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JUSTICIA

La oposición pedirá hoy retirar la ley de tasas judiciales por su finalidad "recaudatoria y disuasoria"

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón defenderá en el Pleno el proyecto de ley con el que calcula que recaudará unos 306 millones de euros anuales.

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Los grupos parlamentarios de la oposición presentarán este lunes en el Pleno del Congreso de los Diputados sus enmiendas a la totalidad al proyecto de ley que regula una subida de tasas en la Administración de Justicia, en las que piden devolver el texto al Gobierno al considerar que la elevada cuantía de la subida tiene una finalidad "recaudatoria" y un "efecto disuasorio" que "cercena" el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defenderá este proyecto de ley en la Cámara Baja con el que espera unos ingresos anuales de 306 millones de euros, frente a los 164,4 millones obtenidos en 2011.

El PSOE, los grupos de Izquierda Plural, CiU, PNV, ERC, BNG y UPyD muestran en sus enmiendas, a las que tuvo acceso Europa Press, su rechazo a la imposición "generalizada" de las tasas en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, con incrementos del 33 al 167 por ciento.

Para la oposición, los ciudadanos dejarán en la práctica de acudir a los tribunales para dirimir sus conflictos, sobre todo en aquellas reclamaciones de menor cuantía que el costo de abonar tasas, gastos de abogado y procurador. Una minoría podrá acceder a la Justicia Gratuita, pero la "mayoría" de las clases medias, los pequeños empresarios y los comerciantes quedarán excluidos de ese reconocimiento.

Sobre esta cuestión, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda en la que establece un umbral mínimo en el orden civil, de manera que se excluya del abono de la tasa a quienes impulsen un procedimiento monitorio cuando la cuantía de la reclamación no supere los 2.000 euros. El PP ha ampliado los supuestos de exención del pago de las tasas en varias enmiendas que serán debatidas dentro de unas semanas en la Comisión de Justicia.

En la enmienda a la totalidad, los socialistas recuerdan la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que rechaza las disposiciones que impongan requisitos "impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción" con "trabas que resulten innecesarias, exclusivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador".

El PSOE critica la extensión del proyecto al orden social, en el que se resuelve un gran número de conflictos de "tanta relevancia" en tiempos de crisis. En cuanto al argumento del Ministerio de Justicia de que los ingresos financiarán la Justicia Gratuita, advierte de que existirá un "importante excedente" que será ingresado en el Tesoro Público.

Se impone el "pagar por usar"

Para Izquierda Plural, supone "un paso más" en la privatización de la Justicia que se enmarca en la lógica de recortes que afectan a otros servicios públicos como Sanidad o Educación. "Se está imponiendo el criterio de pagar por usar", advierte.

La oposición coincide en que es una "absoluta irresponsabilidad" acusar a la ciudadanía de abusar de la Justicia y culpabilizarla de la sobresaturación de los juzgados y tribunales. Recuerda la coalición de izquierdas que el ordenamiento jurídico ya dispone consecuencias para las actuaciones dilatorias sin necesidad de articular este incremento "generalizado y desmesurado".

En esta línea, UPyD censura que se responsabilice a los ciudadanos del exceso de litigiosidad, "como si acudir a los tribunales fuera un vicio o incluso una enfermedad de los mismos, masivamente contagiados del delirio querulante, problema que presentan algunos pacientes psiquiátricos consistente en hacer de los pleitos la razón de su vida".

De otro lado, CiU destaca que el proyecto de ley no ha tenido en cuenta la duplicidad de tasas estatales que se superponen a las autonómicas ya existentes. Los grupos advierten de que ciudadanos de Cataluña o la Comunidad Valenciana sufrirían una situación de desigualdad al afrontar "una doble imposición" con el pago de tasas estatales y autonómicas.

"Es difícil comprender por qué en aquellos pleitos de cuantía indeterminada han de valorarse a efectos del pago de la tasa 20.000 euros, cuando hasta el momento se valoraban en 18.000 euros, tal como prevé el artículo 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para las pretensiones de cuantía inestimable", advierte también el PNV.

Finiquito a la tutela judicial

A juicio de ERC, este proyecto de ley supone un "finiquito" al derecho de acceso a la tutela judicial efectiva mediante el establecimiento de tasas "desproporcionadas" que perjudican a clases medias o grupos como consumidores frente a "posibles abusos de grandes empresas".

El Bloque Nacionalista Galego pone el acento en que la saturación de los juzgados no se debe a una excesiva litigiosidad, sino a la inaceptable falta de medios de los juzgados y tribunales. "La auténtica razón de ser de esta imposición indiscriminada y desproporcionada de las tasas judiciales es exclusivamente recaudatoria", remarca.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado julio el proyecto de ley que regula las nuevas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con el que busca "racionalizar" el ejercicio de la potestad jurisdiccional y asegurar el sostenimiento del sistema de la Justicia Gratuita, puesto que la recaudación contribuirá a financiar este servicio destinado a los ciudadanos que carecen de recursos para litigar.

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