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MADRID

Las víctimas de violencia de género podrán solicitar la RMI aunque no lleven un año viviendo en Madrid

Las personas que hayan sufrido violencia familiar y tengan entre 18 y 25 años, podrán ser perceptores.

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Salvador Victoria Salvador Victoria

La Comunidad de Madrid favorecerá la percepción de la Renta Mínima de Inserción (RMI) a las mujeres víctimas de violencia de género y a las víctimas de violencia familiar. El Consejo de Gobierno aprobó el nuevo reglamento para introducir estas mejoras en el reglamento de la RMI de cara a proteger a los más desfavorecidos, según señaló el consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria.

Con el nuevo reglamento, una mujer víctima de violencia de género que resida fuera de la región y tenga que trasladar su residencia a la Comunidad, podrá solicitar la RMI y no se le requerirá la residencia mínima de un año para poder recibir la prestación, según explicó Victoria.

Además, hasta ahora, la RMI sólo podían solicitarla las personas con edades comprendidas entre los 25 y 65 años, aunque con algunas
excepciones como ser menor de 25 o mayor de 65 años y tener a su cargo menores o personas con discapacidad. "Con el nuevo reglamento, las personas que hayan sufrido violencia familiar y tengan entre 18 y 25 años, tendrán la posibilidad de ser reconocidas para recibir la prestación de la RMI", aseguró Victoria.

También se permitirá que los menores tutelados por la Comunidad de Madrid puedan solicitar la prestación antes de cumplir la mayoría de edad, garantizando así tenerla reconocida cuando tengan 18 años, lo que permitirá que dispongan de recursos económicos cuando alcancen la mayoría de edad.

Entre las nuevas medidas, también se protege especialmente a los más vulnerables, como personas que están solas, en situación de exclusión social o personas que sufran algún tipo de adicción o dependencia, siempre que se acredite un proceso de intervención con su trabajador social.

Cien millones de euros

La Comunidad de Madrid ha destinado este año cerca de 100 millones de euros a la Renta Mínima de Inserción (RMI). Esta inversión ha servido para ayudar a más de 22.000 familias madrileñas que están en riesgo de exclusión social. Además, desde la entrada en vigor de la RMI en 2002, el 50% de los perceptores han dejado de recibirla al mejorar su situación laboral, gracias a los proyectos de inserción socio-laboral puestos en marcha por el Gobierno regional.

La Renta Mínima de Inserción se concede a toda persona que se encuentra sin ingresos para satisfacer las necesidades básicas de la vida diaria durante el tiempo que sea necesario y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 15/2001 de RMI de la Comunidad, como: carecer de ingresos económicos, tener un patrimonio inferior a los 22.533 euros en el caso de una persona sola (la vivienda habitual no se
computa), contar con residencia legal en la Comunidad de Madrid y estar empadronado en algún municipio de la región con una antigüedad de 12 meses.

Desde que la Comunidad de Madrid creó este recurso en 2002, han percibido esta prestación más de 44.800 familias.

Protección a las familias que sufran abandono

El nuevo reglamento también quiere proteger a las familias que sufran desprotección por abandono o defunción u otras causas. La titularidad de la prestación podrá traspasarse a la persona que quede como cabeza de familia. Además, estos cambios pretenden facilitar la movilidad de las
familias con los servicios sociales, se simplificarán los trámites administrativos y se flexibilizarán los procedimientos con el fin de agilizar la percepción de la renta por parte de los beneficiarios.

Las nuevas medidas también introducen una novedad importante, como la coordinación con los servicios de empleo para que las personas titulares que puedan trabajar sean derivadas desde los servicios sociales municipales a las oficinas de empleo, donde se realizará un itinerario
individualizado de inserción laboral que permita a las personas disponer de un trabajo.

Centros de atención para víctimas de violencia de género

El Consejo de Gobierno también autorizó un gasto de 652.000 euros para las prórrogas en 2015 de dos contratos para la gestión del Centro de atención a mujeres víctimas de violencia sexual (Cimascam) y un centro para víctimas de violencia de género. El Cimascam, que atendió en 2013 a 756 mujeres, cuenta con servicios de información y orientación, atención psicológica, social y jurídica, asistencia por un letrado, servicios de procuraduría y actuaciones de sensibilización y prevención.

En el caso del centro de víctimas de violencia de género, se trata del centro de atención psicosocial en el que se desarrolla el programa MIRA. Este recurso dispone de atención psicosocial y terapias individuales y grupales tanto para las mujeres como para sus hijos y personas dependientes de ellas. Asimismo, realizan iniciativas de formación y sensibilización. El año pasado, 171 mujeres y 156 menores fueron atendidos a través de este programa. Estos dos centros forman parte de la red de atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid con todo tipo de recursos, servicios e iniciativas para la lucha contra la violencia de género, la prevención y la atención de estas mujeres para que puedan recuperarse y retomar sus vidas en las mejores condiciones posibles.

Centros de día para personas con discapacidad física

En el ámbito de la atención a la discapacidad, el Consejo de Gobierno aprobó 578.500 euros para la continuidad -en el primer semestre de 2015- de dos centros de día para personas con discapacidad física gravemente afectadas. Uno de los centros se especializa en las personas afectadas de parálisis cerebral y el otro recurso está dirigido tanto a usuarios afectados por la parálisis cerebral como a los afectados por otras enfermedades que determinan una situación de dependencia en la que precisan ayuda de una tercera persona para realizar las actividades más básicas de la vida diaria.

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