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CONVENIO

Las mujeres españolas víctimas de violencia de género en el exterior tendrán asesoramiento y protección

El convenio busca facilitar la repatriación cuando la situación lo exija según la normativa, fortalecer la formación del personal de la Administración General del Estado en el exterior y mejorar los cauces de asesoramiento e información a las víctimas.

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Los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Empleo y Seguridad Social, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad han suscrito un convenio para establecer un marco de colaboración que permita articular una serie de medidas destinadas a mejorar la atención, asistencia y protección de las mujeres españolas que residan en el extranjero y sean víctimas de violencia de género. Para ello, además de promover iniciativas basadas en la igualdad, se activarán propuestas y decisiones para prevenir situaciones de malos tratos y para abordarlas de modo rápido y eficiente en cuanto las embajadas y oficinas consulares españolas tengan conocimiento de ellas.

El convenio, que han firmado la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, y los subsecretarios de los departamentos de Asuntos Exteriores, Cristóbal González-Aller; y de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, incorpora iniciativas de los tres ministerios y proviene tanto de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de 2004; de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, aprobada en 2013 y de la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, del año pasado. En todas ellas figura el compromiso por atender y asistir a las víctimas de violencia de género españolas que residan fuera, así como por promover la igualdad y atajar el maltrato a la mujer.

Así, en el campo de actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, aparecen medidas como:

  • Prestar protección y asistencia consulares necesarias a las españolas víctimas de violencia de género.
  • Organizar, y cuando así proceda, adelantar el coste de la repatriación de la mujer y de sus hijos e hijas víctimas de violencia de género, cuando la situación lo exija según la normativa sobre repatriación.
  • Expedir pasaportes o salvoconductos en caso de caducidad, pérdida o sustracción de la documentación personal, de acuerdo con la normativa vigente.

Además, se plasma la apuesta por ofrecer más información, por fortalecer la prevención o por orientar sobre los servicios médicos, educativos y legales del país de residencia, así como para hacer gestiones en materia de violencia de género, ante las autoridades locales.

Dentro de la órbita de actuación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social queda clara la propuesta por canalizar mejor la información disponible sobre la lucha contra la violencia de género, en especial la que alude a las normativas y a los recursos a los que las víctimas, y sus hijos, tienen derecho. Información que, según los casos, abarcará también la legislación y recursos que ofrezca el país de acogida. Otras medidas destacadas son:

  • Mantener relaciones de cooperación y ayuda con las asociaciones de ciudadanos españoles residentes en el extranjero y con las mujeres españolas en ese ámbito allí donde existan, fomentando en especial la sensibilización y la formación.
  • En el marco de la gestión de las ayudas asistenciales en favor de españoles en el exterior, tener en especial consideración la condición, en su caso, de víctima de violencia de género de las españolas que las soliciten.

Las medidas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se centran en particular en la sensibilización, concienciación y formación, y así, el convenio establece el compromiso de dar formación en materia de igualdad y contra la violencia de género al personal de la Administración General del Estado en el exterior, con el fin de aumentar el bagaje de conocimiento sobre dicha materia. También es un aspecto a recalcar la colaboración con las comunidades autónomas para llevar a cabo una mejor coordinación en caso de retorno, de tal forma que, una vez en el país de origen, puedan ejercer los derechos reconocidas en la ley de 2004 que les sean de aplicación y acceder a los servicios y ayudas definidas.

Una comisión mixta de seguimiento hará periódicamente una evaluación sobre el grado de cumplimiento de este convenio.

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