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Cándido Conde-Pumpido

"La responsabilidad penal de las personas jurídicas de la Reforma Penal es compleja"

Cándido Conde-Pumpido, Fiscal General del Estado

La Fiscalía ha colaborado activamente en la preparación del nuevo texto del Código Penal, especialmente en las cuestiones referidas a la persecución de conductas criminales de singular incidencia, como el terrorismo. El Fiscal General del Estado profundiza en éste y otros aspectos de la actualidad juridica nacional, como la "necesidad inaplazable" de la modernización de la Justicia, que, en su opinión, implica "un cambio en el funcionamento del proceso y en las mentalidades".

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1 -¿Cómo describe la labor de la Fiscalía en los últimos años?

Eficaz, innovadora y comprometida con las necesidades y las legítimas exigencias de los ciudadanos. El Fiscal ha apostado por ocupar de una vez el lugar que le atribuye la Constitución en el núcleo del Estado de Derecho. En ella se define al Ministerio Público como una institución dotada de autonomía, que actúa con arreglo a los principios de legalidad e imparcialidad, y cuya misión no es sólo, como se decía en las formulaciones más clásicas, la defensa de la legalidad, sino que se extiende, significativamente de modo explícito, a la defensa de los derechos de los ciudadanos, y todo ello en medio de una novedad no menos relevante, y es que la propia Constitución dice que el Fiscal debe procurar la aplicación de la ley conforme al interés público, y acto seguido identifica interés público con interés social.

Ese es el esfuerzo que los Fiscales han hecho especialmente en los últimos años: tratar de acercarse al interés social, situándose en posiciones de vanguardia, en la tutela de los derechos de los ciudadanos allá donde la sociedad lo reclama más intensamente, o más urgentemente. El Fiscal "es Estado", pero representa a la sociedad y defiende sus intereses, y creo que gracias a un enorme esfuerzo colectivo, hemos dado grandes pasos en esa dirección.

2 -Desde que entró en vigor hace unos años el Estatuto del Ministerio Fiscal, ¿cómo se ha visto afectada la estructura y organización de la carrera fiscal?

Cuando en 1981 se promulgó, al hilo de la Constitución, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Legislador se ocupó principalmente, dentro de las posibilidades que entonces había, de introducir en la normativa del Ministerio Público los principios democráticos y constitucionales a los que acabo de referirme. Pero prácticamente dejó inalterada la estructura orgánica y funcional, que procedía directamente de la época de la Restauración, entre la Ley Orgánica Provisional de 1870 y la Ley Adicional a la de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Puede observarse, a título de ejemplo, que en la redacción original del Estatuto Orgánico, que ha estado vigente hasta 2007, ni siquiera aparecía el término Comunidad Autónoma.

Por eso, a partir de 2004 comenzamos a trabajar en un proyecto enormemente ambicioso, pero factible, que consistía en situar al Fiscal en el siglo XXI. Conseguimos, con ayuda del Gobierno y de distintos Grupos Parlamentarios, que en el año 2007 se aprobara una reforma profunda del Estatuto Orgánico, cuyo primer borrador habíamos redactado en la propia Fiscalía. En esa reforma se recogen y se consolidan las líneas básicas de ese cambio, que en muchos aspectos ya habíamos comenzado a poner en pie a través de la notable capacidad de autoorganización de la que goza esta institución, gracias al principio constitucional de autonomía orgánica. Así hemos ido haciendo realidad la especialización del trabajo, la revisión del mapa territorial del Ministerio Fiscal para acercar más y con mayor eficacia nuestra actuación a los ciudadanos, y el incremento de nuestra autonomía orgánica y funcional.

En este último aspecto se incluyen logros que van desde el establecimiento de un plazo fijo para el mandato del Fiscal General, que una vez nombrado ya no puede ser cesado por el Gobierno salvo por causas legalmente tasadas, hasta la multiplicación de órganos colegiados en todos los niveles de decisión de la Fiscalía, de manera que hoy no existe una sola decisión mínimamente relevante dentro del Ministerio Público que pueda se adoptada por una sola persona, y mucho menos por el Fiscal General del Estado, sin un soporte técnico jurídico y toda una serie de controles cruzados.

