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Francisco Javier Vieira

Vieira: "Me preocupa que se cuestione la autoridad de los jueces en la oficina judicial"

Francisco Javier Vieira. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

El presidente del TSJ madrileño ha hablado de los ámbitos que más le preocupan de la Justicia, como la implantación de la nueva oficina judicial, "con unos resultados hasta ahora decepcionantes", señala. Promulga una "mejora sustancial en la gestión de los procedimientos" como solución a una Justicia que sirve todavía "las mismas pautas del siglo XIX" y aboga por el debate político-doctrinal en torno a la nueva LECrim. Todo ello en una entrevista concedida a El Derecho.

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Medio centenar de jueces, abogados, notarios, catedráticos, estudiantes y otros profesionales del mundo de la Judicatura se han unido para crear la 'Plataforma Cívica por la Independencia Judicial' y denunciar el grado de "politización" que merma la independencia judicial. ¿Qué valoración hace al respecto y cómo se puede articular esa independencia para reducir el exceso de traslado de temas políticos a la vía judicial?

Toda reflexión realizada en torno a la Justicia es beneficiosa y todo lo que enriquece el debate es bienvenido. Lo que tienen que plantearse las asociaciones judiciales es si esto no supone un cierto fracaso de su labor, pues son ellas las que deberían asumir y resolver gran parte de estas reivindicaciones.

Me consta que una de las cuestiones que plantea esta plataforma es la elección por jueces y magistrados de los 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial; cuestión reivindicada desde siempre por las asociaciones, especialmente por la Asociación Profesional de la Magistratura desde hace muchos años. No obstante, donde deberían haber hecho más fuerza e insistido las asociaciones judiciales es en que hubiera un sistema realmente democrático en la elección de estos 12 vocales del CGPJ, de forma que cada juez o magistrado, independientemente de que esté asociado o no, pudiera emitir su voto -libre, secreto y directo- y elegir a los que considere que mejor les representa en el órganos de los jueces, perteneciera o no a una Asociación Judicial.

La memoria anual del Alto Tribunal madrileño presentada hace unos días reflejaba que la justicia madrileña había experimentado una leve mejoría si nos atenemos a algunos datos: rebaja en el número de asuntos ingresados en los tribunales, incremento de los asuntos resueltos, etc. No obstante, Madrid sigue siendo la comunidad con más índice de litigiosidad. ¿Qué medidas expone para reducir esta tasa?

En Madrid estamos reclamando hace mucho tiempo unas medidas que reduzcan la enorme litigiosidad que padecemos, de tal forma que nos permitiera afrontar con eficacia y rapidez los asuntos que llegan a los tribunales. La sola creación de más órganos judiciales no es solución si no existe una reducción de la litigiosidad, pues no podrán absorber el incremento de asuntos que llegan a los juzgados. En definitiva, seguirá habiendo un colapso, asuntos pendientes de resolver y mayor ineficiencia. Pero además de la reducción de la tasa de litigiosidad, ha de haber una mejora en la gestión de los órganos judiciales y resolver los problemas estructurales del sistema judicial.

¿Uno de esos mecanismos para reducir esta tasa sería impulsar medidas alternativas como el Arbitraje y la Mediación? ¿Y la mejora de la gestión de los órganos judiciales será posible con la implantación de la nueva oficina judicial?

El arbitraje y la mediación son medidas alternativas que hay que potenciar cada vez más, pues sirven para llegar a soluciones de los conflictos muchas veces más equitativas que cualquier resolución judicial. Al tiempo, debemos optimizar todavía más la gestión propia de los órganos judiciales, independientemente de la implantación de la oficina judicial.

En lo que respecta a la gestión procesal, la documentación de cada procedimiento es realmente obsoleta, pues prácticamente sirve las mismas pautas que se hacía en el siglo XIX. Si los procedimientos se gestionan simplemente incorporando sucesivamente las actuaciones a medida que se practican, sin orden alguno, se dificulta el propio manejo de los procedimientos por parte de todos los profesionales, tanto abogados como secretarios judiciales, jueces y magistrados. Pero además se imposibilita o complica la aplicación de las nuevas tecnologías, pues no es lo mismo digitalizar un procedimiento bien organizado y carente de documentación superflua, que la digitalización de otro carente de sistematización y que lleve incorporadas numerosas copias del mismo documento, totalmente inservibles para el profesional y que dificulta su gestión, encareciendo la propia aplicación de las nuevas tecnologías y restando su eficacia. Es decir, para que tal agilización y modernización de la Administración de Justicia sean factibles, las reformas han de ser estructurales, y en todas las facetas que afectan al funcionamiento de los órganos judiciales.

¿Qué valoración tiene sobre el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar la reforma? Se trata de una propuesta tan compleja que requiere de mucho debate y un procedimiento legislativo muy extenso.

Llevamos mucho tiempo reclamando la reforma de la LECrim, que actualmente presenta muchas lagunas en la regulación del procesal penal. Esta regulación debe adaptarse a los derechos y garantías constitucionales y ha de suponer un avance en materia de garantías procesales, cuya regulación no debe descansar sólo en decisiones jurisprudenciales, o resoluciones del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Se trata de una reforma de enorme calado que generará, sin duda, un debate de gran intensidad. Asimismo, se atisba que va a ver una polémica importante en relación a algunos aspectos de la Ley. Este debate político-doctrinal sí puede sentar las bases de una futura Ley que fructifique en una legislatura posterior.

