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GALICIA

La oposición pedirá en el pleno la devolución de la Ley de Convivencia por el rechazo de la comunidad educativa

Socialistas y nacionalistas llevan una propuesta legislativa conjunta para "evitar pérdida" de derechos de los habitantes de las Illas Ons
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Los grupos de la oposición --PSdeG y BNG-- pedirán este martes, en la primera jornada del pleno de la Cámara autonómica, la devolución del Proyecto de Ley de Convivencia y Participación de la Comunidad educativa por el rechazado que ha recibido en los órganos escolares y porque, a su juicio, no responde a las necesidades del sistema educativo gallego.

Así lo transmitirán en el debate de totalidad que se celebrará este martes y en el que darán a conocer sus enmiendas a la totalidad del texto, a las que ha accedido Europa Press, y en las que esgrimen distintos aspectos en los que basan su rechazado a la normativa que, en todo caso, será apoyada por la mayoría parlamentaria que ostenta el Grupo del PPdeG.

De esta manera, los socialistas arguyen que el texto "obvia el proceso que figura en su propio título", la participación de la comunidad educativa; y recuerdan que el documento "fue ampliamente rechazado por los sectores de la comunidad educativa y su máximo órgano democrático de participación", el Consello Escolar de Galicia.

El PSdeG también señala que "no parece que la formulación jurídica por la que opta el Gobierno gallego sea la más conveniente" para una buena parte de los contenidos de su articulado, "carece de un informe-diagnóstico" de la situación, "obvia todo el marco normativo existente", e incluso adopta una "concepción en la que consideración de la convivencia educativa contraria a la indicada por la legislación vigente".

Además, el Grupo de los Socialistas reprocha que el texto legal "trata de atender a compromisos del presidente de la Xunta" en materia que "nada tiene que ver con el ámbito de esta ley", en referencia a las encuestas a padres, "de farragoso articulado, dudosa legalidad y peor redacción", con las que se pretende --dice-- "cubrir decisiones tomadas con anterioridad por la actual Xunta en el impuesto decreto sobre la lengua gallega que en su día fueron calificadas de ilegales".

"INOPORTUNO"

Por su parte, el Grupo Parlamentario del BNG cree "inoportuno" presentar esta ley que fue "rechazada" --coincide con los socialistas-- por la comunidad educativa; al tiempo que estima que está redactada "desde la filosofía de la prohibición y no de la educación participativa". "No se avanza en la participación de la comunidad educativa, ni el profesorado ni el estudiantado podrá ser consultado al respecto de temas educativos", apunta, asimismo.

Critica, en este sentido, que "no se determinan mecanismos para la participación de padres a voluntad propia" y "no se recoge la necesaria regulación para la verificación de autenticidad y neutralidad" de la consulta por parte de los sectores interesados.

Para los nacionalistas, además, la ley tiene "como objeto prioritario reducir la presencia de la lengua gallega en la enseñanza", ya que --reprocha-- da "rango de ley a las consultas a las familias para determinar la lengua de la enseñanza".

Otro de los argumentos aportados por el Bloque radica en que "no existe ningún mecanismos en la norma que contribuya al incremento real de la valorización social" de la función docente. "En este momento, la enseñanza pública necesita un compromiso presupuestario claro por parte de la Administración educativa, no obstante, la presente ley, no supondrá incremento del coste económico", denuncia, finalmente, el BNG.

DEFENSA DEL PPDEG

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha defendido, precisamente este lunes en rueda de prensa, el proyecto de ley de convivencia como una iniciativa "necesaria para actualizar las normas" vigentes en esta materia y la ha abierto a "las posibles mejoras" que se puedan aportar en el trámite que comienza ahora.

Puy ha destacado que el proyecto entra en el Parlamento gallego tras haber sido informada por el Observatorio da Convivencia Escolar --del que se han incorporado 19 enmiendas-- y revisada por el Consello Escolar, al que se admitieron 18 de sus sugerencias. A juicio del PPdeG se trata de un proyecto de ley "oportuno", dado que "diversos informes" ponen de manifiesto "la necesidad de mejorar la calidad del sistema educativo".

Entre otras medidas, el proyecto de ley --que se tramitó en enero en el Consello Escolar y que recibió en marzo luz verde del Consello de la Xunta-- reconoce la condición de "autoridad pública" y la presunción de veracidad para el mantenimiento de la "disciplina"; faculta a los centros de regular la vestimenta de los alumnos y da facultades para la participación directa de las familias en el proceso educativo a través de "mecanismos de consulta y participación directa".

LEY PARA CAMBIAR LA SITUACIÓN ONS

Por otro lado, no será el único texto legal que este martes será debatido en el hemiciclo gallego, puesto que socialistas y nacionalistas llevan su primera propuesta legislativa conjunta de la legislatura, por la cual se excluirían del domino público de titularidad de la Comunidad Autónoma los núcleos residenciales de las Illas de Ons y Onza, en el Parque Nacional das Illas Atlánticas. Con ello, buscan evitar la "pérdida de derechos" de los habitantes isleños con respecto a los peninsulares, pero preservando la conservación de los recursos naturales.

El texto legislativo, al que accedió Europa Press, y que fue registrado con las firmas de los portavoces del grupo del PSdeG, Abel Losada, y del BNG, Carlos Aymerich, recalca la necesidad de otorgar un "tratamiento específico y diferenciado" a los núcleos poblados de las Illas Atlánticas, que se concentran, principalmente, en Ons.

En todo caso, la propuesta legislativa implicaría que sólo se podrían realizar mejoras o restauraciones de acuerdo con el estilo tradicional en los edificios ya existentes, y con fines de uso público, higiene, adecuación al paisaje y bienestar de la población residente.

Así, según recoge el texto, ese reconocimiento concreto, sobre el estatus jurídico de los terrenos ocupados por núcleos residenciales en el conjunto de las Illas Atlánticas, sería "perfectamente compatible con la conservación del medio natural".

Del mismo modo, los proponedores de esta iniciativa legislativa se amparan en la propia Ley 5/2001, que piden modificar para otorgar este nuevo estatus jurídico, "legitima la adopción de una solución" que permita "evitar la pérdida de derechos de los habitantes de las Illas Atlánticas, asegurando en todo caso, el pleno respeto de sus valores naturales".

Para nacionalistas y socialistas, resulta "incontestable" que la "especial situación" de los núcleos residenciales de la Ons "no puede derivar en su calificación como bienes de dominio público", ya que conviven el público pero no están destinados a un uso y servicio de esas características, sino que, por el contrario, se destina "a usos estrictamente privados de sus habitantes".

Además, la posibilidad de modificar la Ley 5/2001, que establece el régimen de concesiones sobre las viviendas de la isla de Ons, también motivó que la Xunta encargase un informe jurídico en noviembre del año pasado determinar su viabilidad.

En otro orden de cosas, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, responderá en la sesión de control al Gobierno del miércoles a la situación de los medios de comunicación públicos en Galicia (en el caso del BNG) y sobre la inversión pública (a preguntas del PSdeG).

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