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HIPOTECARIO

La abogacía catalana ofrece una propuesta integral de modificación legislativa que da respuesta a los desahucios y ejecuciones hipotecarias

El decano del Colegio de Abogados de Barcelona y presidente del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, Pedro L. Yúfera, ha afirmado que para evitar los desahucios y las ejecuciones hipotecarias de forma efectiva es necesaria la regulación - hasta ahora inexistente en el ordenamiento jurídico español- del sobreendeudamiento personal y familiar.

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Esta es la principal conclusión del estudio elaborado por un grupo de juristas, a raíz de la iniciativa de la abogacía catalana, que han analizado la normativa en desahucios y las ejecuciones hipotecarias, y que han tenido en cuenta todos los pronunciamientos que se han dictado desde los organismos europeos con el objetivo de dar una respuesta transversal y efectiva a esta problemática.

Por este motivo, el decano de los abogados de Barcelona ha valorado de insuficientes el Real Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la
protección de deudores hipotecarios así como el Real Decreto Ley 8/2011; que aunque recoge la ampliación hasta el 60 % del valor por el cual el acreedor puede pedir la adjudicación cuando no concurra postor en la subasta, deja igualmente en una situación de riesgo a las personas que sufren este procedimiento por la deuda que aún mantienen, una vez desahuciadas.

Propuestas para evitar los desahucios y ejecuciones hipotecarias
El grupo de expertos que han elaborado este estudio han concluido que la mejor manera de evitar los desahucios es que las personas que se encuentren en una situación de insolvencia puedan paralizar las reclamaciones judiciales sobre su vivienda habitual familiar y solicitar la tramitación de un procedimiento de liquidación ordenada de la deuda. Es decir, que el procedimiento se realice a través de unas Comisiones de sobreendeudamiento (no por vía judicial) -formadas por mediadores, administradores concursales, miembros de entidades financieras y consumidores designados por la Administración autonómica- que establecerán un acuerdo teniedo en cuenta cada caso y situación.

Por ello se considera necesaria la modificación de determinados aspectos procesales de ejecución de las hipotecas, de manera que se pueda alegar en defensa de la persona desahuciada la existencia de cláusulas abusivas -ya que actualmente no es posible hacer esta argumentación en la defensa de un clientelo que permitiría poder solicitar la suspensión de la tramitación de la ejecución hipotecaria.

Yúfera también ha expuesto que se debe modificar el límite embargable al deudor en las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual. En este sentido, se expone que no sea embargable el salario mínimo interprofesional incrementado en un 50%, más otro 30% por cada miembro de la familia que no disponga de ingresos. Con esta medida lo que se pretende es garantizar que las personas desahuciadas puedan disponer de una cuantía mínima para vivir, y por debajo de la cual no se les puedan sustraer dinero para hacer frente a la deuda pendiente.

La propuesta también recoge liberar los costes fiscales al deudor (en relación a la llamada plusvalía municipal) y al acreedor.

Medidas ya propuestas por la abogacía catalana - Antecedentes
El estudio también recoge algunas de las propuestas ya planteadas en marzo de 2011 por la abogacía catalana y que fueron presentadas ante la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados por parte de Pedro L. Yúfera y del diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona, Jesús Sánchez. Así por ejemplo, se considera imprescindible incrementar del 60 al 80 el porcentaje del valor de la vivienda cuando el acreedor se le adjudique en un procedimiento judicial. Por este motivo, se propone que sea a través de un procedimiento notarial la entrega de la vivienda para los casos no amparados por el llamado Código de Buenas prácticas Bancarias, que pueda permitir la
cancelación de la deuda con la entrega de la vivienda habitual.

Medidas sociales
Para paliar la actual situación de los desahuciados, el informe también establece unas medidas sociales. El decano del Colegio de Abogados de Barcelona y presidente del CICAC, Pedro Yúfera, ha pedido reservar un mínimo del 30% de las viviendas que integrará el llamado 'Banco Malo' (SAREB) para destinarlos en régimen de alquiler a las personas en riesgo de exclusión social, y que estas viviendas sean gestionadas en colaboración con las entidades sociales y administraciones públicas.

Evitar los desahucios del futuro
Yúfera también ha explicado que para evitar los desahucios en el futuro, el crédito hipotecario concedido debería ser inferior a los 30 años (plazo máximo) y de un importe no superior al 90% del valor de tasación de la vivienda o el valor del precio establecido en la escritura de compra.

Estudio realizado por magistrados, notarios, secretarios, profesores de derecho y abogados
El estudio ha sido realizado por el diputado de la Comisisó de Normativa del Colegio de Abogados de Barcelona, Jesús Sánchez; por el notario Ángel Serrano; los magistrados Pablo Izquierdo, Guillem Soler y Gemma Vives; por las secretarias judiciales Lourdes Escuela y M ª Carmen
Bernal, por el catedrático de derecho procesal Manuel Cachón; los profesores de derecho procesal y abogados Núria Mallandrich, Christian Herrerra y Vicente Pérez Daudí; por el profesor de derecho mercantil y diputado del Colegio de Abogados de Girona Martí Batllori; por el abogado y
secretario de la sección de derecho concursal del ICAB Josep Capdevila; por los abogados Verónica Dávalos, Paz Cano y Josep Guiu, y por el coordinador de la Comisión de Normativa del ICAB, Isidor García.

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