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JUSTICIA UNIVERSAL

El Gobierno acelera en el Congreso la reforma de la justicia universal

El Gobierno ha decidido acelerar la tramitación de la reforma que limitará la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional.

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En el lugar de presentar un proyecto de ley con los obligados informes del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía, el PP optó por presentar esta reforma de la Justicia Universal a través de una proposición de ley del Grupo Popular, con lo que ya no se necesita consultar.

La iniciativa sólo requería el visto bueno del Gobierno, que tiene derecho de veto en proposiciones de ley que puedan suponer alteración de los presupuestos, y el Ejecutivo no ha apurado los 30 días disponibles, sino que en poco más de una semana ha dado su conformidad para debatirla.

Así las cosas, la Junta de Portavoces del Congreso ha acordado este martes, a instancias del PP, que la reforma se incluirá en el primer Pleno del nuevo periodo de sesiones, la próxima semana. A ese ritmo, los nuevos requisitos para la justicia universal pueden estar en vigor antes de junio, y además se plantean con carácter retroactivo.

Pedir informe retrasaría los trámites

Pero, además, la Mesa del Congreso ha rechazado la pretensión del PSOE para que al menos se pidiera un informe al Consejo General del Poder Judicial. Según indicaron a Europa Press en fuentes parlamentarias, el PP ha alegado que recabar la opinión del CGPJ no era un requisito imprescindible y que pedirlo habría retrasado la tramitación de la reforma.

Para tomar esta decisión, el PP no disponía este martes de mayoría absoluta en la Mesa del Congreso, ya que el presidente de la Cámara, Jesús Posada, está de viaje en Japón, pero se ha beneficiado de la abstención de CiU, que no apoyó la solicitud de los socialistas.

El portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, ha insistido en que el objetivo de la reforma es "adecuar las normas de la jurisdicción española a lo que es habitual en el derecho internacional" para que la Justicia investigue los casos que tenga que investigar pero sin generar "conflictos diplomáticos de una manera absolutamente ineficaz".

No inmiscuirse en asuntos de otro

"La pretensión de la jurisdicción española no puede sustituir otros organismos internacionales como el tribunal de La Haya o la Corte Penal Internacional --ha argumentado--. Nos inspiramos en los principios de la Carta de Naciones Unidas, cuyo criterio general es que un Estado no debe inmiscuirse en la jurisdicción de otro".

Preguntado si esta reforma apresurada tiene su origen en las quejas de China por el procesamiento de algunos de sus gobernantes por la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre el genocidio del Tíbet, Alonso ha indicado que España tiene "conflictos con distintos países" y ha admitido que ésta es "una reforma muy querida por el Ministerio de Asuntos Exteriores".

En todo caso, el PP dice seguir "con mucha atención la polémica que pueda suscitarse" y está abierto a estudiar modificaciones en su reforma y a atender peticiones para llegar a un acuerdo que permita alumbrar "una regulación adaptada al derecho internacional" y que evite "situaciones de conflicto". "Donde esto pueda derivar en efectos que no deseamos, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo", ha comentado.

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