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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Los procuradores y el reto de modernizar nuestra Administración de Justicia

Por Antonio Mª Alvarez-Buylla Ballesteros

Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid

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La modernización de la Justicia se ha convertido en un reto y una obsesión para todos los que de una forma u otra participamos en su complejo proceso. Es difícilmente justificable que un servicio tan básico y esencial para el Estado de Derecho se encuentre, en muchos aspectos, anclado en un anacronismo decimonónico y enormemente desfasado de las aspiraciones y necesidades de la sociedad actual y de sus ciudadanos.

Los procuradores somos conscientes y sabemos que si la fe mueve montañas, la voluntad firme de los responsables políticos, jurisdiccionales y profesionales, en este terreno, es la única herramienta que permitirá construir el camino correcto para llevar nuestra Justica al puerto de la eficacia, la diligencia y la discreción que necesita y que los ciudadanos demandan.

Más aún, con la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, que tan excelentes resultados están dando en otros servicios públicos, la Justicia avanzaría de manera firme y rápida hacia esa necesaria modernización. De esa necesidad sabemos mucho los procuradores que, a través de nuestro Colegio, movemos anualmente más de cincuenta millones de actos de comunicación, con más de ocho millones de notificaciones, sólo en Madrid, lo que implica un trabajo abrumador, alto coste en papel y tiempo desmesurado para nuestro Colegio y también para la Oficina Judicial.

Desde esta perspectiva, hablar de modernización de la Justicia es algo que resulta tan obvio y urgente como compartido por todos los operadores jurídicos, no sólo porque es la única fórmula de atajar una parte muy importante de las actuales deficiencias en la Administración de Justicia, sino porque se ha convertido en un sentimiento común y empeño compartido para alcanzar el modelo de justicia que todos reclamamos y necesitamos, reivindicando algo que ya forma parte de nuestra vida cotidiana en todos los ámbitos, como son las aplicaciones informáticas, que urge sean implantadas en todo el complejo proceso de gestión de la acción judicial.

No se trata de jactancia, sino de algo justo, el hablar de que, en cierta medida, los procuradores hemos sido pioneros en las aplicaciones informáticas del procedimiento, sobre todo, y como es lógico, en el terreno que nos compete, como es el de los actos de comunicación, a través de los Servicios de Notificaciones de sus Colegios (notificaciones judiciales, traslado de escritos y documentos entre procuradores, etc).

Fue a principios de la década de los noventa, cuando el Colegio de Procuradores de Madrid, presentó en el SIMO una propuesta de comunicación, vía telemática, entre el Salón de Notificaciones y el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Se trataba de un plan piloto que ha ido evolucionado a lo largo de este tiempo en múltiples modalidades y aplicándose con desigual éxito en diferentes órganos jurisdiccionales, hasta lograr un cierto proceso de culminación práctica en la aplicación de lexnet en el macrojuicio del 11M, cuyos excelentes resultados están a la vista de todos y en el que, sin duda alguna, jugaron un papel decisivo los magistrados implicados en dicho proceso, así como los responsables jurisdiccionales de la Audiencia Nacional y el Ministerio de Justicia.

En el caso particular de Madrid, la generalización de la aplicación de lexnet en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, están dando unos excelentes resultados, amén de alguna que otra deficiencia lógica, al tratarse de algo tan novedoso e innovador. Tenemos que reconocer, sin embargo, que en el caso de la implantación generalizada de lexnet, que estaba pensada para un sistema de funcionamiento territorial, habrá problemas, como consecuencia de la supresión de la territorialidad impuesta por la recientemente aprobada Ley Omnibus. Los procuradores estamos seguros de superar esa contrariedad con esfuerzo y colaborando con el Ministerio de Justicia, mediante la progresiva implantación de un sistema de código nacional para todos y cada uno de los procuradores, con independencia del Colegio al que pertenezcan.

