Se trata del real decreto ley de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la UE en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras. Según ha explicado la institución en una nota, se cuestiona la constitucionalidad de los apartados que atribuyen al Ejecutivo municipal competencias que son del Pleno de la Corporación y que permiten adoptar medidas económicas aunque anteriormente hayan sido rechazadas por el Pleno.
Becerril considera que la disposición adicional tercera restringe el "reducto indisponible o núcleo esencial de la institución local" --en palabras del propio Tribunal Constitucional--, que configura el régimen de autonomía municipal.
