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María Jesús González Espejo

«El principal reto del open data judicial es la existencia de herramientas de gestión procesal diferentes en función de los territorios»

Entrevistamos a María Jesús González-Espejo, socia-directora de EmprendeLaw, que nos cuenta en qué punto se encuentra la política de datos abiertos u open data en el sector legal en nuestro país.

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P: En primer lugar, ¿qué se entiende por open data en el sector legal?  

R: Para definir los datos abiertos lo mejor es acudir a una de las instituciones que más ha hecho por ellos, la  Open Knowledge Foundation. Según esta organización, para que un conjunto de datos pueda ser considerado como abierto, deben cumplirse tres condiciones:

1) Disponibilidad y acceso, es decir que la información esté disponible como un todo y a un precio razonable de reproducción, preferiblemente descargándola de Internet. Además, debe estarlo en una forma conveniente y modificable;

2) Que sea posible reutilizarla y redistribuirla e incluso integrarla con otros datos, y;

3) Que cualquiera, sin restricciones por propósito o tipología de actividad, pueda utilizar, reutilizar y redistribuir esa información.

P: ¿Podría explicarnos por qué son importantes para el sector legal los datos abiertos?

R: Uno de los principales instrumentos para que haya una mayor transparencia en la Administración de Justicia son los datos abiertos. Éstos ayudan también a hacer más eficiente el sistema. La Justicia es un pilar fundamental de la economía, y si ésta es fuerte, la economía lo es también. Los datos facilitan información sobre cómo se imparte la Justicia, cómo funcionan los los juzgados y su organización, etc. Además, los ciudadanos necesitan tener datos para comprender mejor sus derechos y obligaciones. Por su parte, los llamados infomediarios, es decir, las empresas que generan servicios para su comercialización a terceros a partir de la información generada por el propio sector público, los necesitan para desarrollar productos y servicios dirigidos a los operadores del sector legal.

Cuando en octubre de 2015 organizamos JustiApps, el primer Hackathon dirigido al desarrollo de aplicaciones móviles para mejorar la Justicia en España, nos enfrentamos a un reto que inicialmente no habíamos previsto (en esa primera edición nos preocuparon otros aparentemente mucho más importantes como los logísticos y los de comunicación): ofrecer a los participantes un repositorio de datos abiertos, que pudieran utilizar durante el Hackathon para desarrollar aplicaciones interesantes. Y es que para el desarrollo de una aplicación móvil son necesarios varios ingredientes y uno de los más relevantes son las bases con los datos necesarios para que la aplicación pueda aportar valor. En el caso de los datos relacionados con nuestro sector, nos percatamos de que la gran mayoría de ellos no estaban accesibles o si lo estaban, no eran reutilizables y si lo eran, había que pagar tasas. 

Te pongo algunos ejemplos reales para que se entienda lo que quiero decir. Entre las ideas que se presentaron al concurso había una que consistía en desarrollar una app que permitiera a las personas con discapacidad que tuvieran que acudir a un juzgado en España saber si éste era o no accesible. Pues bien, esta app no era posible realizarla pues ni siquiera estaba en ese momento disponible un listado reutilizable con las direcciones de todos los juzgados de nuestro país.

Por otro lado, alguien propuso también realizar una aplicación que permitiera conocer qué abogados ganan más pleitos en España (algo que ya existe por ejemplo en EEUU), pero esta aplicación tampoco podría desarrollarse en nuestro país (salvo que quien quisiera desarrollarla estuviera dispuesto a pagar las tasas que cobra el CENDOJ y que como puede consultarse en su página web actualmente son: 1,27 EUR para finalidad no comercial 0, 43 EUR, ambos precios no incluyen IVA). Como es bien sabido, las sentencias de nuestros tribunales (aunque no todas), están disponibles en el portal web del CENDOJ que tiene el rol de difundirlas a efectos de conocimiento y consulta de los criterios de decisión de los Tribunales, en cumplimiento de la competencia otorgada al Consejo General del Poder Judicial por el art. 560.1.10º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, el usuario de la base de datos podrá consultar las sentencias sólo para su uso particular, pues no está permitida la utilización de esa base de datos para usos comerciales, ni la descarga masiva de información. La reutilización de esta información para la elaboración de bases de datos o con fines comerciales debe seguir el procedimiento y las condiciones establecidas por el CGPJ a través de su Centro de Documentación Judicial.

Algo similar hubiera ocurrido si alguien hubiera decidido desarrollar una app para conocer toda la información que el Registro Mercantil publica en España sobre empresas. Desde 2009, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) edita en formato electrónico la información de la sección II del registro, "Anuncios y avisos legales" (en formato pdf que no es susceptible de tratamiento automatizado) pero no están disponibles estos datos para su reutilización. Y por otra parte, los datos de la sección I, donde se publican los actos de inscripción y otros actos relativos a las empresas, no se publican aún.

P: Vemos que el sector público, y según un informe publicado en 2016 por el Portal Europeo de Datos, España es líder en materia de disponibilidad de datos por delante de países como Francia, ¿cómo ha influido la Ley de transparencia aprobada por el Gobierno en 2013?