Hoy tenemos una institución mucho más sólida y al mismo tiempo muchísimo más flexible, más capaz de adaptar sus recursos y sus herramientas a los problemas que surgen en cada caso. Porque todos esos cambios eran y son instrumentales: en realidad, el objetivo final, yo creo que en muy buena medida alcanzado, era incrementar nuestra capacidad de ofrecer a los ciudadanos un servicio más eficaz para sus problemas.

3 -Usted ha apostado por la tecnología y la especialización de las fiscalía. Recientemente se ha inaugurado una nueva sede en Madrid en la que se agrupan todas las fiscalías especiales, ¿esto va a repercutir en un mejor servicio?

Tal y como acabo de explicar, el ofrecer un servicio más útil y más eficiente ha sido y es nuestro objetivo prioritario. La especialización del trabajo de los fiscales, coordinados por Fiscales de Sala, nos ha permitido reformular el principio de unidad de actuación, articulando una unidad de actuación especializada que supone que cualquier ciudadano, en cualquier lugar del territorio nacional, recibe una atención y un trato de idéntica calidad –la máxima- que es capaz de prestar el Ministerio Fiscal mediante el despliegue de todos sus recursos.

Esa tarea, centrada como digo en la coordinación de las diversas redes de fiscales especialistas que es extienden por todas las fiscalías territoriales, requiere, precisamente, dotar a las Fiscalías de suficientes medios humanos, materiales y jurídicos, y ofrecer soluciones tecnológicas idóneas para que la información y las decisiones puedan fluir prácticamente en tiempo real a través de esas redes especializadas.

La ubicación de todos los Fiscales de Sala coordinadores en un mismo edificio, enormemente funcional y que cuenta con grandes posibilidades en todos los sentidos, constituye una aportación muy valiosa para esa mejora de la eficacia. Se trata de un auténtico centro de operaciones en el que se concentra el ejercicio cotidiano de la coordinación del trabajo especializado de todos los Fiscales de en cada materia, y que además permite la coordinación transversal, es decir, que cada Fiscal de Sala especialista pueda trabajar en contacto inmediato con sus homólogos de las demás especialidades.

Podríamos decir que el edificio de la calle Ortega y Gasset es al mismo tiempo emblemático y estratégico, es el símbolo visible y el motor efectivo de la unidad de actuación especializada. Por tanto, esas nuevas instalaciones en el centro de Madrid resultan en realidad socialmente rentables a lo largo y ancho de toda la geografía nacional.

4 -La implantación del expediente electrónico, ¿va a afectar en la forma de trabajar de los fiscales?

Repito que nuestro objetivo ha sido y es poner al Fiscal en el siglo XXI, pero eso no es un capricho o una ocurrencia, sino una necesidad inexcusable e inaplazable. Resulta un auténtico dislate que las tecnologías que los ciudadanos tienen absolutamente incorporadas a su vida cotidiana, que les sirven para sacar las entradas cuando van al cine, para escuchar música o para encargar la compra, sean completamente ajenas a un servicio público esencial y de primera necesidad como es la Justicia. Hoy prácticamente nadie se comunica con su familia o con sus amigos escribiendo una carta en un papel, metiéndola en un sobre, poniéndole un sello y llevándola al buzón.

Y sin embargo, nosotros seguimos utilizando la via postal tradicional, y fórmulas trasnochadas que muchas veces los ciudadanos no comprenden en absoluto, y que provocan que la Administración de Justicia se vea como algo raro, lejano y obsoleto. Seguimos manejando legajos que han de ser físicamente traslados de un sitio a otro, se pierden, se descosen, pesan, dificultan la tarea de buscar cualquier dato dentro de ellos y suponen un coste de gestión enorme.

