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CARA A CARA

¿Se queda corta la Ley de Emprendedores?

Sebastián Reyna, secretario general de UPTA, y Agustín González Villalba, director general de la Federación Española de Autónomos-CEAT, exponen sus respectivas percepciones sobre la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Puede ver el encuentro completo haciendo clic aquí.

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El segundo encuentro del Cara a Cara del Grupo Francis Lefebvre ha tenido como protagonistas al secretario general de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos de España (UPTA), Sebastián Reyna, y el director general de la Federación Española de Autónomos-CEAT, Agustín González Villalba, que han esgrimido sus puntos de vista sobre la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, una norma que ambos han calificado de “importante y necesaria” pero en muchos aspectos regulativos, “escasa”.

Comenzando por la propia definición de la figura del ‘emprendedor’, Sebastián Reyna señala que “incluye algo tan amplio como todas las personas físicas o jurídicas que ejercen una actividad económica productiva, confundiendo el objeto de esta ley y diluyendo el concepto de empresa”. Una definición que difiere de la “persona física que ejerce una actividad económica” incluida en el borrador del anteproyecto que presentó el PP cuando estaba en la oposición durante el último periodo de la anterior legislatura y, que según el secretario general de UPTA, “sería más acertada”.

En este tema, Agustín González Villalba destacó que la Ley de Emprendedores significa un hito histórico al favorecer la iniciativa empresarial en todas las fases, desde su creación hasta el desarrollo de la empresa, “aunque se ha quedado corta en muchos aspectos”. González destaca que “necesitábamos una Ley para los empresarios y para el favorecimiento de la actividad empresarial, y parece que en este país hay recelo cuando se habla de empresarios”.

El IVA de Caja y la persona física de responsabilidad limitada

Una de los aspectos más “mediáticos” anunciados en la ley, sin duda, ha sido el concepto de IVA de Caja, consistente en un aplazamiento del pago del IVA hasta el momento del cobro de la factura con un límite de 2 millones de euros en el volumen de operaciones. Por ello, las pymes y autónomos podrían optar por un sistema que retrasa el devengo y la consiguiente  declaración e ingreso del IVA repercutido.

El secretario de UPTA considera un paso positivo esta modificación del impuesto por permitir mayor liquidez a las empresas. No obstante, alerta del peligro que supone el que las grandes empresas –clientes de pymes y autónomos- pongan dificultades para que sus proveedores se acojan a él puesto que implicaría aplicar el sistema de caja en lo referido a la deducibilidad del IVA soportado. “Hasta ahora,  muchas de las grandes empresas que todos conocemos se financiaban con cargo a sus proveedores, retrasando los pagos  mientras que se compensaban el IVA por adelantado”, explica.

Por su parte, Agustín González describe el nuevo criterio del IVA de Caja como una “reivindicación histórica” de su colectivo aunque se “ha limitado excesivamente” a empresas que facturen hasta dos millones de euros. “Nosotros sugerimos que esta limitación fuera de 10 millones, ya que muchas empresas tienen un alto volumen de operaciones pero con márgenes muy estrechos de beneficio”.

Además, para el director general de la Federación Española de Autónomos-CEAT tampoco se ha resuelto suficientemente la responsabilidad limitada del emprendedor, que queda acotada a la vivienda habitual hasta 300.000 euros y no tiene efectos para deudas con las Administraciones Públicas –fundamentalmente Hacienda y la Seguridad Social- ni con las entidades financieras, aspecto que coincide con Sebastián Reyna. “Esta figura que quedado plasmada débilmente en el texto de la Ley, consideramos que es una oportunidad perdida”, lamentó.

El secretario de UPTA señaló otra de las medidas “estelares” que han quedado mal resueltas, como el mantenimiento de las mismas tasas de los administradores judiciales que actúan en concursos de acreedores, en el marco del nuevo sistema de mediación extrajudicial dirigido por los registradores o notarios, “difíciles de soportar para las personas físicas que deseen defender su patrimonio personal y empresarial”. Una medida que González define como “muy positiva en cuanto a que existe un mecanismo extrajudicial sin entrar en concurso de acreedores para promover la llamada segunda oportunidad pero no exenta de carencias”.

