Este tributo municipal, de carácter potestativo, se aplica a las transmisiones de propiedad, especialmente a la compra-venta de bienes inmuebles de naturaleza urbana, donaciones y herencias. A partir de hoy, todas aquellas entidades locales que lo deseen pueden adherirse a este sistema y confiar al registro al que pertenezcan toda la gestión administrativa relativa a esta tasa.
Mª Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores de la Comunidad Valenciana, ha explicado que los registros poseen el personal, los medios técnicos y todos los datos necesarios para poder garantizar una mayor eficacia en la gestión de este tributo. "Los ayuntamientos contarán con un instrumento más de protección para perseguir el fraude, y podrán incrementar sus ingresos, en un momento especialmente delicado para las arcas de muchos municipios. No se trata de un impuesto nuevo, sino de reforzar la labor de los ayuntamientos en este punto para conseguir que pague todo el mundo".
Elena Bastidas, presidenta de la FVMP, ha añadido que se trata de una solución "muy útil para los ayuntamientos por su inmediatez y eficacia" y ha destacado la importancia de un sistema que brinda a las corporaciones locales un mayor control y especialización en la gestión y cobo de sus tributos: "Permite depurar y mejorar los mecanismos jurídicos que los ayuntamientos ya tenemos, a través de la gestión de un tributo tan necesario para la estabilidad presupuestaria de los municipios".
El sistema, que funciona ya en una decena de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, podrá ahora ampliarse al total de poblaciones que lo soliciten. En este sentido, la FVMP comunicará a todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma el acuerdo marco y difundirá el modelo de convenio, explicando las ventajas que representa para los municipios.
Por parte de los registradores, han estado presentes junto a su decana Vicente Carbonell, vocal de Oficinas Liquidadoras de la Junta Nacional del Colegio de Registradores de la Propiedad, Begoña Longás, vocal de Atención a Consumidores y Usuarios, Rosa Navarro, delegada de Oficinas Liquidadoras de Valencia y Carmen Gómez, delegada provincial de Valencia.
