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El Colegio de Abogados de Granada suspende la prestación de los servicios del turno de oficio

La Junta General Extraordinaria del Colegio de Abogados de Granada acordó el pasado viernes suspender el servicio del turno de oficio y no realizar designaciones de letrados hasta que la Junta de Andalucía no cumpla con sus obligaciones de pago y de medios personales y materiales

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Colegio de Abogados de Granada

El decano del Colegio de Abogados, Eduardo Torres, aseguró que "el servicio de asistencia jurídica gratuita, que comprende la asistencia a los detenidos y el turno de oficio o defensa de las personas que carecen de medios económicos, se viene prestando por los abogados granadinos de forma profesional e impecable, siendo muy escasas las quejas de los justiciables por la prestación del servicio". Durante el pasado año, el Colegio de Abogados de Granada atendió 18.483 asuntos del turno de oficio y se prestaron 22.434 asistencias a detenidos, "con el esfuerzo organizativo y de trabajo profesional que ello implica", añadió el decano.

A fecha de hoy, de la totalidad de los gastos que representa el funcionamiento y gestión del servicio de asistencia jurídica gratuita en este año, y que corresponde abonar a la Junta de Andalucía, solo se ha percibido el 25%, lo que coloca al Colegio de Abogados en un auténtico problema presupuestario, al tener que asumir dichos gastos.

La Junta General se vio obligada a adoptar este acuerdo al no cumplirse ninguna de las tradicionales reivindicaciones de los abogados granadinos, y que básicamente son las siguientes:

1. Aumento del número de letrados asignados diariamente a la asistencia al detenido, con arreglo a lo establecido legalmente y, en cualquier caso, como mínimo, a los que estaban establecido en el año 2010, de 23 letrados diarios.

2. Reconocimiento de la asistencia sanitaria para todos los letrados y suscripción de un seguro de accidentes que cubra las eventualidades que se puedan producir durante la prestación del servicio.

3. Adecuación de las sedes judiciales con medios materiales suficientes, dignos, y con la privacidad necesaria, que permita desarrollar el trabajo en igualdad de condiciones con el Fiscal.

4. Consideración de las Ejecuciones civiles y penales como procedimientos independientes y no derivados del procedimiento del que traen causa.

5. Revisión y control del sistema de concesión del beneficio de justicia gratuita para evitar los fraudes que se vienen produciendo, así como actuación de oficio por parte del Ministerio Fiscal contra los querulantes profesionales.

6. Reducción de la exagerada carga burocrática que los letrados que prestan el servicio tienen que cumplimentar.

7. Abono puntual al Colegio de Abogados de las cantidades legalmente establecidas, para permitirle prestar el servicio adecuadamente.
8. Abono de las retribuciones a los letrados que prestan el servicio por asuntos finalizados y a trimestres vencidos, con incremento de las retribuciones para acercarlas, en la medida de lo posible, a los precios de mercado,

9. Retribución de todas y cada una de las actuaciones necesarias y efectivas realizadas en defensa del justiciable, y abono de los suplidos y otros gastos que ocasiona la defensa del justiciable.

10. Formación gratuita de reciclaje a los letrados que prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita.

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