafo 3 del art. 556, no sólo cabe que la aseguradora se oponga por las expresas causas a las que hace referencia el art. 556 sino como dice el precepto también por las del artículo siguiente (entre las que figura como número tres, la pluspetición o el exceso en la computación del metálico de las deudas en especie), diferenciándose en este punto de las resoluciones judiciales a las que se hace referencia en el párrafo primero del art. 556. Así lo viene a entender el general de las Audiencias Provinciales (por ejemplo, Auto de la AP Madrid de 21 de abril de 2009, EDJ 2009/85946).

Por lo que se hace referencia al defecto en su fijación la solución entiendo que es otra. Y ello por cuanto el título que esgrime la parte ejecutante para el despacho de ejecución es el título ejecutivo, y por la cuantía que allí se expresa. En consecuencia, a la hora de instarse el correspondiente proceso de ejecución con base en el título, el despacho debe de atenerse a la cantidad que en el figura, produciéndose entiendo en caso contrario una pluspetición que podrá ser objeto de oposición por la contraparte al no existir correlación entre la cantidad que obra en el título del ejecutante y aquella que se pide y por la que se despacha ejecución.

Ahora bien, si el perjudicado entiendo que no puede hacer valer por vía del proceso ejecutivo su pretensión de alterar la cantidad objeto de reconocimiento en el título dictado en el proceso penal, nada obsta a que de la cantidad que no le ha sido reconocida o respecto de conceptos que no se han recogido bien por no poderse bien porque se han excluido tras valorarse, pueda instar el proceso civil declarativo correspondiente. En este sentido como expone la SAP Madrid de 12 de febrero de 2008 (EDJ 2008/28210): “El documento al que la LEC llama título ejecutivo, “lleva incorporado” tanto el derecho del acreedor al despacho de la ejecución como la obligación del Juez de despacharla. Pero, ni prueba el derecho del ejecutante a la tutela, ni prueba la existencia de responsabilidad del ejecutado: prueba sólo la existencia del derecho al despacho de la ejecución, que, como todo derecho depende de la existencia de uno o varios hechos jurídicamente relevantes. De ahí que lo esencial del titulo ejecutivo no resida en que incorpore el derecho a la tutela, sino en que aparezca como idóneo para despachar ejecución. De ahí que le esté prohibido al Juez Ejecutor analizar el fondo del título y deba, por imposición legal, limitarse a analizar la regularidad formal del título ejecutivo. Y de ahí que el acreedor ejecutante, para obtener el despacho de la ejecución no deba probar ni le sea preciso alegar la existencia de la responsabilidad del ejecutado. Recuérdese que, como regla, la relación jurídica material que funda la acción ejecutiva o derecho a la tutela no aflora durante el proceso de ejecución”.

Ahora bien, debe recordarse que en el ámbito del proceso ejecutivo al existir una limitación de medios de oposición no se da a la resolución que recaiga en el mismo la autoridad de cosa juzgada (al margen aquí de los motivos que por poder ser alegados, como son los que concurren dentro de la posibilidad de oposición, hayan podido ser examinados sin limitación, sobre los que según reiterada jurisprudencia no se puede volver a conocer), y de hecho el art. 564 prevé la posibilidad de que en juicio declarativo posterior puedan tener cabida el examen de otras cuestiones que no se pudieron examinar por la limitación antedicha dentro del curso de la oposición.

Consiguientemente no recayendo sobre la resolución que hubiera en la ejecución del título, autoridad de cosa juzgada, entiendo que en proceso civil posterior puede el perjudicado interesar no aquello que el título ejecutivo contenía (sobre lo que sí creo que la cuestión habrá quedado zanjada) sino aquello que el título ejecutivo ignoró, o bien perjuicios que derivados del siniestro, por ser posteriores a su emisión, aquél no pudo contemplar, sin que ello se vea afectado por vinculación de la resolución recaída en el curso del proceso penal ni de ejecución civil.