La implantación del expediente electrónico va a afectar a la forma de trabajar de los fiscales como las nuevas tecnologías en general afectan a nuestra vida. Con absoluta naturalidad, y sin duda alguna aportando más eficiencia en el tratamiento de la información. Eso sí, vamos a tener que hacer un importante esfuerzo de adaptación, pero le puedo asegurar que los Fiscales han hecho cosas bastante más complicadas en los últimos años. Con todo, modernizar de verdad no es solo digitalizar documentos o crear accesos remotos a los expedientes; modernizar es cambiar el funcionamiento del proceso, y cambiar las mentalidades. Y esto depende en buena parte de decisiones políticas valientes que se han hecho esperar demasiadas décadas.

5 -¿En qué consiste la Oficina Fiscal? ¿Qué paralelismos tiene, si los hubiera, con la Oficina Judicial?

La oficina del Fiscal –lo de "oficina fiscal" suena a dependencia de la administración tributaria- debe ser, sencillamente, una unidad funcional capaz e idónea para dar soporte administrativo, ágil y eficaz, pero al mismo tiempo seguro y riguroso, a la actuación jurídica del Ministerio Público. Para eso es posible que, precisamente, haya que huir de una equivocada, aunque históricamente persistente, tendencia a la asimilación y al paralelismo con la oficina judicial.

La forma del trabajar del Fiscal, la manera de organizar la Fiscalía y el contenido de la tarea que se lleva a cabo se parecen cada vez menos al funcionamiento de los órganos judiciales, si es que alguna vez se han parecido. El objeto es el mismo, la investigación de los delitos y el proceso penal, pero la perspectiva de aproximación y la tarea del Juez y el Fiscal en torno a ese objeto son marcadamente distintos.

Por otra parte, el Fiscal tiende estructuralmente al trabajo en equipo, al debate interno, a la relación directa e inmediata, menos formal que en el ámbito judicial, con los distintos partícipes y colaboradores que intervienen en sus investigaciones o en sus expedientes. La infradotación de medios que históricamente han sufrido las Fiscalías ha conducido en buena medida a que los propios Fiscales realicen por sí mismos, con frecuencia, tareas de gestión, de auxilio burocrático y de administración de recursos que deberían corresponder a otro tipo de funcionarios, preparados específicamente para ello.

Esto constituye un grave derroche del esfuerzo, del tiempo y de la potencial capacidad de dedicación de juristas de élite que acaban siendo, por así decirlo, su propio auxiliar. Una oficina del Fiscal bien diseñada tiene que terminar con esa anomalía, que constituye una seria desinversión, pero también hay que contemplar otras cuestiones. La formación de las personas que colaboran con el Fiscal en su trabajo debería ajustarse con mayor precisión y más imaginación a la tarea del Ministerio Público.

Habría que ir pensando en generalizar y mejorar un modelo que ya hemos experimentado en la Fiscalía Anticorrupción: introducir en la Fiscalía técnicos, especialistas, e incluso debería estudiarse la posibilidad de incorporar juristas de formación intermedia capaces de prestar un apoyo directo, útil y eficaz a los Fiscales en su tarea específica de promover la acción de la Justicia.

6 -¿Cómo valora la reforma del Código Penal y la tipificación de nuevos delitos incorporados a la norma?

Se trata sin duda de la reforma más profunda que se ha llevado a cabo del Código Penal de 1995, y como toda obra de esas dimensiones, obviamente tiene sus claroscuros. La Fiscalía ha colaborado de cerca en algunos aspectos de la preparación de la reforma, y sobre todo pusimos especial interés en cuestiones como la sintonía de las normas penales con la doctrina jurisprudencial que se había ido decantando a lo largo de los años de vigencia del Código, y por otra parte a determinadas necesidades vinculadas a la persecución de conductas criminales de singular incidencia, como el terrorismo o la actividad de las organizaciones criminales.

