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ADMINISTRATIVO

Una medida innovadora para el contencioso administrativo

Por Inmaculada Montalbán Huertas. José Daniel Sanz Heredero

Magistrada, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, delegada para la jurisdicción contencioso administrativa.Magistrado, Letrado del Consejo General del Poder Judicial

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Vivimos un tiempo esperanzador para la justicia. En el momento actual aparecen las condiciones necesarias para cambiar un modelo arcaico de funcionamiento de la Administración de Justicia por otro actual y al nivel de otras organizaciones modernas y eficientes. Hay razones para esta afirmación.

El 12 de noviembre de 2008 el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, aprobó el Plan de Modernización de la Justicia. El objetivo era y es impulsar un cambio en la organización y gestión que permita optimizar el rendimiento de la Administración de Justicia. Apenas un año después, se ha aprobado la Ley 13/09 de Reforma de la Legislación Procesal, así como la Ley Orgánica 1/09 complementaria de aquella, con el objetivo de hacer efectiva la implantación de la nueva Oficina Judicial.

Importantes novedades se han puesto en marcha, como la supresión del ascenso forzoso en la carrera judicial y la nueva oficia judicial - con la Unidad Procesal de Apoyo Directo vinculada directamente al titular del órgano judicial - y los Servicios Comunes Procesales, bajo la dirección de los secretarios judiciales, que asumirá labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales.

Paralelamente el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión de 29 de enero de 2009, acordó la constitución de la Vocalía Delegada para las relaciones con el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Entre otros objetivos se señaló el detectar deficiencias o anomalías estructurales que padecen algunas Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia - dada la carga competencial que padecen - y proponer, en consecuencia, las medidas organizativas que se estimen oportunas para corregir aquéllas.

Se celebraron diversas reuniones con los Presidentes de las Salas para estudiar la situación, a la vista de los datos estadísticos y de la experiencia de los propios Presidentes y valorar la posibilidad de implantar otras medidas de actuación, complementarias a las de refuerzo que se aprueban por el Consejo dentro de los Planes de Urgencia.

Una de las conclusiones de dichas reuniones fue, tras confirmar que en algunos casos han resultado insuficientes las medidas de refuerzo adoptadas por el Consejo para reducir la pendencia, la necesidad de adoptar alguna medida alternativa que provoque un mayor impacto en las Salas, como podría ser la creación de grupos de apoyo multidisciplinares, compuestos por personal universitario, con participación de secretarios judiciales y funcionarios de la Administración de Justicia, coordinados desde las Presidencias de Sala.

Estos grupos de apoyo, especializados por materias y compuestos por profesores universitarios, documentalistas e informáticos llevarían a cabo, en primer lugar, labores de documentación, ordenación y catalogación de los procedimientos pendientes. Posteriormente, se les encomendaría la posterior emisión de dictámenes o propuestas de resoluciones finales, que podrían ser aprobadas por los ponentes de los asuntos y deliberadas en la Sección.

Como antecedente de los Grupos de Apoyo puede considerarse el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, que también se encarga de labores de documentación y catalogación de procedimientos así como de elaboración de propuestas de resolución. En este caso la novedad es que Grupo se compone de personal experto universitario, lo que promueve la colaboración con una institución tan relevante como la Universidad, permitiendo la transferencia de conocimientos y el enriquecimiento mutuo.

El Consejo, ante la situación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, acometió un ambicioso proyecto en coordinación con la Junta de Andalucía y el Ministerio de Justicia.

Por un lado, suscribió un Convenio de Colaboración con la Junta de Andalucía, para constituir en cada una de las tres Salas de lo Contencioso-administrativo (Granada, Málaga y Sevilla) un Grupo de Apoyo, compuesto por personal universitario, encargado de las tareas antes descritas. Posteriormente, la Junta de Andalucía suscribió el oportuno Convenio con las Universidades Públicas de Granada, Málaga y Sevilla. Los Grupos de Apoyo se constituyeron en el pasado mes de diciembre de 2009 y el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha nombrado a un Magistrado titular de la Sala de Granada como Coordinador de los Grupos de Apoyo.

Por otro lado, se ha trabajado con el Ministerio de Justicia en la definición y aprobación de un nuevo Plan de Actuación por Objetivos para la Sala de lo Contencioso-administrativo de Málaga, adaptando los objetivos exigidos al resultado de los Grupos de Apoyo. Dicho Plan fue aprobado en el mes de diciembre para su entrada en vigor el 1 de enero de 2010 y consiste en un refuerzo de diez magistrados: nueve de la propia Sala más un magistrado de un juzgado de Córdoba, en comisión de servicio sin relevación de funciones.

Los pasados 21 y 22 de enero se ha celebrado, en el marco del Plan Territorial de Formación en Andalucía, un encuentro de la jurisdicción contencioso-administrativa en la que, entre otras cuestiones, se intercambió información sobre la marcha de los trabajos desarrollados por los equipos técnicos jurídicos, también llamados Grupos de Investigación porque se financian con cargo a la partida presupuestaria de Innovación y Desarrollo de la Junta de Andalucía. Entre otras actividades especialmente valoradas y dado que el espacio para esta reflexión no permite más extensión, destacó la labor de modelización del material de trabajo respecto a materias y tipos de litigios cuya recurrencia en la actividad resolutiva de los órganos de la Jurisdicción ha sido contrastada.

Todas las medidas de apoyo y refuerzo descritas anteriormente tienen como objetivo reducir la pendencia de los órganos judiciales. Pero la simple adopción de la medida no garantiza su éxito. Este esfuerzo de las Administraciones exige la implicación de los titulares de los Órganos judiciales, en los que se confía y se valora su profesionalidad. Sin delegar las funciones jurisdiccionales que les son propias, y tomando como ejemplo la operativa del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y el resultado de su trabajo a la hora de descongestionar la Sala Tercera, los Jueces y Magistrados deben adoptar una nueva mentalidad a la hora de afrontar su labor al frente del órgano judicial, consistente en encomendar ciertas labores de documentación y clasificación a los Grupos de Apoyo, lo que les permitirá centrarse en materias de mayor dificultad jurídica, y compartir con ellos los criterios que adopten para la resolución de problemas que puedan surgir en los procedimientos. De esta forma, los Grupos de Apoyo manejarán los criterios correctos en su tarea de identificación de asuntos, lo que redundará en beneficio de Jueces y Magistrados, consiguiéndose que el sistema judicial pueda hacer frente a un mayor número de asuntos, reduciendo progresivamente la pendencia. Estas razones son algunas por las que se inició este texto con la afirmación de que estamos en un tiempo esperanzador para la justicia.



Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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