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El Derecho

La Oficina Judicial: balance positivo del nuevo modelo de la Administración de Justicia en sus primeros meses de vida

Por José de la Mata Amaya

Director General de Modernización de la Administración de Justicia. Ministerio de Justicia.

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En noviembre de 2010, la Oficina Judicial dejó de ser un proyecto sobre el papel para convertirse en realidad en las sedes pioneras: Burgos y Murcia. Un poco más tarde, en febrero de este año, las ciudades de Cáceres y Ciudad Real adoptaron el nuevo modelo judicial. Y desde hace unos días podemos adelantar nuevas fechas en el calendario: el 8 de junio se estrenará en León y el día 22 del mismo mes, también en Cuenca y Mérida. Luego vendrán otras ciudades. De manera progresiva, el Ministerio de Justicia sigue adelante con el despliegue del nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia.

Es momento de hacer balance y sacar las primeras conclusiones. Desde luego es necesario tomar más distancia y dejar que el tiempo ayude a ajustar y asentar los cambios, pero el seguimiento constante y la evaluación de los avances producidos en este corto espacio de tiempo es un ejercicio necesario. Y además nos permite extraer lecciones aprendidas y aplicarlas a los nuevos retos.

Para medir el comportamiento de la Oficina Judicial en estos primeros meses, hemos acudido a los datos que arrojan las aplicaciones que intervienen en la actividad judicial, donde ya son evidentes los signos del cambio emprendido.

Un indicador significativo nos lo proporciona el sistema de notificaciones telemáticas Lexnet. El incremento del volumen de notificaciones y comunicaciones practicadas por vía telemática gracias a Lexnet en los meses posteriores a la implantación de la Oficina Judicial, es un reflejo claro de una mayor actividad procesal en las cuatro ciudades. Por poner un ejemplo, el número de notificaciones electrónicas practicadas en Burgos pasó de las 12.424 en noviembre de 2010, a las 26.544 de marzo de este año. Y la misma tendencia al alza se repite en Murcia, Cáceres y Ciudad Real.

Existen otros indicadores significativos de la actividad judicial, como el número de inscripciones y consultas en el Sistema Integrado de Registro Administrativo de Apoyo a la Actividad Judicial (SIRAJ), con diferencias reseñables en los valores recogidos antes y después del despliegue. Por ejemplo, en el caso de Murcia se practicaron 694 accesos en noviembre, mes del inicio de la actividad de la Oficina Judicial, que fueron ampliamente superados en marzo, donde se alcanzó la cifra de 1.023. La evolución en Cáceres y Ciudad Real también ha sido muy positiva. En la primera sede, se pasó de los 302 accesos de enero a los 647 de marzo. En Ciudad Real, las 647 inscripciones practicadas en marzo ya superan las 481 del mes de enero. También es revelador el indicador de penados, que arroja cifras alcistas en Cáceres – 441 en enero, 890 en marzo -, y en Ciudad Real - 568 en enero y 860 en marzo -. En relación al número de operaciones deudoras de la Cuenta de Consignaciones (mandamientos de pago, transferencias emitidas, traspasos, etc.), se observa una evolución constante con un incremento del 56% en Burgos y del 73% en Murcia.

Otros indicadores reflejan cómo están respondiendo los nuevos Servicios Comunes Procesales de la Oficina Judicial. Estas unidades asumen labores centralizadas de apoyo y gestión a uno o varios órganos judiciales y constituyen una de las principales aportaciones de la Oficina Judicial para agilizar el servicio público de la justicia. En las cuatro sedes judiciales analizadas se aprecia una tendencia favorable en el número de asuntos registrados y repartidos por el Servicio Común General (SCG) desde la fecha del despliegue del nuevo modelo. Como muestra, en Burgos se registraron y repartieron 5.604 asuntos en noviembre, cifra que ya se había triplicado en marzo con 18.948 asuntos registrados y repartidos.

Lo mismo ocurre en relación a la práctica de los actos de comunicación. Desde la entrada en funcionamiento de la Oficina Judicial no ha habido retraso y se practican casi la totalidad de los actos que se reciben y registran. En Burgos, en noviembre se habían registrado 2.245 actos frente a los 2.204 practicados, mientras que en marzo la cifra de actos registrados subió a 10.104 quedando sin practicar apenas un 2,7%.

El Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP), que descarga de trabajo al juez o magistrado en aquellos supuestos establecidos por ley, también está mostrando un comportamiento favorable en las cuatro sedes, si bien, por su componente de novedad, es aquí donde se están dirigiendo gran parte de los esfuerzos de mejora del Ministerio de Justicia, por lo que su efectividad se hará más patente en unos meses. En cuanto al Servicio Común de Ejecución (SCEJ), el tercer servicio de nueva creación, refleja una evolución favorable en el número de ejecutorias terminadas en las cuatro sedes. Así, por ejemplo, tras sólo un mes de la implantación de la Oficina Judicial en Cáceres, de 105 ejecuciones terminadas en febrero, se pasó a 256. En Ciudad Real, y en el mismo periodo, se pasó de 511 a 635.

Con la relación de estos indicadores no solo queremos remarcar los hitos, sino también apuntar cómo y de qué manera es posible mejorar el proceso de cambio a la Oficina Judicial para que, desde el primer día, esta pueda ofrecer el servicio ágil y eficiente para el que ha sido diseñada. De hecho, las disfunciones observadas en el despliegue realizado en Burgos y Murcia no se han repetido en Cáceres y Ciudad Real, y esa suma de experiencias está siendo muy útil para abordar con éxito futuros despliegues. No obstante, no conviene perder de vista que es la primera vez que el Ministerio de Justicia afronta un proceso de esta naturaleza destinado a cambiar la organización judicial tal y como la conocemos hoy. El impacto es inevitable pero necesario para dar el giro de timón que reclamaba la Administración de Justicia española. La evolución de todos estos indicadores y los datos que arrojan han sido detalladamente recogidos en un Informe sobre el Despliegue de las Oficinas Judiciales de Burgos, Murcia, Cáceres y Ciudad Real, que puede ser consultado por cualquier interesado en la página web de Oficina Judicial, http://oficinajudicial.justicia.es.

Hay un aspecto muy importante de este esfuerzo modernizador que no debe pasar desapercibido. La magnitud del proceso de cambio hizo necesaria una estrategia de gestión integral por proyectos, de manera que ningún aspecto escapara de un adecuado control y que todos los ámbitos de actuación estuvieran coordinados entre sí. El proceso de implantación de la Oficina Judicial supone la puesta en marcha de un conjunto de 15 proyectos organizativos y 8 proyectos tecnológicos, desde meses antes de su entrada en funcionamiento en una nueva sede. Proyectos orientados a formar y a ayudar a las personas a ubicarse en sus nuevos puestos, a organizar el espacio para responder a las demandas del nuevo modelo y demás tareas organizativas, tecnológicas y de gestión del cambio que requiere la transición a la Oficina Judicial.

Sirva como mero ejemplo del grado de detalle alcanzado en la planificación el proyecto de preapertura, que tiene como objeto planificar de manera ordenada las actividades que se llevan a cabo justamente en los días en que se produce la entrada en funcionamiento de una nueva Oficina Judicial. Un proyecto para desplegar en apenas una semana. Para este corto espacio de tiempo, se planifican al detalle en una agenda calendarizada todas las actuaciones tecnológicas, organizativas y de otra índole que es necesario realizar en esos días previos y simultáneos al despliegue. O el proyecto de estabilización, orientado a asegurar el funcionamiento de la nueva sede mediante un estrecho seguimiento que permite identificar las incidencias de tipo jurídico, organizativo o tecnológico que puedan dificultar la actividad normal de la sede.

Naturalmente, todo este esfuerzo de planificación y sistematización, retroalimentado con las conclusiones que vamos extrayendo, permite que los nuevos despliegues vayan siendo cada vez más sencillos y ajustados y, lo que es más importante, generan un importante caudal de conocimiento y experticia que está ya puesto a disposición de todo el sector.

Estamos, en definitiva, ante un proceso en marcha, que avanza con firmeza y que está produciendo ya resultados positivos en el funcionamiento del sistema judicial. Un proceso que va a tomar tiempo y que no está exento de dificultades, pero que evidencia, incluso en estos pocos meses de funcionamiento, que es posible transformar la organización judicial y conseguir hacer realidad el cambio en la Administración de Justicia, colocándola a la altura de los servicios públicos más avanzados.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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