La cantidad que el juez debe fijar en el Auto es la que se derive de la determinación y cuantificación de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado; el resultado de todo ello será la “cantidad justa” a fijar.

La cuantificación de los daños personales a fijar como líquida deberá de tener en cuenta lo informado por el médico forense que haya pasado visita al perjudicado y si dicho informe estable la puntuación correcta, pues de ser así, habrá de estarse a la misma. Caso contrario, de no establecer dicha puntuación, el juez deberá estar al Baremo y acoger la puntuación máxima. Posteriormente cuando se ejecute el Auto el perjudicado podrá alegar, si es así, la pluspetición de modo que judicialmente quede fijado el importe. Lo anterior se deriva de que es el propio precepto el que menciona el baremo de la LRCSVM (EDL 2004/152063) aunque no establece el mismo. Es importante traer a colación las sentencias del Pleno de la Sala 1ª del TS de 17 abril 2007 y que sitúa los daños en el momento de su producción y su cuantificación en el momento del alta médica del perjudicado por parte del médico forense.

Por lo que respecta a los daños materiales, debe partirse del hecho de que su inclusión en el Auto de cuantía máxima no resultaba unánime en el parecer de la Jurisprudencia llamada menor, si bien la reforma operada por la Ley 21/2007 (EDL 2007/58350) termina con la polémica y concluye en la posibilidad de su inclusión. El art. 13 comentado establece que deberá ser dictado a la vista de la oferta y respuesta motivada de la aseguradora y dicha oferta, según el art. 7.3 contendrá una propuesta de indemnización por los daños en las personas y en los bienes con ocasión del accidente, debiendo figurar de forma separada la cuantía de cada uno de ellos. Si el perjudicado entiende que la suma reducida no es la correcta por estar por debajo de la que considera debida, el art. 13 impide interponer recurso alguno contra el Auto, por lo que deberá ejecutar la suma reconocida y acudir al declarativo correspondiente donde podrá acreditar, en su caso, la razón de la suma mayor. La suma que se indique en el Auto no podrá ser superior del importe del seguro obligatorio.

Por lo que respecta a los intereses moratorios el Auto no debe de hacer mención a los mismos habida cuenta de que no se regulan en el meritado art. 13 lo que no es óbice para tener en cuenta los intereses del art. 20.4 LCS (EDL 1980/4219).


La cuestión que se somete a debate, a mi juicio, es la de determinar si el juez o Tribunal que hubiere conocido del procedimiento penal que termina en virtud de una resolución de archivo o sentencia absolutoria y que debe dictar el auto a que hace referencia el art. 13 del RD 8/2004 (EDL 2004/152063), dispone de facultad para llevar a cabo una valoración o moderación de la cantidad a fijar o, en su caso, su actuación, al tiempo de dictar dicha resolución, viene limitada por la cifra máxima que, de acuerdo con la aplicación del sistema de valoración del anexo de la Ley deba señalarse. A este respecto, el art. 1 del citado RD establece, con carácter general, el principio de que el conductor de un vehículo a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de éstos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación, estableciéndose en el art. 2 del precepto la obligación del propietario del vehículo a motor, que tenga su estacionamiento habitual en España, de suscribir y mantener un contrato de seguro, que es lo que habitualmente se denomina segura obligatorio o de aseguramiento obligatorio, cuyas disposiciones y coberturas se encuentran fijadas por la normativa.

