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El turno de oficio del ICAV registró 2.462 solicitudes menos en 2010

El volumen de solicitudes de abogado de oficio descendió en las áreas de Penal, Violencia Doméstica, Menores y Laboral, pero aumentó en las áreas de Civil y Extranjería.

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El turno de oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) registró el pasado año 2010 un total de 45.963 solicitudes de abogado, 2.462 menos que el año anterior (en que se registraron 48.425 solicitudes).

Las áreas que acusaron un descenso de solicitudes fueron las de Penal (de 23.775 solicitudes en 2009 a 21.460 en 2010), Violencia Doméstica (de 6.611 solicitudes en 2009 a 5.349 el pasado año), Menores (de 3.588 solicitudes en 2009 a 3.101 en 2010) y Laboral (de 1.297 solicitudes en 2009 a 1.011 en 2010).

Por el contrario, aumentaron las solicitudes de abogado de oficio en las áreas de Civil (de 6.775 solicitudes en 2009 a 7.451 en 2010) y Extranjería (de 2.634 solicitudes en 2009 a 3.385 en el año 2010). El departamento de turno de oficio del ICAV realizó el pasado año un total de 331.689 trámites, cerca de 20.000 trámites más que en el año anterior, principalmente dirigidos a certificar que los beneficiarios del servicio cumplían efectivamente con los requisitos necesarios para acceder a él.

El decano del ICAV, Mariano Durán, ha subrayado que estas cifras "son una muestra del compromiso del ICAV en disponer de los medios necesarios para que el servicio se atienda desde la calidad. La prueba de ello es que hemos obtenido la Certificación de Calidad AENOR por la gestión del turno de oficio". El decano de los abogados valencianos ha incidido en la necesidad de "dar un paso más y conseguir de la Administración que podamos pasar al expediente electrónico, tanto de las solicitudes como la remisión del expediente a la Comisión de Justicia. Estoy convencido de que existe buena disposición en la Conselleria para esto y, si en otras Comunidades Autónomas ya funciona, la nuestra no se puede quedar atrás en la implantación de las nuevas tecnologías", explica. "De esa forma, además, el ciudadano no tiene que ir solicitando las certificaciones a las Administraciones Públicas, lo que supone un beneficio para él y un ahorro de costes para la propia Administración", añade Mariano Durán.

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