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El Ministerio de Justicia avanza en la implantación de la Nueva Oficina Judicial

El Gobierno se compromete a pagar a las CCAA el sobrecoste de la justicia gratuita por la elevación de umbrales y la incorporación de víctimas especialmente vulnerables en este sistema de asistencia.

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El Ministerio de Justicia ha informado hoy a los representantes de las comunidades autónomas que han participado en la Conferencia Sectorial sobre los avances que se han realizado a lo largo del último año en materia de modernización e interoperabilidad y sobre el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial.

Tras detallar la situación de la última implantación en Ceuta, donde el periodo de estabilización y puesta en marcha puede darse ya por cerrado, los representantes ministeriales han garantizado que seguirán impulsando su desarrollo y han detallado que los trabajos están ya muy avanzados en cuatro comunidades autónomas. Así, antes de que finalice la legislatura, el objetivo es que en Melilla, Palma de Mallorca,Plasencia y Ponferrada cuenten ya con la Nueva Oficina Judicial, un modelo que si bien avanza sin prisas lo hace de forma progresiva y con acierto, tal y como quedó demostrado el pasado mes de noviembre cuando la Comisión Europea decidió financiar un proyecto para que España exporte este modelo a Croacia. Asimismo, en Murcia, pionera en la implantación de la NOJ, se ampliará a la jurisdicción civil.

Entre los asuntos relacionados con la interoperabilidad de los diferentes sistemas tecnológicos, el Ministerio ha informado sobre otro de los puntos más destacados de este último año: la constitución el pasado julio del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), cuyo objetivo es conseguir una interoperabilidad global, consecuencia de un proceso integral, donde los sistemas de información tengan capacidad plena para compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimientos entre ellos.

También se abordó el resultado obtenido por distintos grupos de trabajo, en los que participan distintas comunidades autónomas, el Ministerio y el Consejo General del Poder Judicial, así como los convenios de colaboración firmados y que están en tramitación, como en el que trabaja Justicia y la entidad pública empresarial Red.es para la Coordinación Estratégica y Desarrollo de Servicios Avanzados en el ámbito de las Tecnologías de la Información en la Administración de Justicia, con el que se pretende generalizar el expediente electrónico.

A través de este convenio, Justicia tiene prevista una aportación de 1,1 millones de euros entre 2014 y 2015, a la que hay que sumar los 1,5 millones que aporta Red.es a través de los fondos de cohesión FEDER. Estas cantidades serán invertidas en el desarrollo del Sistema Integrado de Justicia y en su implantación en Extremadura y Castilla-La Mancha.

El Sistema Integrado de Justicia tiene por objeto el desarrollo de un sistema de gestión procesal, que de forma paulatina sustituya al actual territorio Ministerio de Justicia y esté a disposición de todas las Administraciones con competencias en el ámbito de la Justicia para complementar los suyos propios.

Justicia gratuita

Por otro lado, el Ministerio de Justicia ha propuesto hoy a las comunidades autónomas asumir con cargo a lo recaudado con las tasas judiciales el sobrecoste que les supondrá la aplicación de la nueva Ley de Asistencia Justicia Gratuita, en la que se ha ampliado el número de beneficiarios. Este aumento del coste se ha producido al elevarse los umbrales dentro de los que se puede solicitar este servicio y al haber incorporado a colectivos de víctimas especialmente vulnerables con independencia de su renta.

Durante el encuentro, los representantes ministeriales han explicado a los autonómicos que la justicia gratuita ya fue financiada en el momento en el que se produjeron las transferencias en materia de Justicia, por lo que cualquier aportación indiscriminada implicaría una doble financiación. Desde la Administración General del Estado se cubrirá el mayor coste generado por la ley.

Con el objetivo de garantizar una aplicación equitativa de la norma, se preverá un incremento máximo de la aportación de cada comunidad. Como referencia se tomará la variación media que registren las comunidades del territorio Ministerio (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Baleares) y se establecerá que las aportaciones que reciban el resto puedan alcanzar hasta el triple de ese porcentaje de variación.

Con esta medida se garantizará que la justicia gratuita se preste de forma homogénea en todo el territorio nacional, al aportar el Estado los recursos suficientes para sufragar los incrementos de coste que provocó el Real Decreto Ley de 22 de febrero que modulaba la cuantía de las tasas y adelantaba la entrada en vigor de las novedades que incluirá la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

A lo largo de 2014 se recibirán y analizarán los datos de las comunidades correspondientes a 2013, y en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 se recogerán los importes que se tendrán que abonar a cada una de ellas.

El Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado en enero de 2013, amplía por primera vez desde 1996 el número de beneficiarios de justicia gratuita al incrementar los umbrales económicos de acceso (se amplía el umbral de 14.000 a 15.000 euros anuales, 2,5 veces el IPREM) y los colectivos que podrán acogerse a este servicio.

Los colectivos que pasan a ser beneficiarios de la justicia gratuita con independencia de su renta son las víctimas de violencia de género; terrorismo; trata de seres humanos; menores y discapacitados psíquicos que hayan sido víctimas de abusos, y víctimas de accidentes con secuelas permanentes que reclamen indemnizaciones por daños.

Consejo Médico Forense

Asimismo, el Ministerio de Justicia ha informado a las diferentes comunidades autónomas sobre el Proyecto de Real Decreto que en el primer semestre del 2014 dará luz verde al Consejo Médico Forense, una antigua aspiración del colectivo de médicos forenses, y que se constituirá como órgano técnico de consulta y asesoría para las Administraciones Públicas, los Institutos de Medicina Legal y la Administración de Justicia.

A través de este Consejo se coordinarán los Institutos de Medicina Legal, los Institutos Médico Forenses, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y otros organismos con el objeto de establecer unos protocolos de actuación comunes para realizar las diferentes pericias ante casos concretos.

El Pleno del Consejo lo integrarán representantes de todas las administraciones e instituciones que puedan recabar estudios y dictámenes y un Comité Científico-Técnico integrado por médicos forenses de distintas especialidades que serán quienes elaboren las propuestas e informes científicos

Durante el desarrollo de la sectorial, el Ministerio también informó a los representantes de las distintas comunidades autónomas de las reformas legislativas en las que trabaja, especialmente, la Ley Orgánica del Poder Judicial, que será elevada como anteproyecto de ley al Consejo de Ministros en las próximas semanas.

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