A este respecto, en mi opinión, una vez que se ha producido la resolución, ya sea de archivo, ya sea absolutoria, en el procedimiento penal, la tarea del juez penal debe limitarse exclusivamente a lo que establece, con literalidad, el art. 13 del citado RDLeg. 8/2004, esto es, a dictar un auto determinando la cantidad líquida máxima que, de acuerdo con el alcance de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, les corresponda percibir con cargo al seguro obligatorio y de conformidad con el sistema de valoración del anexo de la Ley. El art. 13 no contiene facultad alguna para el juez penal de llevar a cabo un juicio de valor en orden a la determinación de la existencia de alguna causa que pueda limitar la indemnización máxima contemplada en el citado anexo, de forma tal que debe limitarse a llevar a cabo un simple cálculo aritmético, en relación con los daños físicos sufridos por cada uno de los perjudicados que, de conformidad con la edad y demás circunstancias de cada uno, permitan establecer cuál sería la cifra máxima que en un posterior procedimiento civil pueda el referido perjudicado o sus herederos reclamar. Si existen circunstancias que puedan atenuar la responsabilidad de la compañía aseguradora a cuyo cargo se dicta el auto, o incluso hacerla desaparecer, ya sea culpa exclusiva de la víctima, ya sea circunstancia de fuerza mayor extraña a la conducción del vehículo, ya sea incluso la pluspetición que supondría la aplicación de todos los principios relativos a la concurrencia de culpas en materia civil, se trata de cuestiones que deben ser resueltas, en su caso, en un procedimiento civil posterior, procedimiento sobre el que el juez penal no tiene ninguna competencia ni debe, por tanto, llevar a cabo un juicio o valoración previa.

Las funciones del juez penal terminan o bien cuando dicta una sentencia absolutoria, porque no considera que la conducta del denunciado sea merecedora de reproche penal, en cuyo caso lo fundamentará en su sentencia, o bien cuando dicta una resolución en la que acuerda el archivo del procedimiento, al entender inexistente, por cualquier causa, una responsabilidad criminal. El auto que en su caso fije la cantidad máxima a reclamar por el perjudicado o perjudicados, debe limitarse, exclusivamente, a hacer una descripción del hecho, indicación de personas y vehículos que intervinieron y de los aseguradores de cada uno de éstos.

En este sentido resulta, por tanto, evidente, a mi juicio, que la cantidad debe ser la que, como máximo, resulte, en atención a las circunstancias concurrentes de cada uno de los perjudicados, de la aplicación del sistema de valoración anexo a la Ley. En el caso de que pudiera creer la aseguradora obligada al pago que existen circunstancias que o bien hacen desaparecer su responsabilidad, desde el punto de vista civil, o bien la atenúan, necesariamente habrá de hacerlo valer a través del procedimiento correspondiente, ya sea mediante la oposición al procedimiento de ejecución que inste el perjudicado, ya sea mediante la contestación a la demanda si el perjudicado opta por un procedimiento de carácter declarativo. El problema podría darse en el supuesto de que el juez, olvidando lo que dice el art. 13, en cuanto a las limitaciones, a mi juicio, que establece en orden a la fijación de la cantidad máxima a reclamar en el auto que dicte, reduce la cantidad que a su juicio puede reclamar el perjudicado.

En este sentido y puesto que se trata de un auto frente al que no cabe la interposición de recurso alguno, el perjudicado deberá optar o bien en acudir a la vía de la ejecución, respecto al auto, reservándose a su vez el procedimiento declarativo posterior en el que complete la reclamación indemnizatoria que, a su juicio, ha quedado disminuida en el auto, o bien acudir directamente ya a un procedimiento declarativo, en el que reclame frente a la aseguradora la indemnización completa que considere pertinente, en atención a los daños y perjuicios sufridos. Lo que no puede hacer el perjudicado es recurrir el auto, habida cuenta el último inciso del propio art. 13, que destaca la imposibilidad de recurso, y el complemento de indemnización no recogido en el auto deberá interesarlo a través del procedimiento declarativo correspondiente.

El Auto de cuantía máxima, como indica su propio nombre, es una resolución judicial que se caracteriza porque el juez penal no se pronuncia valorando responsabilidades, sino que se limita a la fijación de la cantidad máxima susceptible de ser reclamada al amparo de la cobertura del seguro obligatorio derivada del uso y circulación de vehículos de motor; el órgano jurisdiccional penal nada juzga ni decide sobre los elementos de los que depende el derecho a la prestación indemnizatoria, ni sobre su titularidad activa, ni sobre la responsabilidad del demandado civil, ni sobre la existencia de la obligación del asegurador, no produciendo la resolución que dicta efectos de cosa juzgada material.