Uno de los principales debates es, sin duda, es la introducción en el borrador de la figura del Juez de Garantías, que debe salvaguardar la fase de instrucción, atribuida al Ministerio Fiscal y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Existen argumentos de peso tanto a favor como en contra de la propuesta formulada por el Gobierno y el éxito consistirá en dar con el debido equilibrio.

Lo que sí puedo afirmar es que estamos en una realidad actual en la que cada vez es más necesario que el juez instructor se separe, en cierta manera, de la investigación policial, precisamente para que el juez de instrucción cumpla un papel importantísimo, que es de garantía e igualdad de los derechos de todas las partes personadas, entre las que se encuentra el imputado. Es decir, la reforma de la LECrim tendrá que regular con todo detalle los medios de investigación, las medidas cautelares que pueden adoptarse, el estatuto de la defensa y reconocer el papel central que las personas acusadas e investigadas tienen en el proceso, reconociendo y protegiendo sus derechos.

Madrid ha sido el epicentro de las protestas de los abogados del Turno de Oficio desencadenando la huelga convocada en junio. ¿Cómo valora la situación de la Asistencia Jurídica Gratuita que debe aunar por un lado, un control para evitar abusos, y por otro, que nunca se produzca una indefensión en los más desfavorecidos?

La Asistencia Jurídica Gratuita es un servicio que más incremento presupuestario ha tenido en todas las Comunidades Autónomas. Solo en la de Madrid, supone más del 10% del presupuesto anual total de la Administración de Justicia en la comunidad. No obstante, hemos detectado graves problemas asociado a este servicio en los tribunales.

Se producen habitualmente situaciones de abuso, en las que hay unos querellantes o demandantes habituales que, contando con Asistencia Jurídica Gratuita, acuden a los tribunales de justicia con unas pretensiones absolutamente disparatadas que no pueden prosperar nunca. Esto se une al hecho de que en los expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita, en muy pocas ocasiones se declara la "improsperabilidad de la pretensión". Por ello, sería necesario articular mecanismos que evitaran estas situaciones de abuso.

En estos momentos, la prosperabilidad de la pretensión depende del criterio del abogado que es nombrado inicialmente de oficio para la defensa de esta persona, y la tendencia del abogado, que ha de seguir un procedimiento complicado, será, en principio, menos proclive a declarar la "improsperabilidad de la pretensión". Esto es, quizá, un fallo del sistema y lo que de verdad necesitaríamos es que la declaración de "improsperabilidad de la pretensión" dependiera de algún órgano más imparcial, como podían ser los propios tribunales, tal y como hace la jurisdicción británica. Esto está generando un gasto tremendo tanto económico como de recursos a la Administración de Justicia.

Por otra parte, también he insistido siempre en destacar la importante labor que realizan los Colegios de Abogados, porque son ellos los que asumen el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita para posibilitar la tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos, especialmente a los más desfavorecidos. Y es que, en cualquier caso, debe impedirse que aquella persona que tiene un conflicto o un litigio con posibilidad de prosperar quede desasistida porque no tenga medios económicos para acudir a los tribunales.

Por último, ¿qué ámbitos son los que más le preocupan o quiere destacar de la Justicia madrileña y qué espera solucionar a corto y medio plazo?

Esta es una época difícil por la crisis económica, y como tal, se resaltan los defectos de la sociedad, especialmente en la Administración de Justicia. Por lo tanto, este es el momento para afrontar los problemas, solucionarlos y que sirvan para mejorar la Administración de Justicia de cara al futuro. Y detallo los siguientes:

- Una mejora sustancial en la gestión de los procedimientos, como ya he señalado anteriormente, que facilite su manejo y el eventual traslado de las actuaciones de un servicio a otro de la oficina y entre los profesionales.

- Mejorar la gestión de la oficina judicial. Las experiencias implantadas hasta ahora, en los entornos más fáciles a priori, han tenido unos resultados absolutamente decepcionantes. Contemplamos con gran preocupación el traslado de esas experiencias a Madrid, con una situación mucho más compleja. Si se trata de una reforma que supone un alto coste de personal y medios, y no lleva aparejado un incremento de la eficiencia y una optimización de las funciones, sino que, a su vez, ha encarecido el propio funcionamiento del sistema, la decepción puede ser grandísima.

La prueba piloto ha de servir, de un lado, para demostrar la viabilidad del proyecto y corregir las disfunciones, pero también, de otro, para afrontar, con responsabilidad y sin ideas preconcebidas, en qué medida habría que suprimir o replantearse algunos de los aspectos de la oficina judicial.

- En torno a la oficina judicial, me preocupa que se está discutiendo la autoridad de los jueces y magistrados, generando en el seno de los órganos judiciales conflictos internos de difícil resolución, pues la estructura de la oficina judicial supone ceder competencias a funcionarios jerárquicamente dependientes del Ministerio de Justicia. Con todo, se hace necesario que el propio juez o magistrado obtenga también ventajas para desempeñar su labor y que la oficina judicial sirva para optimizar el apoyo de los funcionarios a la labor jurisdiccional de jueces y magistrados, para liberarles de actuaciones secundarias y permitirles atender mejor más asuntos.

- Por último, me preocupa la situación de Justicia Interina que, no sólo no tiende a disminuir, sino que la insuficiencia de planta judicial y las imprevisiones en los métodos para afrontar los derechos profesionales concedidos jueces y magistrados obliga a incrementar los llamamientos de magistrados suplentes y jueces sustitutos.

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