También hicimos un trabajo muy concienzudo en la preparación de los informes del Consejo Fiscal a los anteproyectos de ley, y digo "los" porque aparte del elaborado en la tramitación del proyecto que finalmente ha cuajado en la reforma, también es importante tener presente el que hicimos en la legislatura anterior para el anteproyecto que no llegó a aprobarse, porque de ese texto provienen en muy buena medida los contenidos que finalmente se han convertido en Ley.

Ahora estamos en otra fase que siempre es muy interesante para el jurista, y que consiste en el rodaje de las nuevas normas sobre el terreno de la realidad. Es evidente que el Legislador, a la hora de redactar un determinado precepto, no puede abarcar en su totalidad cualquier posible situación a la que deberá aplicarse en el futuro. En este caso hay cuestiones que presentan serias dificultades, como por ejemplo la introducción del principio de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en cuyo estudio la Fiscalía General del Estado lleva un tiempo trabajando con intensidad, de modo que pronto estaremos en condiciones de hacer pública una Circular que aborda muchos de los problemas que pueden plantearse.

Trataremos de ofrecer soluciones razonables, es decir, que conduzcan a una aplicación racional del Derecho, conforme a los objetivos perseguidos por el Legislador y de acuerdo con el interés público, como nos exige expresamente la Constitución.

7 -La Fiscalía tiene abiertas diligencias por presuntas irregularidades en cuanto a corrupción. Uno de los casos más actuales es el de los ERE aprobados presuntamente de forma irregular por la Junta de Andalucía. ¿Puede explicar la posición de la Fiscalía General del Estado ante la investigación de estas supuestas irregularidades?

La posición de la Fiscalía General del Estado es exactamente la misma que en todos los casos de corrupción en los que, en efecto, interviene el Ministerio Público. Nos limitamos a asegurarnos de que el Fiscal o los Fiscales que intervienen en la investigación o en el proceso cuenten con el apoyo y los medios que necesiten, para que su actuación sea eficaz.

En el caso de los ERE el Fiscal recibió una denuncia y comenzó a investigarla, practicando un importante número de diligencias. Pero cuando esas diligencias estaban comenzando a arrojar los primeros resultados, un ciudadano ejerció directamente la acción penal ante un Juez, y nosotros hicimos lo que nos dice la ley: entregar en el Juzgado todo lo actuado, y colaborar con la investigación judicial.

Quiero recordar que en el año 2008 aprobamos una Instrucción para que el Fiscal sea especialmente dinámico en la instrucción judicial, pero por ahora, aunque se trate de una singularidad de nuestro país ya abandonada por casi todos los ordenamientos del mundo, la dirección de la investigación en esta fase corresponde al Juez de Instrucción, y por tanto lo que estamos haciendo es apoyar su actuación desde nuestra posición de parte defensora de la legalidad.

La investigación es enormemente compleja, porque requiere el examen de una gran cantidad de documentación, y por ello tenemos trabajando a dos Fiscales, uno de ellos el delegado de la Fiscalía Anticorrupción, y, dada la entidad que ha cobrado el asunto, estamos estudiando la posibilidad de implicar más intensamente a esta Fiscalía Especial.

8 -Alguna cuestión que quiera añadir o destacar.

Solo mis mejores deseos para todos los lectores y para El Derecho en su nueva etapa. Es muy importante que la idea del Estado de Derecho cale en profundidad en el conjunto de los ciudadanos, y a ello contribuye sin duda la labor de investigación y de difusión de lo jurídico en toda la extensión que quiera darse al término.

La apuesta decidida por las nuevas tecnologías y en particular por la incorporación del mundo del Derecho a la red, constituye a mi juicio la llave imprescindible del futuro. Y les felicito por ello, además de agradecerles la atención de haber dedicado este espacio no a mí, sino a una institución clave para la seguridad jurídica, el desarrollo y la convivencia, con un enorme potencial de futuro, como es el Ministerio Fiscal español. Muchas gracias.

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