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JUSTICIA

La reclamación de un Pacto de Estado de la Justicia queda en una mera reflexión interna del CGPJ

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha aprobado finalmente el documento que siete de sus vocales habían suscrito para reclamar a todas las fuerzas parlamentarias un Pacto de Estado por la Justicia que impulse las reformas necesarias para poner al día este servicio frente a la crisis.
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Consejo General del Poder Judicial

El órgano de gobierno de los jueces reunido en Pleno este miércoles ha optado por una mera "toma en consideración" de la propuesta, que servirá para una reflexión y análisis internos, han informado fuentes de este órgano.

Otras fuentes señalan que varios vocales han puesto en evidencia que quizá no es el momento para aprobar estas reclamaciones a la clase política cuando en el seno del Consejo no se alcanza el consenso necesario para llevar a cabo funciones como la de realizar nombramientos en la cúpula judicial.

En la sesión de este miércoles, la ausencia de consenso ha impedido cubrir la plaza vacante en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tendrá que ser convocada en el BOE por tercera vez.

La propuesta, que suscribían siete vocales que representan a todas las sensibilidades ideológicas del Consejo, parte del estudio de diversas encuestas que en las últimas semanas han valorado de forma muy negativa la labor del órgano de gobierno de los jueces. Uno de ellos es el Barómetro de la Abogacía cuyos resultados, dados a conocer el pasado día 13, colocan al CGPJ como una de las instituciones peor valoradas.

Según este estudio, ocho de cada diez españoles ve necesaria una reforma "urgente" y "profunda" del órgano de gobierno de los jueces y seis de cada diez piensa que depende en sus decisiones del Ejecutivo o de las distintas formaciones políticas.

El escrito que se proponía al Pleno para su aprobación señala que el CGPJ, "como órgano político", no puede ignorar la valoración que los ciudadanos hacen del mismo ni ser ajeno al alejamiento y la desconfianza que existe ante esta institución.

"Debemos reflexionar seriamente y tomar medidas que nos permitan avanzar en la recuperación de la confianza de los ciudadanos en general y de los jueces y magistrados en particular", concluían los vocales firmantes, que son, además del vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, los vocales Félix Azón, Inmaculada Montalbán, Manuel Almenar, José Manuel Gómez Benítez, Miguel Collado y Margarita Robles.

MEJORAR POLÍTICA DE NOMBRAMIENTOS

Los firmantes recordaban en su propuesta que en el Pleno del Consejo del mes de junio se acordó iniciar un proceso de reflexión y que como consecuencia de ello se debe seguir trabajando en mejorar la política de nombramientos para cargos judiciales (para primar los principios de mérito y capacidad) y profundizar en la optimización de recursos.

Los vocales denunciaban también "el olvido en el que incurren en ocasiones las fuerzas políticas en relación a la Administración de Justicia, obviando que el adecuado funcionamiento de la misma no solo es esencial para el efectivo ejercicio de los derechos y libertades, sino además, un elemento dinamizador de primera magnitud en un contexto de crisis económica como el actual".

Por ello, en la propuesta que iba al Pleno se proponía solicitar formalmente a los grupos políticos, además de inversiones en los juzgados y tribunales, "marcos normativos propios del siglo XXI que permitan una Administración de Justicia más ágil y eficaz". Entienden que la herramienta adecuada para impulsar estas medidas es un Pacto de Estado por la Justicia.

RECLAMAN AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA

Además, reclamaban autonomía presupuestaria para el CGPJ "que debería tener una primera plasmación inmediata en la asunción plena por este órgano de los planes de refuerzos y sustituciones y de la determinación de la política de creación de plazas judiciales.

Los vocales firmantes de la propuesta advierten también que "alteran intencionadamente la verdad quienes amparándose en la legítima critica" al CGPJ "desprestigian la labor de los casi cinco mil jueces y magistrados acusando genéricamente, sin matices, a los titulares de los órganos jurisdiccionales, de una supuesta politización, obviando el trabajo que con dedicación realizan".

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