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JUSTICIA

Los partidos piden en el Congreso que se limite el secreto de sumario hasta un máximo de dos años en casos de terrorismo

El PP insta al juez a decretar el secreto sólo en delitos graves y CiU aboga por aumentar el plazo en casos de cohecho y tráfico de drogas
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Consejo General del Poder Judicial, CGPJ

La mayoría de los partidos llevará a la Comisión de Justicia del Congreso sendas enmiendas que coinciden en la necesidad de fijar un límite de tiempo del secreto de sumario. Proponen que el secreto de las actuaciones judiciales oscile entre los nueve meses y los dos años para casos de terrorismo u organizaciones criminales.

Los diputados han registrado una batería de propuestas, a la que ha tenido acceso Europa Press, al proyecto de Ley de Agilización procesal destinado a facilitar el funcionamiento de la Administración de Justicia. Se trata de una de las tres normas dirigidas a modernizar este servicio que las Cortes Generales tramitarán por el procedimiento de urgencia en respuesta a las demandas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En concreto, el PSOE entiende que el secreto del procedimiento deberá durar como máximo un año, sin que en ningún caso alcance al Ministerio Fiscal, aunque aboga por ampliar este periodo a 24 meses en el caso de delitos relacionados con organizaciones criminales o bandas terroristas. En este momento, el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no fija un límite de tiempo para el secreto de las actuaciones judiciales.

Por su parte, el PP opina que el juez instructor sólo debe declarar total o parcialmente el secreto para las partes en la investigación de delitos que tengan señaladas penas graves, entre los que destacan los castigados con más de 5 años de prisión. Los 'populares' creen conveniente que el secreto no sobrepase los seis meses, siendo ampliable este plazo hasta alcanzar un año siempre que así lo autorice la Audiencia correspondiente al juez instructor.

En esta línea, el grupo parlamentario de CiU estima que cabría decretar el secreto de las actuaciones al juzgarse tanto delitos graves como menos graves, pudiendo el magistrado prorrogarlo por plazos mensuales hasta llegar a un límite de nueve meses. No obstante, CiU coincide con el PSOE en que este plazo puede extenderse a los dos años en circunstancias excepcionales.

Entre ellas, cita las investigaciones relativas a delitos de terrorismo, de grupos criminales y de cohecho de funcionario público así como las infracciones cometidas contra la vida o aquellas "de extrema gravedad" que atenten contra la salud pública e intervengan organizaciones delictivas.

Por su parte, el PNV se declara partidario de que el secreto de las actuaciones del magistrado instructor se prolongue hasta un máximo de un año, alzándose con, al menos, un mes de antelación al auto de procesamiento o de sobreseimiento.

La Comisión de Justicia también debatirá una propuesta de ERC que plantea fijar en doce meses el secreto de las actuaciones cuando la investigación así lo requiera.

LIMITAR LAS FILTRACIONES JUDICIALES

Además, los partidos abogan por limitar la filtración de asuntos judiciales, de forma que las resoluciones, las diligencias de investigación y los escritos de las partes sean secretos hasta la apertura de juicio oral, salvo en los casos expresamente previstos en la ley.

En este sentido, reclaman que el abogado, el procurador o el funcionario público que incumpla la obligación de mantener en secreto esta información sea sancionado de acuerdo a su respectivo régimen disciplinario.

Las propuestas hacen hincapié en que sólo el juez instructor puede autorizar que salgan a la luz los escritos de las partes y que determinada información también puede hacerse pública cuando exista un "interés público relevante" y no se perjudique el desarrollo de la investigación.

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