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Catalá apuesta por el diálogo y el consenso para afrontar las próximas reformas de la Justicia

Convocará una mesa sectorial con las comunidades autónomas y otra sindical con los representantes de los trabajadores.

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Rafael Catalá Rafael Catalá

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha apostado por el diálogo y el consenso con sindicatos, comunidades autónomas, grupos parlamentarios y todos los operadores jurídicos para abordar todas las reformas que necesita la Administración de Justicia "para servir a los ciudadanos", según un comunicado del Ministerio de Justicia.

Por eso, ha anunciado la convocatoria de una mesa sindical, una conferencia sectorial con las comunidades autónomas y reuniones con los grupos parlamentarios para que se haga efectiva la voluntad de diálogo a la que apela.

En la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la que ha comparecido a petición propia, el ministro desgranó los principales proyectos a los que hará frente el Ministerio que encabeza en los próximos meses.

Lucha contra la corrupción

Ha asegurado que "es política del Gobierno no escatimar medios en la lucha contra la corrupción" y por ello el Ministerio de Justicia ha atendido el 100% de las solicitudes de refuerzo de órganos jurisdiccionales, con un coste de 10,4 millones de euros. En definitiva, se han aprobado el 100% de las medidas de refuerzo solicitadas por el Consejo General del Poder Judicial en el orden penal y la Audiencia Nacional y por la Fiscalía.

No obstante, ha admitido que "la ciudadanía se siente defraudada ante la existencia de macroprocesos que se alargan años sin que parezca llegar nunca el día de que un juez dicte sentencia y que, cuando ese día termina llegando, puede sentirse tentada de pensar que una justicia tardía es menos justicia". Para evitarlo ha anunciado que se reformará "el procedimiento penal para que la instrucción de los asuntos complejos siga su curso sin necesidad de una concatenación sucesiva de piezas, de manera que los imputados puedan comparecer ante un tribunal en unos plazos razonables".

Delitos de conducción con embriaguez

Otra reforma prevista se producirá en los procedimientos para enjuiciar los delitos de conducción en estado de embriaguez que, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, suponen un 50% de las sentencias condenatorias dictadas en España. Consistirá en que en los supuestos en que la pena se ciña a multas y privación del permiso de conducción se pueda evitar el consiguiente juicio, siempre y cuando el imputado acepte la propuesta de acusación que el fiscal le enviará por correo.

Con ello se aliviará la carga de trabajo de jueces, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios que podrán dedicar sus esfuerzos a la persecución de otros delitos.

Organización judicial

Durante su intervención, el ministro se ha mostrado partidario de mantener la estructura actual del modelo judicial en lo relativo a demarcación y, en concreto, "a los partidos judiciales como elementos que permiten prestar un servicio público de Justicia".

Eso no quiere decir que no se vayan a introducir las mejoras que sean necesarias para que la distribución territorial judicial funcione de un modo más eficaz en cuanto al tiempo de respuesta al ciudadano. Para ello se estudiará cómo racionalizar el reparto de las cargas de trabajo a través de las salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y los jueces decanos en coordinación con el CGPJ.

Carrera judicial y fiscal

Catalá ha hecho hincapié en que el régimen de sustituciones de los jueces también se extenderá a los secretarios judiciales.

A esa profesionalización contribuirá la creación de 282 unidades jurisdiccionales con las que se resolverá la disfunción que se producía con el hecho de que desde 2011 la planta judicial permanecía inalterada y al mismo tiempo seguían convocándose oposiciones. Ello suponía que hubiera 445 jueces a la expectativa de destino y sólo 169 vacantes que podían serles ofrecidas.

Algo similar ocurría con los fiscales, por lo que se crearán 46 plazas. Además, este mismo mes se celebrará una oposición para 50 futuros fiscales, cuya incorporación se producirá el próximo año.

En cuanto a los funcionarios y profesionales al servicio de la Administración de Justicia, el ministro les ha garantizado la promoción interna y "un modelo más flexible de selección y formación en los funcionarios de carrera de nuevo ingreso".

Presupuestos

Catalá ha recordado que por primera vez en esta legislatura los presupuestos, con todos los programas y organismos adscritos al Ministerio de Justicia, experimentan un incremento respecto al ejercicio anterior (1.599,49 millones de euros). Ello supone un aumento del 1,3% con el que se reforzarán partidas tan importantes como la de justicia gratuita, la lucha contra la violencia de género y la asistencia a las víctimas.

El capítulo que más incremento experimenta es el de inversiones que contará con 16 millones más hasta situarse en 77,5 millones, de los que más de 59 se destinarán a la modernización tecnológica de la Administración de Justicia y los 18 restantes al Plan de Infraestructuras y Equipamientos.

El ministro ha anunciado que tras el análisis y estudio de los datos relativos a los ingresos generados por las tasas, así como a conocer la repercusión real que han tenido en ciudadanos y empresas se sentará con "todos los operadores jurídicos y con los grupos parlamentarios para escuchar sus puntos de vista y así analizar si procede una mejora de la aplicación de la ley". Ha justificado la necesidad de este análisis en que según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial donde más ha caído la litigiosidad ha sido precisamente en las jurisdicciones en las que no hay tasas (Penal y Social) frente a las de Civil y de lo Contencioso.

En cuanto a la justicia gratuita, ha apuntado a que en las comunidades competencia del Ministerio su presupuesto se ha incrementado un 2,3% respecto a los dos años anteriores hasta alcanzar los 34,9 millones de euros. La financiación del mayor número de beneficiarios de justicia gratuita se abordará directamente en los presupuestos para que mediante convenios con las comunidades autónomas se garantice la prestación del servicio.

Registro Civil

Durante su intervención, Catalá ha recordado que los registradores son el cuerpo designado para la gestión del Registro Civil, pero ha anunciado que revisará el proyecto inicialmente concebido desde un principio de diálogo con los colegios profesionales en los que estos operadores jurídicos se integran, sin necesidad de crear una corporación para articular este proceso.

Por ello se comprometió a constituir una comisión mixta integrada por el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores que estudiará cómo diseñar un sistema que haga posible la máxima mejora del servicio con los recursos existentes y garantizando la gratuidad de los servicios que requieran los ciudadanos, así como la titularidad estatal de los datos registrales y su máxima protección.

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