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JUSTICIA

El presidente del TSJ de Navarra presenta la oficina de atención a las víctimas de delitos

El presidente del TSJ de Navarra, Joaquín Galve, y la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mª José Beaumont, han presentado las nuevas instalaciones de la oficina de atención a las víctimas de delito, que se ubican ahora en la planta baja del Palacio de Justicia.

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Palacio de Justicia de Navarra Palacio de Justicia de Navarra

Además, el Gobierno de Navarra ha incrementado la plantilla de este servicio gratuito, que ha pasado de contar con una psicóloga y un administrativo, a tiempo parcial este último, a tener seis profesionales, de los que una es psicóloga, otra licenciada en Derecho, dos trabajadoras sociales, un administrativo y una administrativa, a tiempo parcial estas dos últimas personas. También cuenta con un equipo externo de profesionales en psicología, que realizan los tratamientos terapéuticos que necesiten las víctimas, según ha informado el órgano de los jueces.

Esta oficina atendió el pasado año a 250 personas, en su mayoría víctimas de delitos de violencia de género, de agresiones sexuales a mujeres y menores de edad, de violencia doméstica, y de robos y agresiones con intimidación o fuerza.

La atención que se presta a las víctimas es integral. Así, se les asesora sobre qué hacer y a dónde acudir en cada caso concreto, se les presta apoyo psicológico, se les ofrece asesoramiento jurídico, se les orienta sobre los recursos sociales disponibles en Navarra y se les ayuda a completar los trámites previstos por la ley. Además, la oficina de atención a las víctimas de delitos realiza otras funciones como la atención a las familias que quieren iniciar el trámite de una incapacidad civil o el enlace entre los juzgados de Instrucción y Penal con los profesionales que realizan la mediación penal entre las partes.

En la presentación de estas nuevas instalaciones también han participado la directora general de Justicia, Lourdes Aldave; el fiscal superior de Navarra, José Antonio Sánchez; el secretario de gobierno del TSJN, Francisco Javier Isasi; y la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas, Izaskun Gartzaron.

Expedientes nuevos en 2015

La oficina de atención a las víctimas del delito inició el año pasado 181 expedientes, de los que el 63% se correspondieron a violencia de género, el 5% a menores víctimas de abusos o agresiones sexuales, el 4% a violencia doméstica, el 3% a delitos contra la libertad sexual, el 1% a violencia secundaria (hijas de mujeres víctimas de violencia de género) y el 20% a otros delitos.

El resto de personas atendidas, hasta llegar a las 250 mencionadas anteriormente, son víctimas cuyos expedientes se iniciaron en años anteriores pero que continúan recibiendo una atención o tratamiento, según sus necesidades.

De los 181 expedientes abiertos en 2015, 114 se correspondieron a víctimas de violencia de género. De las personas atendidas por este tipo de delitos, 71 (el 62%) presentaron una denuncia en el Juzgado y la autoridad judicial acordó medidas de protección en 35 casos (el 49%).

El 61% de las víctimas de violencia de género tenían menores a su cargo y todas tenían o habían tenido una relación afectiva con el agresor. En 44 casos era su cónyuge, en 36 su compañero o novio, en 21 su excónyuge y en 13 su excompañero o exnovio. En cuanto a su nacionalidad, el 80% de las víctimas eran españolas y la mayoría tenían entre 31 y 40 años (41 mujeres), seguidas del grupo de edad de 41 a 50 años (33), y de 18 a 30 años (25).

Otras actuaciones realizadas

Durante el pasado año, la oficina de atención a las víctimas del delito también realizó 135 intervenciones de urgencia, generalmente en comisarías policiales. El 80% de ellas por violencia de género, el 6% por violencia doméstica y el 5% por violencia contra la libertad sexual.

Asimismo, coordinó la recepción de 423 medidas judiciales de protección dictadas el pasado año, de las que 291 fueron sentencias condenatorias y 132 órdenes de protección. Durante el pasado año también hubo 62 ceses de este tipo de medidas, bien por cumplimiento de la pena impuesta, por levantamiento de órdenes de protección o porque la propia víctima retira la denuncia.

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