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ANDALUCÍA

La regularización de viviendas ilegales no supondrá coste para las administraciones sino para sus inquilinos

La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, ha indicado que las viviendas ilegales o que se hallan fuera de ordenación y que reúnan los requisitos para poder ser regularizadas serán reconocidas en un proceso "que no puede suponer coste para la administración" y ha apuntando que los servicios básicos para dichas viviendas se deberán hacer "en condiciones de autoabastecimiento", de forma que el coste de esos reconocimientos de esas urbanizaciones y de sus servicios básicos serán asumidos por los inquilinos de esas viviendas, según contempla el decreto actualmente en elaboración y que se está ultimando.
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Parlamento de Andalucía Parlamento de Andalucía

En comisión parlamentaria, la consejera ha indicado que la Junta está ultimando el decreto para regularizar los asentamientos existentes en suelo no urbanizable, que actualmente está en fase de elaboración y no se ha iniciado el proceso de tramitación ni el trámite de audiencia, algo que esperan hacer de forma "inmediata". Este decreto "no modifica ninguna ley ni normativa vigente sino que se enmarca en la misma".

La consejera ha apuntado que las edificaciones construidas en suelo no urbanizable son "un fenómeno complejo, con una amplia casuística y con situaciones jurídicas muy diferentes, que no se resuelven en el corto plazo y que requiere de un fuerte compromiso de los ayuntamientos con este modelo", además de "un gran esfuerzo de gestión unido a la voluntad política y mayor entendimiento con los vecinos afectados".

Ha destacado que ese proceso de regularización, donde esas viviendas se incorporarán al planeamiento como suelo urbano o urbanizable y que deberá ser efectuado por los ayuntamientos a través de su planeamiento, "contarán con el apoyo de la Junta y de las diputaciones" y ha advertido de que "no se pueden buscar atajos ni se pueden hacer trampas al solitario".

"Tenemos que dar respuesta a situaciones heredadas, donde pretendemos dar una reposición de la realidad, darle seguridad jurídica y sacar del limbo administrativo en que se encuentran a esas viviendas", ha agregado la consejera, quien ha dejado claro que "no se trata de una ley de punto y final ni de una regularización indiscriminada, sino efectuada dentro del marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en una responsable defensa del interés general y para dar respuesta a ciertas situaciones sobre las viviendas que no son legales pero que se reconocerá su existencia y se tolerará el uso, facilitando los servicios básicos".

En su exposición, la consejera ha explicado las circunstancias de este fenómeno, nacido bajo una serie de condicionantes, como "el bajo coste de implantación, el nacimiento del fenómeno de la segunda residencia y la permisividad social, al no verse como un problema sino como una oportunidad de desarrollo". Ha agregado que por "el volumen alcanzando y su acumulación ha tenido efectos muy negativos en la ordenación del territorio y en las oportunidades de desarrollo social y económico, formando núcleos de primera residencia donde se produce un consumo excesivo y desordenado de recursos, con el consiguiente deterioro".

La consejera ha explicado que el decreto en elaboración tipifica las distintas situaciones de las edificaciones en suelo no urbanizable, en función de su ubicación y características físicas, su adecuación al ordenamiento urbanístico y su situación jurídica de cada una de esas edificaciones.

Tras apostar por "facilitar la incorporación de asentamientos urbanísticos a la legalidad en los casos en que se pueda", Cruz Villalón ha recordado que por un lado hay edificaciones aisladas que se ajustan al planeamiento y a la ley "tengan o no autorización administrativa", que sí podrán ser regularizadas y podrán tener licencia de ocupación si reúnen condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad y podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Por otro lado, ha precisado que hay asentamientos diseminados que no son legales pero sobre los que han prescrito las infracciones urbanísticas, en función de los plazos que marca la ley, y no se podrán demoler. En esos casos también podrán acceder al Registro de la Propiedad.

La consejera ha explicado que las edificaciones que no se puedan legalizar ni tampoco se deben demoler "no pueden quedar en el limbo", por lo que, en función del decreto en elaboración, se acometerá un "reconocimiento" de su situación y se "tolerará" el uso, y ha precisado que en esos casos esas viviendas deberán tener un régimen de "autoabastecimiento" de servicios básicos, ya que "no se puede usar la red de abastecimiento habitual".

Cruz Villalón ha dejado claro que en esos supuestos "el proceso de regularización no puede suponer costes para las administraciones", ha reiterado que el acceso a los servicios básicos "deberá hacer preferentemente en condiciones de autoabastecimiento y evitando impactos paisajísticos y ambientales", de forma que los inquilinos asumirán los costes de urbanización e infraestructuras básicas.

Ha explicado que, merced a ese nuevo decreto, se habilita ese procedimiento mediante la presentación de un expediente para lograr ese reconocimiento y al final del proceso cada edificación dispondrá de un documento "que acreditará su situación y régimen", para así "sacarlas del limbo administrativo y proceder al reconocimiento de su existencia, para lo cual se exigirá una garantía de que esos edificios reúnen unas garantías básicas".

Por otro lado, la consejera ha añadido que hay edificios que no se encuentran en ninguno de esos supuestos y no podrán regularizarse porque la infracción no ha prescrito o por hallarse en territorios con niveles especiales de protección. En esos casos la Administración deberá ejercitar su acción para el restablecimiento de la legalidad.

En esos casos se encontrarán las viviendas "ilegales" en las que no han transcurrido desde su construcción cuatro años, o/y se hallan ubicadas en suelo protegido, donde la Junta actuará en función del régimen que permita dicho suelo; y las que se hallen en áreas de riesgo natural, en concreto zonas inundables. Ha agregado que "tampoco pueden ser reconocidas las que se hallen en procedimientos judiciales".

Por último, aludió al llamado 'habitat rural diseminado, que, según el decreto, "deberá estar identificado en el plan de ordenación municipal, se podrán mejorar mediante obras públicas ordinarias, aunque se mantendrá como suelo no urbanizable".

POSIBLE "FRAUDE DE LEY", SEGÚN EL PP-A

Por su parte la diputada del PP Alicia Martínez duda de que mediante este decreto se puedan regularizar "tal cantidad de viviendas" y considera que "se ha perdido mucho tiempo, desde al año 2008, de forma que se ha generado una situación compleja y contraria al modelo".

A su juicio, "ha habido una disociación absoluta entre lo que la sociedad ha demandado y ha hecho y entre lo que la Junta pretende recabar vía plan y ley", de manera que, a su juicio, "ha fallado algo".

En ese sentido, ha criticado el "caos normativo" durante los últimos años en la normativa andaluza, puesto que "se ha efectuado el desarrollo del planeamiento al revés de lo que había que hacer", con lo cual "se genera una enorme inseguridad jurídica, pues además los planes de los municipios no están desarrollados".

Asimismo, ha advertido de que la Junta "puede incurrir en fraude de ley", ya que "analizando la LOUA dudamos si a través de un decreto se pueda modificar la Ley del Suelo andaluza" toda vez que la LOUA "plantea dos tipos de suelo, urbano y no urbanizable y establece estándares imposibles de cumplir, por lo que habrá viviendas que nunca se podrán incorporar a la legalidad vía planeamiento".

Martínez ha pedido a la Junta que "sea mucho más ambiciosa, después de que el modelo andaluz haya fracasado absolutamente" y ha exigido al Gobierno andaluz que "sea rápida la tramitación del decreto y haya el máximo nivel de rapidez ante esta problemática gravísima".

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