Ello explica que el legislador haya establecido una serie de especialidades dentro del proceso de ejecución del auto de cuantía máxima: así, las causas de oposición que se establecen respecto a una sentencia o una resolución judicial de condena difieren sustancialmente de las que se señalan en relación a los autos de cuantía máxima, pues en tanto que para los primeros sólo se admiten como causas de oposición a la ejecución, el pago o cumplimiento, además de los pactos y transacciones que consten en escritura pública, cuando regula las causas de oposición a la ejecución de los títulos indicados, establece los siguientes:

a) culpa exclusiva de la víctima,

b) fuerza mayor y,

c) concurrencia de culpas. Además, el art. 556 LEC (EDL 2000/77463) se remite a las causas de oposición que el art. 557 establece para los títulos no judiciales, entre las que se encuentra la prescripción, e indica expresamente, que tales causas de oposición podrán ser asimismo alegadas cuando se haya despachado la ejecución en virtud de un auto de cuantía máxima.

Como se expone en la pregunta, una de las novedades más relevantes de la Ley 21/2007, de 11 de julio (EDL 2007/58350), consiste en que se erige la oferta o respuesta motivada como el criterio fundamental a la hora de la determinación del contenido del auto de cuantía máxima dejando en un plano secundario al dictamen del médico forense que, hasta ahora, tenía un papel protagonista. Esta novedad -destaca la doctrina- supone un cambio de mentalidad o forma habitual de trabajar: hasta ahora, si en el proceso penal no constaba el parte de sanidad emitido por el médico forense, por el juzgador se estimaba que no existían elementos probatorios suficientes para señalar la cuantía de la indemnización y se retrasaba la emisión hasta que se emitía dicho parte por el médico forense.

La cantidad fijada por el juzgador en el auto de cuantía máxima, según se ha expuesto, nunca podrá exceder del importe máximo fijado para el seguro obligatorio en cada momento (art. 12 del RD 7/2001, de 12 de enero y art. 4.2 LRCSCVM, EDL 2004/152063). Otros conceptos a incluir en el auto de cuantía máxima, como dispone el número 6 del apartado primero del anexo de la LRVM, son los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria en la cuantía necesaria hasta la sanación o consolidación de secuelas, siempre que el gasto esté debidamente justificado atendiendo a la naturaleza de la asistencia prestada, y en las indemnizaciones por fallecimiento se satisfarán los gastos de entierro y funeral según los usos y costumbres del lugar donde se preste el servicio, en la cuantía que se justifique.       

De lo expuesto, entendemos que se puede deducir lo siguiente:

- Una novedad que se introduce en la regulación de este título ejecutivo que el legislador hace en el art. 13 del RDLeg. 8/2004, de 29 de octubre, proclama ahora de manera expresa la cuantificación de habrá de efectuarse por el juez de Instrucción con arreglo al sistema de valoración del Anexo de esta Ley. Pero obliga también a que el Auto se dicte a la vista del contenido de la oferta motivada o de la respuesta motivada del asegurador o del CCS obrante en autos. De no constar tal documento en las actuaciones, y en todo caso, antes de dictarse el auto, el Juez convocará a los perjudicados y posibles responsables y sus aseguradores, incluido, en su caso, el CCS, a una comparecencia en el plazo de cinco días, a fin de que pueda adoptarse la oferta o la respuesta motivada, o hacerse las alegaciones que consideren convenientes.

- Que la cantidad que el juzgado debe fijar en el Auto tiene como límite superior el máximo que puede ser reclamado al amparo de la cobertura del seguro obligatorio, y ello teniendo en cuenta el máximo reclamable conforme al baremo y teniendo en cuenta lo actuado hasta ese momento y muy especialmente la respuesta motivada de la aseguradora o del CCS obrante en autos, en el caso de haberla, así como del informe médico forense.

- Entendemos que el título ejecutivo estará viciado de nulidad cuando en su emisión o en su contenido no se hayan respetado los requisitos legales de los artículos que regulan su elaboración, además de ser oponible de contrario.

