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TRIBUNAL SUPREMO

La transcripción de soporte digital a papel no se ajusta al ordenamiento jurídico

El Consejo General del Poder Judicial señala que la transcripción de soporte digital a papel de las testificales y periciales no se ajustan al ordenamiento jurídico. Por tanto, será imprescindible que Ministerio de Justicia y CCAA faciliten a los órganos judiciales los medios técnicos que permitan llevan a cabo estas funciones.

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La Comisión Permanente dice que corresponde a los letrados de la Administración de Justicia cuidar de que la grabación sea realizada con los oportunos puntos de control que permitan acceder con facilidad y agilidad a la parte que se precise. El órgano de gobierno de los jueces advierte de que para ello es absolutamente imprescindible que las Administraciones competentes pongan a disposición de los órganos judiciales los medios técnicos necesarios

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un informe relativo a la transcripción desde soporte digital a soporte papel de las grabaciones de las declaraciones testificales y periciales practicadas en la fase de instrucción que concluye que “tales prácticas, en principio, no se ajustarían al ordenamiento jurídico”.

Grabación en soporte digital durante la fase de intrucción

El órgano de gobierno de los jueces se ha pronunciado sobre esta cuestión en vista de los acuerdos de las Salas de Gobierno de varios Tribunales Superiores de Justicia en los que se dispone la transcripción a soporte papel de las informaciones testificales o periciales que se producen grabadas en soporte digital durante la fase de instrucción.

Sin embargo, la Comisión Permanente señala que “el debido cumplimiento de la norma –el artículo 230.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse y exige que los órganos judiciales cuenten con los medios técnicos y humanos necesarios”.

El Consejo entiende que, “con sujeción al principio de legalidad y en ejercicio de sus competencias, corresponde a los letrados de la Administración de Justicia el deber de cuidar que la grabación sea efectuada con los oportunos puntos de control que permitan tanto al juez como al tribunal y a los abogados acceder con facilidad y agilidad al punto y momento que en cada caso precisen de la grabación efectuada para el ejercicio de sus funciones judiciales y profesionales, respectivamente”.

Para esto, añade la Comisión Permanente, “es absolutamente imprescindible que las Administraciones competentes -Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias en la materia- pongan a disposición de los órganos judiciales los medios técnicos que permitan llevar a cabo sin dificultad tales funciones y cometidos, para que la grabación, de una parte, recoja de manera absolutamente fidedigna, íntegra y completa la declaración y, de otra, sea posible con sencillez y rapidez acceder a cualquiera de los contenidos con plenas garantías”.El CGPJ ha informado que se encargará de emitir el informe aprobado a dichas Administraciones.




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