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HUELGA JUSTICIA

La huelga es secundada por un 62% de los jueces y fiscales, según los convocantes

Un total de 2.553 de jueces y fiscales de toda España ha secundado este miércoles la jornada de huelga convocada por las asociaciones contra las reformas legislativas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, lo que representa un 62% de las Carreras, según ha recabado hasta el mediodía el Comité Nacional de Huelga.

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Cientos de jueces, fiscales, abogados y funcionarios de la Administración de Justicia se han concentrado a mediodía ante las sedes judiciales para escenificar el malestar contra las políticas de Gallardón, en particular, contra la falta de medios y la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Sí hay dinero, lo tiene el tesorero", ha sido uno de los gritos coreados ante la sede del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El Comité Nacional de Huelga, formado por cinco asociaciones de jueces y fiscales, ha informado que se han suspendido 10.000 juicios y señalamientos en toda España en protesta contra la baja inversión en Justicia y bajo la reivindicación de reforzar los juzgados, incrementar los medios en la lucha contra la corrupción, derogar las tasas, reformar la ley del indulto y retirar la reforma del CGPJ.

En los juzgados de Instrucción de la madrileña Plaza de Castilla, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha expuesto que la jornada de paro ha sido secundada en un 66% en Madrid, en un 56 por ciento en Cataluña, en un 74% en Extremadura y en un 79% en Andalucía.

Ha indicado que en Aragón ha sido respaldada por un 71%, en Valencia por un 59%, en el País Vasco por un 54% y en Murcia por un 62%. En el Tribunal Supremo el único magistrado que ha comunicado formalmente su intención de ir a la huelga ha sido Rafael Sarazá. Todas las vistas señaladas se han celebrado, aunque se está a la espera de recibir el seguimiento que ha tenido la jornada de paro en el alto tribunal.

En la Audiencia Nacional, jueces y fiscales como los magistrados Eloy Velasco o Javier Martínez Lázaro junto a fiscales como Vicente González Mota, Miguel Ángel Carballo, Dolores Delgado o Juan Antonio García Jabaloy han participado en las concentraciones de mediodía ante las sedes judiciales.

Para el portavoz de Jueces para la Democracia, las cifras revelan que, pese a que el ministro cuestionaba el seguimiento del paro, los jueces y fiscales han manifestado su oposición a "los ataques al Estado de Derecho", a la "falta de medios y al desmantelamiento del servicio púbilco de la Justicia".

Incapacidad de Gallardón para gestionar la crisis

El portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, ha leído un manifiesto suscrito por las organizaciones en el que ponen en evidencia que han tratado de negociar con el Ministerio desde hace meses y de adoptar medidas que no supongan un "quebranto" para los justiciables.

Ante la "incapacidad" de Gallardón para gestionar esta crisis, han solicitado una reunión con el mismo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Sin embargo, la ausencia de respuesta y de voluntad de diálogo les ha obligado a llegar a esta situación. "Lamentamos que si hubiera habido una respuesta institucional, se hubiera desbloqueado la huelga", han dicho.

En este escenario, han criticado la falta de respaldo del Consejo General del Poder Judicial, así como la "enorme falta de responsabilidad" del propio ministro, al que siguen emplazando a abrir cauces de diálogo para impedir la escalada del conflicto.

"Pedimos al poder político que elimine cualquier tentativa de eliminar competencias al Consejo General del Poder Judicial y que dote de medios y mejore la paupérrima situación de la Justicia. Juntos podemos", han advertido.

La protesta ha sido convocada por la Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Ha sido respaldada por la 'Plataforma Justicia para Todos', que reúne al Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos CCOO, UGT; CSI-F, USO y STAJ.

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