- Fijada la cantidad máxima en el Auto, la parte perjudicada podrá instar la ejecución incluso reduciéndola; entendemos que no hay problema en ello, puesto que puede considerarse manifestación de la capacidad de disposición de la parte ejecutante.

- Por tanto, en base a dicha capacidad de disposición, no podría postularse mayor cantidad de la interesada por la parte perjudicada en la posterior ejecución.

Cuando el art. 13 RD 8/2004 (EDL 2004/152063) habla de “cantidad líquida máxima” lo hace de forma imprecisa, pues en realidad no está hablando de una cantidad “líquida”, sino “máxima”, ya que la liquidación o determinación de la cantidad en que ha de indemnizar la entidad aseguradora o el CCS ha de hacerse en el correspondiente proceso de ejecución.

En virtud de la expresión “cantidad líquida máxima que puede reclamarse”, el juez penal podría consignar válidamente en el auto una cuantía que se podría corresponderse con los límites cuantitativos de cobertura del seguro obligatorio vigentes en el momento del accidente. No obstante ello, lo cierto es que el propio art. 13 encomienda al juez que ha de dictar el auto la tarea de determinar la cuantía a la que pueden tener derecho los perjudicados, por así deducirse de la expresión “daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado amparados por dicho seguro de suscripción obligatoria”, lo que indica la necesidad de la fijación de tales daños que deben estar previstos para el seguro obligatorio, y la frase “según valoración que corresponda con arreglo al sistema de valoración anexo de esta Ley”, lo que remite al juez de lo penal a la determinación de las cantidades indemnizatorias conforme a lo que establece el sistema de valoración previsto por la propia LRCSCVM.

En consecuencia, sobre el juez penal recae un deber de llevar a cabo las actuaciones necesarias para obtener, al menos, una cuantía indemnizatoria aproximada, atendiendo a la naturaleza y alcance de los daños sufridos, ateniéndose, para el caso de los daños a las personas, a los criterios y valoraciones establecidos por el sistema de valoración del Anexo de la LRCSCVM, y teniendo en consideración los conceptos y las valoraciones contenidas en la oferta o respuesta motivada de las aseguradoras o CCS y, en su caso, en las alegaciones efectuadas por las partes, también del perjudicado, en una comparecencia prevista por la ley para el caso de no constar oferta o respuesta motivada.

Si las aseguradoras o el CCS discrepan de la cuantía señalada en el auto previsto en el art. 13 RD 8/2004 lo que habitualmente tendrá lugar por considerar excesiva su cuantía, al no ser recurrible el citado auto, deberán acudir al proceso de ejecución en el que, aunque no constituya propiamente un supuesto de pluspetición, dicha denuncia se ha venido incardinando en este motivo de oposición (arts. 557.1.3º y 558 LEC, EDL 2000/77463), ya que en definitiva supone que se ha despachado ejecución por cantidad superior a la que posteriormente se ha fijado como realmente debida, por ello, con fundamento en este motivo se suelen llevar al proceso de ejecución las dudas, discrepancias y diferentes interpretaciones que han surgido sobre los diversos conceptos y cuantías indemnizatorias recogidas en el “Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación” (aplicación vinculante del baremo, baremo aplicable, aplicación de factor corrección por perjuicio económico, intereses moratorios, etc).

Por su parte, si el perjudicado considera que la suma fijada por el juez penal en el auto de cuantía máxima es reducida, una vez desestimada una eventual aclaración de la resolución dictada y no caber recurso alguno contra la misma (art. 13 último párrafo RD 8/2004), deberá acudir al procedimiento declarativo correspondiente para el reconocimiento de una indemnización por daños y perjuicios sufridos superior acorde con lo que estime adecuado, pero sin poder acudir a la vía ejecutiva (proceso de ejecución) sino por la cantidad consignada en el referido auto.