Sin embargo, la informatización de la Justicia se está encontrando con una problemática muy seria, al confrontarse una incomprensible variedad de programas informáticos aplicados, por un lado por el Ministerio de Justicia, y por otro, por cada una de las diferentes Comunidades Autónomas con competencias en esta materia. Ante eso, urge una solución inmediata en la perspectiva de una Administración de Justicia integral e integrada en el futuro modelo de un único expediente electrónico, en lo que nos consta ya se está trabajando, habiendo llegado a un principio de acuerdo entre el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas.

En todo caso, tenemos que reconocer que cuando hablamos de informatización del sistema judicial estamos refiriéndonos a algo que resulta inevitable y que de manera urgente debe implantarse en todo el sistema judicial, reconociendo, sin embargo, que ya en la actualidad existen algunas Comunidades bastante avanzadas en la implantación de un único expediente electrónico y otras que están trabajando con mucho empeño e ilusión por hacerlo, Plan que ya se encuentra en proceso de desarrollo e implantación en la Audiencia Nacional.

En lo que nos afecta, y al hablar de comunicaciones judiciales, es evidente, que se trata de un complejo proceso de colaboración entre el Ministerio de Justicia, los Juzgados y Tribunales y los Colegios de Procuradores, para lo que ya estamos preparados y en perfecta sintonía, considerando, además que es el momento ideal tras la reforma procesal y con motivo de la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

Sobre su viabilidad, sin embargo, no queremos pecar de pesimistas, pues el pesimismo es mal compañero de viaje para el esfuerzo, la ilusión y la colaboración que nosotros estimamos en grado máximo en el caso de la judicatura, así como para la eficacia en todos aquellos proyectos que vayan encaminados a conseguir una justicia ágil, segura y económicamente rentable para la sociedad, cuestión que adquiere particular valor en momentos de crisis, como los actuales.

Más aún, desde la potenciación de funciones de la que hemos sido objeto en las últimas reformas, sobre todo a efectos de actos de comunicación y ejecución, los procuradores nos estamos esforzando de manera especial en conseguir que nuestra actuación resulte modélica y, en ningún caso, defraude la confianza que los poderes públicos están depositando en nosotros. Será la justicia la que, en definitiva, se vea beneficiada de estas innovaciones y lo será más cuando se vaya avanzando en la informatización del procedimiento, lo que nosotros podemos garantizar siempre que se trate de las comunicaciones judiciales por vía telemática y presentación y traslado de escritos.

Ya en otro orden de innovaciones, los procuradores tenemos que destacar que legalmente se nos haya hecho colaboradores, sirviéndose para ello de los Colegios, de algo tan importante como es el tema de la Realización de Bienes o Subastas Judiciales, así como la de ejercer de Depositario de Bienes, aspectos ambos, que están siendo de ayuda y mejorando la acción judicial en este terreno, al poder contar con nosotros en calidad de instituciones especializadas y perfectas conocedoras del procedimiento, tareas que están siendo eficazmente ejercidas por los citados Colegios, y en particular por el Colegio de Madrid.

Junto a todo lo anterior y amén de esperar que la crisis económica no golpee con demasiada crudeza, nuestras expectativas e ilusiones para avanzar de manera firme y rápida en el proceso de modernización de la justicia, los procuradores queremos agradecer a la judicatura el apoyo incondicional que ofrecen a nuestras propuestas e iniciativas, sobre todo las relacionadas con las aplicaciones informáticas al procedimiento y ofrecernos para ejercer de manera óptima nuestra condición de colaboradores destacados de la Administración de Justicia, con el espíritu abnegado y eficaz que exige nuestra condición de gestores del procedimiento y representantes de los derechos procesales del ciudadano que decide litigar.

Recordando a Melquiades Alvarez, ilustre Político y Jurista, del que tengo el orgullo de ser bisnieto, podemos decir que: "Para saber si una Nación es libre, fijémonos en su Justicia", por lo que todo lo que sea invertir en ella, es invertir en paz, orden y progreso.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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