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JUSTICIA

El presidente del TSJA pide al ciudadano un uso "racional" de la Justicia ante el "vertiginoso" aumento de los litigios

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha apostado por educar a la sociedad en el uso "racional" de la Justicia, que "es un valor y un principio a preservar al tiempo que un servicio público", y ha puesto de manifiesto que la tasa de litigiosidad en España "es, con creces, mucho mayor que en los países avanzados de su entorno"

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Lorenzo del Río, presidente del TSJA Lorenzo del Río, presidente del TSJA

Lorenzo del Río ha participado en la tarde de este jueves en Sevilla en el foro de la Fundación Antares con la conferencia 'División de poderes: seguridad jurídica y progreso económico', y ha sido presentado por el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez. Además, al acto ha asistido el consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Francisco Menacho.

De este modo, el presidente del TSJA ha comenzado su alocución señalando que la Justicia "tiene una necesidad inaplazable de eficacia y eficiencia, y debe administrarse de forma imparcial, ágil y sin excesivas dilaciones", lo que constituye "un ideal que todos pretendemos", aunque "a nadie escapa, sin embargo, que España no se encuentra próxima a ese ideal, sino que más bien sucede lo contrario: la Justicia se percibe por el ciudadano como lenta, anticuada y politizada".

Al hilo, ha pedido "no cerrar los ojos a la realidad", pues la Justicia "necesita imperiosamente un cambio estructural en profundidad y nuevas formas de gestión, así como también que invertir en Justicia es nuestro mejor futuro, en seguridad jurídica y económica". "La Justicia necesita fortalecerse y dar respuesta a los cambios producidos, que le afectan doblemente", pues, por un lado, "aumenta de modo considerable la sobrecarga de trabajo, y, por otro, la propia organización del Estado ve limitada su capacidad de reacción ante este aumento de la litigiosidad y la menor capacidad presupuestaria para articular medios de respuesta".

Así, Lorenzo del Río ha hecho referencia al "vertiginoso" aumento de la litigiosidad que ha venido produciéndose desde 2007, aunque "parece haber remitido, al menos con carácter general", si bien "no está claro si es fruto de una mínima recuperación económica o, más bien, de estar tocando fondo, del agotamiento de la capacidad de degradación económica". A su juicio, este aumento de la litigiosidad "ha devenido por múltiples causas, como cierres de empresas, reclamaciones de cantidad o procesos de ejecución".

LA JURISDICCIÓN CIVIL, UNA DE LAS MÁS AFECTADAS

De este modo, "se ha asistido al mayor incremento de procedimientos por desahucio y la jurisdicción civil ha sido una de las más afectadas por la situación económica", a lo que se suma la existencia de indicadores "que avisan de un posible repunte en el ámbito mercantil". Ante todo esto, "nos encontramos ante la dificultad de bajar la tasa de asuntos pendientes; la tasa de litigiosidad sigue siendo muy alta".

El presidente del TSJA también ha señalado, por otro lado, que "una Justicia ágil, de calidad y cuyo resultado pueda, razonablemente, preverse, es un valor económico", agregando que "un mal funcionamiento del sistema judicial suele traducirse en que los empresarios no cobren los créditos que tienen contra sus deudores, en la tardanza, en lo costoso de conseguirlo, en lo imprevisible del resultado o la impunidad". "Muchas empresas y agentes económicos se quejan y rehuyen la vía judicial porque la consideran lenta, costosa, ineficaz y plagada de incertidumbres", ha aseverado.

Asimismo, Del Río ha insistido en destacar "la importancia que para la buena marcha de las empresas, del conjunto de la economía y de la sociedad, tiene contar con un buen sistema jurídico", punto en el que ha pasado a analizar los costes directos, ocultos o indirectos generados por el mal funcionamiento de la Justicia, señalando que lo que se deja de ganar como consecuencia de los juicios "es enorme", ya que "si un plan de desarrollo urbanístico se ve paralizado de forma cautelar mientras se resuelve el litigio, las pérdidas resultan cuantiosas para sus propietarios, y aunque ganen el pleito prácticamente nunca consiguen verse resarcidos de esas pérdidas".

"LAS DEFICIENCIAS DE LA JUSTICIA NO SE RESUELVEN SÓLO CON MÁS MEDIOS"

En otro punto de la conferencia, Del Río ha analizado los medios de respuesta con los que cuenta la Justicia, indicando que "en la actual situación resulta difícil hacer planteamientos de aumento de gasto público en Justicia, que, aún considerado como servicio básico para el funcionamiento del Estado de Derecho, no genera directamente riqueza ni crea empleo en cantidad relevante". No obstante, ha matizado que "las deficiencias de la Justicia no se resuelven, sólo ni principalmente, con más medios".

En esta línea, y junto a "urgentes" medidas coyunturales y de refuerzo de órganos sobrecargados, ha apostado por actuar en una triple dirección, como son la transformación tecnológica; la racionalización de la estructura y la redistribución de efectivos --"es necesario, sin duda, aumentar y mejorar la dotación de recursos, humanos y materiales, pero no debemos perder de vista que la organización y gestión actuales no resultan afortunadas"--, y el uso racional del proceso.

Otro punto abordado por el presidente del TSJA ha sido la división de poderes y la independencia judicial, sobre el que ha aseverado que el juez "ha de sentirse autónomo de los otros pilares y funciones del Estado; no sólo los poderes políticos tradicionales, en sus distintos niveles, deben respetar el territorio del juez, sino también otras estructuras con capacidad de violentarle, como los partidos políticos, las organizaciones sindicales y patronales, las fuerzas económicas o los medios de comunicación.

LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA

"La actitud del juez es lo sustancial, de forma que, en última instancia, sólo de la voluntad de los jueces dependerá la verdadera independencia de la Justicia", ha agregado Lorenzo del Río, quien también ha referido que una de las "principales disfunciones" generadas por el "mal" funcionamiento de la Administración "es la dispersión de competencias entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los gobiernos de las comunidades autónomas".

Tras confiar en que la actual generación de jueces y magistrados "no quede irremediablemente agotada en esta situación de crisis", ha asegurado que "la sociedad no puede entender, porque no es razonable, esta dispersión, que además conlleva una indefinición competencial que termina siempre resolviéndose en perjuicio del ciudadano".

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