 

El art. 13 del RDLeg. 8/2004 (EDL 2004/152063) contiene parte de la respuesta a las cuestiones que se solicitan. En efecto, el propio precepto ordena al juez determinar en la resolución judicial la cuantía máxima según la valoración que corresponda con arreglo al sistema de valoración del anexo de esta Ley, de donde se deduce que es el juez quien debe introducir las estimaciones y evaluaciones oportunas a la hora de fijar la cuantía en el auto, no debiendo acudir de manera automatizada al máximo del baremo que en cada caso corresponda.

Así se desprende además del hecho de que también la norma establezca algunos de los criterios a los que debe atender el juez, imperativamente, señala la norma, el de la oferta motivada. Señala en concreto el art. 13 que el auto se dictará a la vista de la oferta motivada o de la respuesta motivada del asegurador o del CCS, ya que si en las actuaciones no consta oferta motivada o respuesta motivada según las prescripciones de esta Ley, el juez convocará a los perjudicados y posibles responsables y sus aseguradores, incluido, en su caso, el CCS, a una comparecencia en el plazo de cinco días, a fin de que pueda aportarse la oferta o la respuesta motivada, o hacerse las alegaciones que consideren convenientes.

Podemos, por tanto, afirmar que el auto contiene una decisión judicial valorativa en todos sus extremos, también en el cuantitativo. Por tanto, si hay daño estético, deberá el juez calificarlo y puntuarlo. Esta cuantía no es discutible. Contra el auto de cuantía máxima no cabe recurso -art. 13 in fine- y, por tanto, en caso de desacuerdo, a la parte lo único que le resta es acudir el proceso civil ordinario que corresponda.

En efecto, el auto de cuantía máxima constituye un título ejecutivo reconocido como tal en el art. 517.2,8º LEC (EDL 2000/77463) y en consecuencia tiene la parte beneficiaria del mismo la opción de promover juicio ejecutivo en base al mismo, en cuyo caso, en absoluto puede cuestionar su contenido en tanto parte ejecutante. La disconformidad le obligará a acudir el juicio declarativo ordinario que corresponda a fin de debatir en él sus pretensiones al margen de la decisión judicial constitutiva del título ejecutivo. La posición en este caso varía notoriamente ya que la exigirá en primer lugar, probar los presupuestos objetivos y subjetivos de la responsabilidad exigida y, después, los presupuestos cuantitativos y cualitativos de su reclamación económica.

En conclusión, el auto del art. 13 constituye título ejecutivo y como tal, inamovible. Por tanto, en caso de discrepancia con el contenido del título dictado en el proceso penal con ocasión de la declaración de rebeldía del acusado, de haberse dictado sentencia absolutoria u otra resolución que ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad al proceso, si el perjudicado no hubiera renunciado a la acción civil ni la hubiera reservado para ejercitarla separadamente, le restará, si la acción no ha prescrito, el ejercicio de una acción civil de responsabilidad obviando el contenido del título dictado.

 

El texto art. 13 RDLeg. 8/2004, de 29 de octubre (EDL 2004/152063), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor que regula el denominado auto de cuantía máxima, plantea notable problemas interpretativos largamente denunciados por la doctrina. El precepto establece que el juez penal, concurriendo los presupuestos legalmente establecidos, dictará auto en el que se determinará la cantidad máxima exigible por cada perjudicado con cargo al seguro de suscripción obligatoria, atendiendo al baremo previsto en dicha norma.

Esta regulación es tributaria de la anterior normativa reguladora del seguro obligatorio que establecía cuantías indemnizatorias de muy escasa entidad que, con carácter general, debían complementarse con cargo al seguro voluntario ordinariamente contratado. En el ámbito de las secuelas se establecía un importe global que no atendía a menoscabos físicos concretos.

Con estos antecedentes resultaba lógica la regulación del auto de cuantía máxima.

Con el actual sistema el juez penal va a contar con datos suficientes para calcular la indemnización exacta que corresponde al perjudicado que, además, va a ser objeto de cobertura en su integridad por el seguro obligatorio. Por ello, estimo, que al fijar el auto de cuantía máxima deberá atenderse a la estricta aplicación del baremo.

