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ESTUDIO

Las prácticas de las Administraciones en la fijación de la edad violan los derechos de los menores

Así lo revela el informe "Sólo Por Estar Solo" elaborado por Fundación Raíces, en colaboración con la Fundación Abogacía Española, que analiza centenares de expedientes de menores.

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Menor,extranjero,inmigrante

Las malas prácticas de las Administraciones españolas en la determinación de la edad de los menores migrantes no acompañados (MENAS) vulneran sus derechos fundamentales, los excluyen del acceso al sistema de protección en igualdad de condiciones al resto de menores en situación de desamparo y les condena a vivir en la calle, con lo que esto supone para su integridad y desarrollo físico, psíquico y emocional, según ha informado el CGAE.

Esta es una de las principales conclusiones que se recogen en Sólo por estar solo. Informe sobre la determinación de la edad en menores migrantes no acompañados, elaborado por la Fundación Raíces en colaboración con la Fundación Abogacía Española, que han presentado el presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer, y la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal.

El informe ha sido realizado a partir de numerosos casos de menores que han tenido contacto con diversas Administraciones públicas desde su llegada a España y a los que la Fundación Raíces ha prestado asistencia legal y social. De los más de 300 jóvenes migrantes atendidos por Raíces en los últimos años, en el informe se detallan las circunstancias concretas de 40 de ellos, cuyas identidades se han preservado para no perjudicarles.

Fundación Raíces desvela en su informe que, a pesar de la condición de gran vulnerabilidad de los menores migrantes no acompañados, las Administraciones españolas han cometido y siguen cometiendo numerosos errores y negligencias, sobre todo en relación con la determinación de su edad, que les han perjudicado gravemente.

El procedimiento de determinación de la edad está previsto en la ley para que ningún migrante menor de edad pueda quedar en situación de desamparo por el hecho de estar indocumentado y tener una apariencia física que no asegure su edad real.

En el caso de los migrantes no acompañados, determinar si son o no menores de edad puede significarles, en iguales circunstancias, estar bajo la tutela y protección del Estado, si se decreta la minoría de edad, o ser internados en un Centro de Internamiento de Extranjeros y expulsados del país, si se establece su mayoría de edad y carecen de permiso de residencia o de trabajo.

En España, según recoge el informe, los MENAS procedentes de Marruecos y el África Subsahariana sufren las malas prácticas de determinación de la edad, tanto a su entrada en España como cuando ya han sido documentados por sus embajadas y consulados. Aunque las autoridades de sus países certifiquen la minoría de edad, quedan en muchas ocasiones abandonados y totalmente indefensos, porque la Fiscalía General del Estado, de manera sistemática, no da validez a esos pasaportes y partidas de nacimiento de ciudadanos de estos países cuando son menores de edad que llegan solos a nuestro territorio.

Es decir, la Fiscalía determina que son mayores y no pueden seguir, por tanto, bajo tutela de la Administración. De esta forma, se encuentran en la calle con pasaportes y partidas de nacimiento que acreditan su minoría de edad, y sin poder ejercer, por tanto, los derechos de los adultos (trabajar, derecho a solicitar permisos de residencia, etc.)

Además, en cualquier procedimiento judicial en el que se vean inmersos, con dichos documentos que los identifica como menores siempre se les reclama la asistencia de su representante legal. Como su tutor legal (entidades de tutela de las Comunidades Autónomas) y la Fiscalía de Protección de Menores resultan ser precisamente los que les han dejado indefensos, los menores se ven obligados a nombrar abogados y procuradores que les defiendan.

Por otra parte, se produce una falta de efectividad de los recursos legales, tal y como están planteados en el sistema normativo.

Dado que está prevista una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería, que puede afectar sustancialmente a los menores migrantes no acompañados, el informe formula una serie de conclusiones y recomendaciones para el legislador y para todas las administraciones implicadas en esta materia.

Conclusiones

- Las pruebas para la determinación de la edad en España se han practicado en muchas ocasiones a jóvenes que portaban documentación válida que acreditaba su minoría de edad, contraviniendo así los términos y el procedimiento establecidos por la ley vigente (artículo 35.1 de Ley Orgánica 4/2000).

- Las Administraciones públicas han priorizado en numerosos casos el resultado - siempre relativo- de las pruebas médicas de determinación de la edad sobre la documentación considerada válida portada por los menores.

- La decisión definitiva sobre la edad del joven, la que viene determinando si es mayor o menor de edad, la establece en España la Fiscalía mediante Decretos, que, según sostienen algunos, no son recurribles de forma directa, con los devastadores efectos sobre los menores que eso conlleva.

- Como consecuencia de las malas prácticas de las Administraciones, a los menores migrantes no acompañados se le excluye del acceso al sistema de protección en igualdad de condiciones que el resto de menores en situación de desamparo (españoles o extranjeros menores de edad documentados), condenándolos a vivir nuevamente en la calle, lo que afecta tanto a nivel emocional y psíquico como a su identidad e integridad física.

Recomendaciones

- Desde un punto de vista legal, siempre deberá primar la condición de menor frente a la de extranjero.

- En relación con la edad de los jóvenes identificados, las Administraciones implicadas deben garantizar sin ambages un respeto escrupuloso de los artículos 35 de la Ley de Extranjería y 190 del Reglamento, por lo que las pruebas de determinación de la edad solo pueden ser realizadas a menores extranjeros indocumentados cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad. Es decir, nunca se deberían realizar pruebas de edad a menores cuyos documentos identificativos acrediten su minoría de edad, excepto cuando esta documentación quede desvirtuada por vía judicial.

- Asimismo deben establecerse mecanismos legales que regulen los recursos a los Decretos Fiscales de determinación de la edad, en un procedimiento con todas las garantías, hoy por hoy inexistentes en nuestra legislación, en aras del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

- En el supuesto de que existan indicios de falsedad en torno a los documentos aportados por el menor, la presunción de veracidad de los mismos deberá ser desmontada siempre mediante prueba en contrario y en sede judicial, no pudiendo servir para ello, obviamente, una prueba médica diagnóstica de determinación de la edad.

- Ante los conflictos de intereses que se vienen produciendo en numerosas ocasiones entre el menor y la administración de tutela, al menor no acompañado debería serle asignado un letrado para que ejerza la defensa de sus derechos e inste, si ello fuese necesario, el nombramiento de un Defensor Judicial.

- Los Colegios de Abogados deben crear un Turno Especial de Letrados formados en materia de menores extranjeros no acompañados, independiente de las Administraciones públicas que intervienen en todo este procedimiento. La asistencia letrada al menor extranjero es un requisito imprescindible para hacer efectivo el derecho del menor a ser oído en el procedimiento de determinación de la edad.

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