Puntos negros de la Ley: la financiación

No obstante, ambos ponentes destacaron que el capítulo menos desarrollado de la Ley es el referido a la financiación y el acceso al crédito. Si bien ambos aplauden la figura de los ‘business angels’, estos inversores no tienen un tratamiento fiscal adecuado que incentive, además sólo pueden invertir personas físicas no figuras societarias lo cual limita mucho y “está pensado más para la consolidación de un proyecto, habitualmente del sector de las nuevas tecnologías, que para la apertura de un pequeño negocio”, según Agustín González Villalba.

En este punto, Sebastián Reyna expuso que “continúa siendo imprescindible la creación de un Fondo Nacional de Microcréditos que, en colaboración con el ICO y la Banca nacionalizada, aborde definitivamente  este problema que es el que realmente está lastrando la evolución de la economía española”.

Subraya el responsable de CEAT que es preciso hacer un esfuerzo para que fluya el crédito y la financiación “y más cuando los bancos están recibiendo capital del Banco Central Europeo”. A su juicio, “sin duda, una de las principales causas de la duración de esta crisis económica es, precisamente, esta falta de crédito, por lo que debemos presionar a los bancos para que destinen sus ganancias a la financiación de proyectos”.

Tarifa plana de 50 euros

Pero también hay aspectos positivos en esta Ley. Sin duda, una de las más aplaudidas ha sido la extensión de la tarifa plana para todos los nuevos autónomos, con independencia de su edad, de forma que en los seis primeros meses de alta el autónomo pague una cotización de 50 euros al mes, que en los seis meses siguientes será de 125 euros y en los seis meses posteriores de 175 euros. De esta forma, se puede contar con 18 meses de cotización bonificada antes de tener que volver a pagar la cuota mínima de 240 euros mensuales.

Sebastián Reyna aplaudió esta iniciativa “una vez más se demuestra que las medidas prácticas, sencillas y consensuadas nos conducen al éxito”. Asimismo, para Agustín González Villalba es algo muy positivo “pues nos acerca a realidades europeas como en Gran Bretaña, donde ya se está aplicando”.

Por último, la simplificación de trabas burocráticas, los llamados Puntos de Información al Emprendedor  y el acceso de pequeños empresarios a licitaciones públicas son aspectos importantes de una ley de la que “se espera un desarrollo reglamentario que dé respuesta legislativa a lagunas como la financiación o la morosidad de las administraciones y empresas privadas”, según el director general de la Federación Española de Autónomos-CEAT, y “trasladar a todos los ámbitos de la formación, la cultura empresarial  y el autoempleo en todas las etapas educativas”.

En definitiva, una ley que para el secretario general de UPTA, “ni molesta ni es negativa pero no aprovecha la oportunidad de dar pasos importantes tanto en el autoempleo como en centrarse en los jóvenes que decidan iniciar una actividad económica

El segundo "Cara a Cara" ha sido moderado por José Luis Terrero, magistrado de la Audiencia Nacional.


Sebastián Reyna es el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA-España).

Colaborador del Departamento de Economía Financiera de la Facultad de Económicas. Universidad Complutense de Madrid.

Miembro de la Cátedra Extraordinaria de Empresa Individual y Trabajo Autónomo de la Universidad Complutense de Madrid.

Vicepresidente del Centro Internacional para la Investigación de la Economía Social, Pública y Cooperativa (CIRIEC).

Agustín González Villalba es el director general de la Federación Española de Autónomos-CEAT.

Licenciado en Derecho por el C.E.U. San Pablo-Universidad Complutense de Madrid y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas (Instituto de Empresa).

Miembro ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).


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