Ello no planteará problemas con relación a los días de curación, pero sí en lo relativo a la indemnización de secuelas, en que el Juez deberá determinar los puntos dentro de un abanico que, en muchas ocasiones, permitirá un valor superior o inferior. Esta es la posición que se ha generalizado en la práctica de los órganos judiciales.

Ahora bien, contestando a las otras preguntas que se me plantean, no veo inconveniente en que el ejecutado discuta las cantidades determinadas. Cuando se aprecie una evidente discrepancia entre el estado del perjudicado y la puntuación otorgada podrá oponerse alegando pluspetición. Esta postura aparece avalada por el tenor literal del art. 556.3 LEC (EDL 2000/77463). Dicho precepto contempla como causas específicas de oposición con relación a este título: primera, culpa exclusiva de la víctima; segunda, fuerza mayor extraña a la conducción o funcionamiento del vehículo; y tercera, concurrencia de culpas, pero admite las causas recogidas en el artículo siguiente, entre las que se encuentra la pluspetición (art. 557.1.3ª). Esta oposición podrá extenderse tanto a las secuelas realmente sufridas como a su valoración, a los valores del baremo temporalmente aplicables o incluso a la procedencia de los intereses moratorios.

De no admitir esta posibilidad considero que el ejecutado quedaría materialmente indefenso frente a un auto defectuoso que no hubiera concretado en debida forma el perjuicio o la indemnización resultante. En este sentido considero interesantes los argumentos del Auto de la Sección Primera de la AP de Barcelona de 6 de junio de 2005 (EDJ 2005/104135): “Por lo que se refiere a la valoración de las lesiones y secuelas sufridas por el ejecutante conviene recordar que el auto dictado por el juez penal establece la cuantía máxima que puede reclamar el perjudicado, pero la aseguradora puede oponer en el ulterior proceso de ejecución la excepción de pluspetición si considera que tal valoración no es correcta, y así es de observar que el art. 556.3 de la LEC establece que cuando la ejecución se haya despachado en virtud del auto a que se refiere el número 8 del apartado 2 del art. 517, la oposición del ejecutado podrá fundarse en cualquiera de las causas previstas en el artículo siguiente, y, además, en las de culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo y concurrencia de culpas; resultando, por tanto, aplicable el art. 557 que permite la oposición a la ejecución, entre otras causas, por pluspetición, a la que también se refiere el art. 558 LEC.”

Por el contrario, el ejecutante no podrá reclamar mayor cantidad que la recogida en el título judicial, al tratarse del máximo exigible en el procedimiento de ejecución.

Si la cantidad establecida no da satisfacción a sus expectativas deberá acudir al procedimiento declarativo. Esta es la posición generalizada de las Audiencias Provinciales, que se refleja en la sentencia de la AP Barcelona de 28 de julio de 2004 (EDJ 2004/159146).

El auto de cuantía máxima –nótese que incluso se le denomina así, “de cuantía máxima”-, es el que el juez deberá dictar para determinar “la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripción obligatoria y según la valoración que corresponda con arreglo al sistema de valoración del Anexo” (art. 13.1 RDLeg. 8/2004, de 29 de octubre, EDL 2004/152063). En principio y en consecuencia, el primer límite legal se fija por partida doble en el propio art. 13 RDLeg.: sólo se puede calcular sobre la base de los daños y perjuicios que cada perjudicado presente debiendo estar amparados por la normativa que regula el seguro obligatorio, y su valoración se hará conforme al sistema que se fija en el Anexo.

Eso sí, se determinará la máxima, pero el obligado a su pago y su beneficiario, podrán rebajarla o reducirla en sus acuerdos de cara a evitar acudir a una reclamación posterior en la jurisdicción civil. Además, el Anexo del RDL determina qué se entiende por perjudicado (punto 4), qué contingencias dan lugar a indemnización (puntos 5 y 6), y sobre todo, fija la base del cálculo subjetivo de la cuantía indemnizatoria tanto para los daños morales como para los psicofísicos, procurando la reparación integral de todos los daños y perjuicios causados (punto 7) con la apreciación de la concurrencia de los elementos correctores al alza o a la baja que se determinan en las tablas.

