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El Gobierno aprueba el Plan de Inclusión Social 2013-2016

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 para dar respuesta al compromiso de la Estrategia Europa 2020 de reducir entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en riego de pobreza y exclusión social en España.

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Ana Mato Ana Mato

"Se ha adoptado el acuerdo para los años 2013-2016 como un instrumento integrador de todas las políticas a favor de la inclusión social y necesario una vez culminado el de 2008-2010", ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, acompañada de la ministra de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que ha detallado el contenido del plan.

El plan, que incluye medidas ya en vigor, ha sido propuesto por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se articula en tres ejes: empleo, sistema de prestaciones y servicios básicos y un apartado específico de atención a los grupos que se pueden encontrar en riesgo de exclusión. Por primera vez se incorpora como objetivo transversal la lucha contra la pobreza infantil, que contará con una partida extraordinaria de 17 millones de euros.

"Pretendemos dar respuesta a las necesidades sociales de los colectivos más vulnerables", ha afirmado la ministra de Sanidad, que ha celebrado que este plan haya contado con el "consenso" de las organizaciones sociales, comunidades autónomas, entidades locales, sindicales y empresariales.

El primero de estos ejes, el empleo, está orientado, según el Mato, a la colaboración entre los servicios públicos de empleo y los servicios sociales. Para los jóvenes, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, y en este marco, se pondrá en marcha un Portal Único de Empleo. Para los mayores de 45 años, programas de reciclaje profesional. Sanidad incluye además en este ámbito el plan la iniciativa Empresas Por una Sociedad Libre de Violencia de Género, a la que ya se han adherido 34 compañías.

El segundo eje es la "garantía" de un sistema de prestaciones económicas para las personas más vulnerables. En este contexto, el Gobierno dará continuidad al programa PREPARA, que se mantendrá automáticamente en períodos de seis meses hasta que el desempleo baje del 20 por ciento. Además, prevé la reorganización las prestaciones no contributivas para "evitar lagunas de cobertura".

En cuanto a los servicios básicos, el Ejecutivo asegura que va a impulsar en el ámbito de la educación la creación de planes de atención a la diversidad en centros educativos; la progresiva incorporación a la FP Dual; o incluir la valoración del riesgo de exclusión social en los baremos de admisión en el primer ciclo de Infantil .

En el campo de los servicios sanitarios, el Gobierno se compromete a mantener medicamentos gratuitos a parados de larga duración y otros colectivos con bajos ingresos. Aquí incluye la creación de un 'Espacio Sociosanitario común' para "mejorar la coordinación" de estos servicios.

Sobre Vivienda, el Plan contempla el apoyo a las familias con dificultades en el pago de la hipoteca. En este sentido, señala que la Ley de protección de deudores hipotecarios ya prevé la suspensión por dos años de los desahucios a familias en riesgo de exclusión; y se "consolidará" el Fondo Social de Viviendas propiedad de entidades de crédito para dar cobertura a los que han sido desalojados.

Pobreza y declaración de desamparo de menores

El Gobierno se compromete con la aprobación de este plan a destinar una partida extraordinaria para luchar contra la pobreza infantil, reforzando la atención en los hogares con hijos en situación de privación material severa, a través de los servicios sociales.

Esto se une, según el Ejecutivo, al Plan de Urgencia Social puesto ya en marcha junto con entidades sociales, dotado para este año con 20 millones de euros, y orientado a atender las situaciones de extrema necesidad de las familias, especialmente las que tienen hijos menores; y a los proyectos orientados a la infancia de entidades del Tercer Sector, financiados con cargo al IRPF (26,6 millones de euros).

Asimismo, el Gobierno se compromete a gestionar el Fondo Europeo de Ayuda a los Más Desfavorecidos, que facilita alimentos a familias que los necesitan y que cuenta con 40 millones de euros sólo para el primer semestre de 2014. Por otra parte, se garantizará que la pobreza no sea la única justificación para una declaración de desamparo de los menores, con lo que se dará prioridad a la permanencia en la familia de origen.

También reforzará el Fondo de Garantía de Pago de Alimentos a niños de familias vulnerables, cuando estén reconocidos en resolución judicial y se produzcan impagos.

Primera estrategia para personas sin hogar

El Plan de Inclusión aprobado este viernes incorpora un apartado específico dirigido a la atención de los grupos más vulnerables: personas con discapacidad, mayores, en situación de dependencia, víctimas de la violencia de género, población gitana, víctimas de discriminación, reclusos o ex reclusos y personas sin hogar. Para la atención de estas últimas (23.000 según el INE), el Ministerio de Sanidad podrá en marcha la primera Estrategia Integral Nacional para Personas sin Hogar.

Esta estrategia, desarrollada en Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal, Suecia, Noruega, incluirá programas para establecer equipos multidisciplinares ambulantes de atención sociosanitaria en la calle, en colaboración con el Tercer Sector; dispositivos de acogida en período de convalecencia para personas sin hogar con alta hospitalaria; alojamiento temporal a personas sin hogar con el fin de prevenir o paliar su deterioro físico y sus problemas de salud, especialmente en casos de enfermedad mental o adicción al alcohol o drogas.

Ley del Tercer Sector y Ley del Voluntariado

La colaboración con el Tercer Sector de Acción Social es, según Mato, "uno de los pilares en los que se asienta este Plan de Inclusión". Asimismo, ha indicado que no ha colaborado en su elaboración, sino que "muchos de los proyectos contemplados se llevarán a cabo de manera conjunta".

Por tanto, ha afirmado que desde el Gobierno se ha querido apoyar a estas organizaciones adquiriendo una serie de compromisos, como la elaboración de una Ley del Tercer Sector y una nueva Ley Nacional del Voluntariado, que reconozca lA labor de las personas que realizan este trabajo altruista.

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