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PGE 2016

La ministra de Empleo señala que de cada 100 euros, 53 se destinarán a gastos sociales

La ministra de Empleo y Seguridad Social ha presentado en el Congreso de los Diputados, las líneas principales que vertebran los Presupuestos Generales del Estado para 2016 de su departamento.

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Fátima Báñez Fátima Báñez

De cada 100 euros, ha explicado, 53 se destinan a financiar gastos sociales, y de ellos, el 87% (casi 46 euros) los gestiona el ministerio del que Báñez es titular.

Protección a los desempleados

El presupuesto para 2016 aumenta en un 10%, hasta los 5.242 millones de euros, la dotación en políticas activas "modernas y eficaces, para que la recuperación llegue lo más rápidamente a las personas en forma de empleo".

Por otro lado, el Departamento que dirige destinará 26.375 millones de euros en el próximo ejercicio para la protección y activación "al servicio de quienes más difícil lo tienen, que son los desempleados sin ingresos".

El Presupuesto para 2016 incorpora el Programa de Orientación a Desempleados de Larga Duración de entre 30 y 55 años, que se iniciará en 2016 y finalizará en 2018 y que contará con una financiación global de 516 millones de euros que podrán beneficiar potencialmente a 1.264.000 personas, según estimaciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Báñez se ha referido al proyecto como "un nuevo Programa en el que seguimos trabajando con los interlocutores sociales y las CAAA y que permitirá un diagnóstico de la empleabilidad de este colectivo, así como itinerarios personalizados para sus beneficiarios".

El plan, según ha explicado la titular de Empleo, tiene como objetivo dar protección y oportunidades a un colectivo que no se beneficia de otros incentivos como los correspondientes a la contratación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, ni del subsidio para mayores de 55 años.

Por otro lado, el resto de partidas presupuestarias para políticas de empleo y protección irán destinadas a financiar el sistema de formación profesional para el empleo de reciente aprobación, los incentivos a la contratación o el Programa de recualificación profesional de las personas que agotan su protección por desempleo (PREPARA).

Inmigración y Emigración

En las cuentas públicas para 2016, se incluye una dotación de 24,1 millones para el "sistema de protección internacional" en el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, lo que supone un incremento del 150% respecto al presupuesto inicial para 2015 (9,65 millones de euros).

La ministra ha anunciado además la creación de una nueva aplicación dedicada al refuerzo del sistema de acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional, dotada inicialmente con 28,9 millones de euros que tras la enmienda acordada la semana pasada por todos los grupos parlamentarios alcanzará 228,9.

Báñez ha reconocido el intenso trabajo conjunto con ONGs y Comunidades Autónomas, y ha anunciado la próxima convocatoria de los interlocutores sociales con el objetivo de analizar conjuntamente la capacidad de inserción de estas personas en el mercado laboral.

Seguridad Social

La ministra ha asegurado que la "gran apuesta" de las cuentas públicas sigue siendo la Seguridad Social a la que ha definido como "columna vertebral del sistema de bienestar en nuestro país" como lo demuestra el aumento del gasto social en un 3,8% en el conjunto del Presupuesto.

El Sistema de Seguridad Social gestiona 4 de cada 10 euros del Presupuesto consolidado para 2016. Solo las pensiones contributivas representarán el 10,4% del Producto Interior Bruto.

Además, en enero del próximo año, todas las pensiones se incrementan el 0,25%, en aplicación del índice de revalorización de pensiones establecido en la ley 23 de 2013. Esta subida supondrá una importante ganancia de poder adquisitivo, a la vista de la evaluación de la inflación en 2015 que se sitúa en -0,4%.

Por primera vez las cuentas incorporan el concepto de cotización demográfica de las mujeres "a través de una enmienda que espero que cuente con el máximo apoyo posible por parte de otros grupos", según ha manifestado Fátima Báñez.

Finalmente ha destacado que el plan contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social ha tenido un impacto económico total de más de 12.800 millones de euros.

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