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MADRID

La Ley de Telecomunicaciones verá hoy su aprobación definitiva en el Congreso

El Congreso dará hoy luz verde definitiva a la Ley General de Telecomunicaciones tras su paso por el Senado.

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Se suprime la previsión de que las competencias en materia de telecomunicaciones que no hayan sido atribuidas expresamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o a cualquier otro organismo sean ejercidas por el Ministerio de Industria.

Plazo ampliado

El plazo para que los operadores controlados por las administraciones públicas se adapten al nuevo régimen de instalación y explotación de redes públicas se amplía de seis meses a un año.

El Ejecutivo deberá aprobar un real decreto donde se especifiquen las condiciones en que deberán realizarse estas publicaciones.

Además, se incrementa la horquilla de las multas que el Ministerio o la CNMC pueden imponer para asegurarse el cumplimiento de las resoluciones o requerimientos de información que dicten. Podrán fijarse multas coercitivas de entre 125 y 30.000 euros diarios.

Redes

Respecto al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónica, tanto los de tipo aéreo como los realizados por las fachadas deberán elaborarse en la medida de lo posible siguiendo las canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados. No podrán ejecutarse en edificios del patrimonio histórico o cuando puedan afectar a la seguridad pública.

Por otra parte, se introduce una nueva disposición relativa a las estaciones radioeléctricas de radioaficionado, cuya instalación quedará sujeta a la Ley de Liberalización del Comercio, aprobada en diciembre de 2012 y que exime a ciertas actividades de obtener licencia administrativa, bastando para empezar a funcionar con una declaración responsable. Todo ello sin perjuicio de las exigencias de la Ley sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados, de 1983, y su normativa de desarrollo.

Objetivos

Los objetivos de su tramitación fueron defender el derecho de los usuarios a oponerse a recibir llamadas comerciales no deseadas, garantizar que todos los hogares españoles tengan acceso a una velocidad mínima de Internet de 10 megabits por segundo (Mbps) en el año 2017 y a que, tres ejercicios más tarde, la banda ancha llegue a los 30Mbps y al menos la mitad del hogares puedan disponer de acceso a servicios de velocidades superiores a 100Mbps.

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