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JUSTICIA

Los sindicatos convocan movilizaciones desde hoy ante el Ministerio de Justicia contra la nueva LOPJ

CSI-F convoca dos días consecutivos de concentraciones para exigir que no se amorticen plazas ni se acometan traslados forzosos de funcionarios
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Los sindicatos han convocado para este martes movilizaciones frente al Ministerio de Justicia para protestar contra el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, al entender que constituye un "claro insulto" a los funcionarios y un "ataque sin precedentes" a la ciudadanía y al empleo en los tribunales.

CSI-F, mayoritario en el sector, ha convocado dos días consecutivos de concentraciones, por lo que sus delegados volverán el miércoles a las puertas del Ministerio para exigir que la normativa se "negocie" con los representantes sindicales. "Si Gallardón se niega a que tengamos voz y voto en la reforma de la Justicia, nos tendrá enfrente y en una postura beligerante", avisa.

CC.OO. ha advertido también de que el mantenimiento de todos los puestos de trabajo no está "en absoluto" garantizado y ha anunciado que iniciará un "durísimo proceso de negociación y movilización" si el Gobierno acomete traslados forzosos de funcionarios y modifica sus retribuciones.

En las concentraciones, que comenzarán a las 17.00 horas, las centrales sindicales mostrarán su preocupación por que el ministro de Justicia trate de "destruir el tejido judicial", asestando un "duro golpe" a la justicia de proximidad y obligando a millones de personas a trasladarse desde su población a capitales de provincia.

Más competencias a los procuradores

Para CSI-F, la reforma podría conllevar una amortización de plazas, reordenaciones generalizadas, movilidad geográfica u obstaculización de la Carrera profesional. "Se limitan al 30% las plazas de promoción interna, lo que supone coartar el derecho a la carrera profesional", añade.

Denuncia que la implantación de tribunales de instancia no asegura la permanencia de todas las sedes judiciales a medio plazo y añade que muchas no tienen funciones específicas fijadas. Además, alerta de que el Gobierno ha arrebatado competencias a los funcionarios para entregárselas a otros colectivos.

"Ahora le toca entregar los actos de comunicación, los embargos y la ejecución a los procuradores --añade--. Desde CSI-F seguimos defendiendo la obligación de que determinadas materias en las que tiene que haber una máxima objetividad e imparcialidad continúen en manos de los funcionarios, como mejores garantes de esas virtudes".

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