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JUSTICIA

España apoya la creación de una Fiscalía Europea colegiada que combata los delitos financieros

Las actividades de investigación, la adopción de medidas urgentes y los recursos ante los tribunales nacionales serán competencia de los Fiscales Europeos Delegados, según un comunicado del Ministerio de Justicia.

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Maza, juez, justicia

Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, reunidos hoy en Bruselas, han debatido la propuesta de Reglamento del Consejo relativa a la creación de una Fiscalía Europea destinada a combatir las infracciones contra los intereses financieros de la Unión.

Un estudio de impacto realizado por la Comisión Europea calcula que en los últimos tres años se ha registrado un fraude de unos 500 millones de euros en este ámbito. Las grandes diferencias existentes entre los Estados miembros a la hora de perseguir este tipo de delitos han constituido uno de los principales capítulos a debate, además del tipo de estructura y organización que convienen aplicar a esta nueva entidad comunitaria.

El ministro de Justicia español ha manifestado su compromiso con 'una iniciativa que implica un transcendental avance en la construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE". Ruiz-Gallardón ha expresado "el firme apoyo de España para constituir cuanto antes una Fiscalía Europea eficaz y eficiente, tal como nos lo exigen nuestros ciudadanos en tanto que contribuyentes a las arcas públicas".

La constitución de esta Fiscalía Europea representa un nivel superior de integración en relación a las vías hasta ahora existentes, como son el reconocimiento mutuo de resoluciones, la cooperación judicial entre Estados miembros o la armonización de infracciones y sanciones. Por ello, tanto la atribución de competencias exclusivas a la Fiscalía Europea sobre delitos financieros como las posibles competencias accesorias sobre delitos conexos a estos, son especialmente complicadas, como lo son también las cuestiones que pudieran afectar a las reglas de jurisdicción nacionales (por ejemplo, todo lo relativo al inicio de investigaciones).

Frente a un modelo personalizado en un Fiscal Europeo -que nombraría el Consejo con el consentimiento del Parlamento Europeo-, propuesto por la Comisión Europea, un grupo de diez países miembros, entre los que se encuentra España, ha defendido una estructura central colegiada, combinada con una máxima descentralización para el ejercicio de la mayoría de las competencias operativas por los Fiscales Europeos Delegados ubicados en cada Estado miembro.

De este modo las actividades de investigación, la adopción de medidas urgentes, las transacciones y el ejercicio de recursos ante los tribunales nacionales recaerán de modo ordinario sobre los Fiscales Europeos Delegados. Según este modelo, el nivel central podría tener competencias de supervisión e incluso dar instrucciones en determinados casos a los Fiscales Europeos Delegados, así como la posibilidad de decidir sobre la jurisdicción nacional donde presentar un caso o acordar el archivo definitivo de las actuaciones.

El control jurisdiccional de los actos de la Fiscalía Europea quedaría encomendado, según la propuesta española, a los órganos jurisdiccionales nacionales, por lo que esta entidad tendría la consideración de autoridad nacional. Aunque independiente, mantendrá una relación especial con Eurojust en aspectos operativos, administrativos y de gestión. También tendría que interactuar con otros órganos ya existentes, como Europol, así como con las autoridades nacionales tanto policiales como judiciales y relativas a la fiscalía.

En cualquier caso, el titular de Justicia ha reiterado su propuesta de que este modelo sea revisado a los cinco años de su puesta en marcha para valorar entonces su eficacia y estudiar si son necesarios algunos ajustes en su estructura, en su funcionamiento o, incluso, en los asuntos objeto de la Fiscalía común.

Garantías procesales de los menores

Los ministros de Justicia también han abordado la propuesta de Directiva relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en procesos penales. Se pretenden establecer unas normas mínimas específicas en relación con estos menores para promover a su respecto la aplicación de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. La Presidencia griega de la UE ha iniciado la tramitación de esta futura norma recabando en un texto de orientación general las posiciones primeras respecto al tema de los distintos Estados miembros.

Uno de los puntos debatidos durante esta sesión del Consejo ha sido la aplicación completa o parcial de las garantías procesales recogidas en la Directiva para los menores sospechosos o acusados de procesos penales que, durante el procedimiento que les afecta, cumplen la mayoría de edad. España ha defendido, tal como rige en nuestro sistema interno, la continuación de la aplicación de esas garantías procesales aunque, como ha destacado Ruiz-Gallardón en su intervención, "solo algunas garantías, como la asistencia de los padres a los interrogatorios o la información a éstos, dejan de tener sentido cuando el menor alcanza la mayoría de edad, puesto que la patria potestad deja de existir como regla general en ese momento".

Además, España es partidaria de la asistencia letrada obligatoria y no renunciable para estos menores desde el inicio del procedimiento contra ellos y en todo caso. En cuanto a la publicidad de los juicios a menores, la postura defendida por el ministro de justicia español contempla que sean públicos normalmente pero con flexibilidad para permitir excepciones caso por caso.

Protección de datos

El avance en la legislación europea sobre la protección de datos ha sido otro de los asuntos tratados en este JAI. España, uno de los estados miembros con una normativa específica más avanzada en este ámbito, defiende que el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de datos debe servir no solo para unificar criterios y garantizar la protección de la libre circulación de los datos en toda la UE, sino que debe establecer unos modelos de seguridad que tipifiquen los distintos riesgos y que dé flexibilidad que permitan adaptar la regulación a la complejidad del sector público sin incrementar la burocracia.

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