Parece, por tanto, que al acudir al juez entre tanta indeterminación para que concrete y fije la concreta cuantía indemnizable, la norma aspirase a la consecución de la reparación integral. Sin embargo esto no es así.

En efecto, cuantitativamente, la reparación integral cede en los casos en que la valoración global del siniestro alcance los límites cuantitativos (de 70 millones en los daños a las personas y de 15 en los bienes) a que se refiere el art. 4.2 del RDL, con sus correspondientes actualizaciones en función del IPC europeo, de modo que: “si la cuantía de las indemnizaciones resultase superior al importe de la cobertura del seguro obligatorio, se satisfará con cargo a este, dicho importe máximo, y el resto hasta el montante total de la indemnización quedará a cargo del seguro voluntario o del responsable del siniestro según proceda”.

Cualitativamente, las tablas permiten en algunos extremos bascular u oscilar entre unas y otras cuantías, que no siempre deben obligar a optar por la mayor, ya que la existencia previa en la causa de informes forenses diversos (más o menos abiertos) podrán seguir posibilitando que cada concreto Juez no alcance a señalar la misma cuantía máxima indemnizable, aun tratándose del mismo siniestro con el mismo Anexo valorativo.

Finalmente, al encontrarnos en el terreno de la responsabilidad civil, la parte peticionante determina en función del principio rogatorio, los límites máximos que entiende reclamables y que el Juez no puede superar, so riesgo de parcialidad prohibida. Por ello, respondiendo a las cuestiones que se plantean:

- La cuantía justa que el juez debe señalar en el Auto es la máxima posible conforme a los daños y perjuicios que consten en el informe de sanidad y otros documentos que los describan, vinculados a lo ocurrido en el siniestro, y valorados conforme a las tablas del Anexo.

- Conforme a lo anterior, el juez debe acudir al máximo indemnizatorio, pero efectivamente este podrá ser reducido por las partes de cara a llegar a un arreglo extrajudicial, y caso de que no, el obligado al pago podrá oponer el exceso en la suma fijada respecto de lo realmente indemnizable.

- Hay quien entiende que el Auto debe dictarse obligatoriamente sin requerir previos escritos del beneficiario para que se fije (por inferirse así del nada dudoso término imperativo recogido en el art. 13 RDLeg. cuando dice “el juez dictará” y no “podrá dictar”), pero aunque haya preexistido oferta o respuesta motivada, que garantiza la audiencia de quien puede ser obligado a pagar, el propio principio dispositivo que exige la rogación de parte, obliga también a conocer la concreta petición indemnizatoria del reclamante, y cuando esta conste, el juez, ni podrá indemnizar categorías preteridas, ni podrá superar las cantidades pedidas por aquel.

- Jamás, el sistema de seguro obligatorio, con haber impuesto paulatinamente cuantías cada vez más amplias hasta el punto de sustituir en parte a los seguros voluntarios, no tiene vocación de exhaustividad, y el juez no puede ir más allá de la voluntad de la norma ni de la petición de la parte interesada.

El Derecho Grupo Francis Lefebvre no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

feedburner

Suscríbase a nuestros contenidos

Entrevista

"Trabajaremos por un colegio participativo y abierto a toda la abogacía"

"Dar oportunidades a los jóvenes, expresar nuestra opinión sin ambigüedades y acercar la institución a los colegiados en un contexto de transparencia, modernización y austeridad" son los deberes marcados en la agenda del representante de la Abogacía de Barcelona, Oriol Rusca Nadal. Sobre el presente y futuro del ICAB, la profesión y de la actualidad legislativa nos habla el decano en esta extensa entrevista.

Atención al cliente: De lunes a viernes de 9 a 20 horas ininterrumpidamente. Tel 902 44 33 55 Fax. 915 78 16 17