El real decreto aprobado tiene como finalidad desarrollar la Ley, en concreto la regulación de las iniciativas y programas de formación profesional para el empleo, los requisitos y límites de las acciones formativas, sus destinatarios y la forma de acreditación de las competencias adquiridas por los trabajadores. Mediante esta norma, se modifica el sistema de formación profesional para el empleo con el objetivo de extender una formación entre los trabajadores "que mejore la empleabilidad y el desarrollo personal y profesional".
Además, se incorpora el desarrollo del nuevo sistema integrado de información que permitirá disponer de una información "completa, actualizada permanentemente y verificable" de las actividades formativas desarrolladas en todo el territorio nacional, facilitando su trazabilidad.
Una importante variable de la norma está en el hecho de que la Comisión Estatal de Formación para el Empleo asuma nuevamente las funciones del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo en materia de formación profesional para el empleo, reguladas en la ley de 2015.
2.000 millones para Formación
Respecto al cheque formación, establece requisitos y condiciones que deberán cumplirse para el disfrute por los trabajadores desempleados del cheque formación y establece que las comunidades autónomas, previa consulta a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, podrán ponerlo en marcha en el ámbito de actuación de sus competencias, dando cuenta a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
Los gastos derivados del real decreto serán financiados por la administraciones públicas competentes en su gestión, a través de sus respectivos presupuestos. En el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el año 2017 se prevé la existencia de 1.086 millones de euros destinados a financiar iniciativas de formación dirigidas a trabajadores ocupados, y 897 millones para la formación de desempleados.
Novedades de la Ley de Formación Profesional
Como novedades destacaron la apertura de la gestión de los fondos destinados a financiar las programaciones formativas de las distintas administraciones públicas a la concurrencia competitiva de todos los proveedores de formación acreditados o inscritos, y la eliminación de la posibilidad de subcontratación, salvo para la contratación del personal docente
Además, las acciones formativas podrán financiarse a partir del momento de su concesión o adjudicación, y se limita el pago anticipado con un límite máximo que no podrá superar el 25% del importe concedido.
Igualmente, se podrá prever el pago de hasta un 35% adicional una vez acreditado el inicio de la actividad formativa. Además, como mínimo, un 40% del importe concedido se hará efectivo una vez se finalice y justifique la actividad formativa subvencionada.
También se apuesta por la evaluación permanente y el refuerzo del régimen sancionador.
En concreto, se contempla como sanción accesoria la exclusión del acceso a ayudas, subvenciones por un período máximo de cinco años, en vez de dos, en algunas infracciones muy graves, al tiempo que se fijan los módulos económicos máximos. Los costes indirectos no podrán superar el 10 % del coste total de la actividad formativa realizada y justificada.
