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4 años de cárcel para una abogada que entregó un contrato falso a un extranjero para obtener la residencia

Una abogada y su asesor jurídico irán a la cárcel tras haber entregado un contrato de trabajo falso a un ciudadano senegalés para obtener la residencia legal en España.


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La sentencia de AP Vizcaya de 13-12-16 (EDJ 261081) ha condenado a sendas penas de 4 años y 9 meses de prisión a una abogada bilbaína y a su asesor jurídico, por el delito de falsedad en documento oficial en concurso con un delito de estafa agravada, por cobrar 2.300 euros a un extranjero de origen senegalés al que entregaron un contrato de trabajo falso bajo la promesa de conseguir la residencia legal en España. Además, los condenados deberán devolver la cantidad de 2300€ cobrada a la víctima por realizar la falsificación.

La sentencia recoge que los acusados, actuando como asesores jurídicos, puestos de común acuerdo y con el objetivo de obtener un enriquecimiento ilegítimo, contactaron con un ciudadano senegalés, a quien ofrecieron gestionar su solicitud de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, según la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.

El estafado presentó ante la Subdelegación del Gobierno de Vizcaya una solicitud de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, aportando para ello la documentación que le habían entregado el acusado y la acusada.

Entre esa documentación se encontraba un contrato de trabajo en que aparecía la víctima en calidad de empleado de hogar externo contratado por una mujer.

Denegada la solicitud al varón senegalés, éste se puso en contacto con la acusada y el acusado, quienes le manifestaron que volviese a solicitarla y le entregaron nueva  documentación.

En esta segunda ocasión, el contrato era de otra fecha y la empleadora era otra mujer, con residencia en Berriz (Vizcaya). También se acompañaba DNI de la empleadora y copia de declaración de IRPF del ejercicio 2011, todos estos documentos eran falsos, al igual que en la primera ocasión. Esta segunda solicitud de regularización también fue denegada y la víctima reclamó por los perjuicios causados.

Contra esta sentencia, declarada firme, no cabe recurso alguno.



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