R: Creemos que hay aún un largo camino para correr. Hemos llegado tarde y ahora habría que recorrer. Es cierto que en algunos campos, no vamos mal. Hay ayuntamientos y comunidades autónomas que realmente están siendo ejemplares en el desarrollo de políticas para fomentar los datos abiertos, por citar algunos casos: Santander o Comunidad de Aragón. Sin embargo, cuando nos centramos en los que a nosotros nos afecta, la Justicia y las instituciones y colectivos con funciones públicas, realmente lo que se observa es que aún deben producirse grandes cambios. Mirando a algunos casos concretos, el Ministerio de Justicia publicó aquí su “Plan de medidas de impulso de la reutilización de la información”. Es decir que ha manifestado una voluntad clara de ofrecernos datos abiertos. Sin embargo, cuando se entra en la página donde debería estar el catálogo de datos abiertos sorprende ver que no hay ninguno (acceso a página). 

También resulta interesante analizar a fecha de hoy dentro del principal repositorio de datos abiertos de nuestro país: datos.gob.es, los conjuntos de datos agrupados bajo el epígrafe de legislación y justicia. En total hay 303 conjuntos de datos. Sin embargo, si revisamos los disponibles, parte de nuestra ilusión se evapora al comprobar que la mayoría de ellos no se refieren a datos de los que realmente interesaría disponer al sector legal, para desarrollar herramientas útiles, sino de datos relacionados con cuestiones demográficas, etc. 

Es cierto que aunque no están disponibles muchas bases de datos reutilizables, sí tenemos estadísticas. Tanto el notariado, como los registros como el CGPJ nos facilitan desde hace años interesantes informes. Aquí  puede accederse a la página web donde el notariado nos facilita sus informes basados en estadísticas que contiene datos anuales.

Por su parte, el CGPJ, nos facilita aquí, para cada uno de los órganos judiciales desde el año 1995 hasta el último disponible detalle en cuanto a tipos de procedimientos, ejecutorias, recursos, auxilio judicial, etc. recogido en los boletines estadísticos.

La herramienta con la que se muestra, PC AXIS, permite de una manera sencilla extraer, manejar y agregar los datos (a nivel de partido judicial, provincia o Tribunal superior de justica). Finalmente, los registradores de la propiedad y mercantiles, nos facilitan en esta página, a través de su Centro de Procesos Estadísticos (CPE), las estadísticas que realizan desde 1996. Éstas son tanto coyunturales como estructurales y se basan en la información procesada que se recibe tanto de los Registros Mercantiles (ámbito mercantil y concursal), como de los Registros de la Propiedad (mercado inmobiliario e hipotecario). Constituciones, depósitos de cuentas o situaciones especiales son sólo algunos de los actos inscribibles en la vida de una sociedad mercantil que generan un flujo de información procesado por el Centro de Procesos Estadísticos del Colegio de Registradores, con el único objetivo de ofrecer una información actualizada, relevante y detallada que ayude a entender la coyuntura y estructura económicas que nos rodean.

Por su parte, las estadísticas relativas a los registros de la propiedad, contienen información agregada relevante para conocer el funcionamiento del mercado inmobiliario e hipotecario español a través del estudio de las inscripciones realizadas en el Registro de la Propiedad relativas a las transacciones inmobiliarias y a la financiación hipotecaria de las mismas.

P: ¿Qué datos deberían forman parte del open data?

R: Todos los conjuntos de datos que puedan ser tratados apropiadamente para obtener información, gestionados en el ámbito del sector público, son susceptibles de ser ofrecidos para su reutilización, siempre y cuando, no exista una normativa específica que lo prohíba. Por tanto, no serán objeto de reutilización y no podrán tener naturaleza de open data, entre otros, los conjuntos de datos con información que contenga datos de carácter personal, si no ha sido previamente disociada. Ni los que tengan información sobre la que exista propiedad intelectual o industrial por parte de terceros o Información que debido a otras normas de carácter sectorial no sea de carácter público o bien no resulte conveniente su exportación con fines de reutilización (ejemplo: protección medioambiental).

P: ¿Qué importancia tiene la existencia de datos abiertos de calidad? En términos económicos, ¿cómo ayuda en open data para la genración de empleo y riqueza?

Es importante que haya sets de datos abiertos. Como ya hemos dicho con anterioridad, la existencia de datos abiertos es uno de los ingredientes esenciales para el desarrollo de los infomediarios. Si hay datos, hay la posibilidad de hacer desarrollos. Por tanto, cuantos más sets de datos abiertos de calidad e interés existan, más posibilidades de que se genere empleo en el campo del desarrollo de LegalTech y de que gracias a ella, se genere riqueza.  

P: En comparación con otros sectores, como el turístico, ¿cómo describiría usted la situación en que se encuentran los datos en el sector legal?

R: En nuestro sector, la naturaleza de los asuntos sobre que los que podrían versar los datos están en muchos casos relacionados con cuestiones que afectan de lleno a la intimidad y a otros derechos fundamentales de las personas. Esto ha servido como excusa para no abrazar políticas, como las de la transparencia y el gobierno abierto, que al ciudadano también le importan. 

Por otro lado, por razones que posiblemente hayan tenido que ver con la complejidad y el alto coste que conllevaba en su momento la gestión de la información, se han establecido mecanismos basados en el pago de tasas para poder acceder a algunos de los datasets más relevantes para el desarrollo de los infomediarios y del legaltech. Como señala en este artículo Oscar Cortés, asesor actual del Ministro de Justicia Rafael Catalá en materia de innovación, “La publicación de datos para reutilizadores bajo el pago de licencias o tasas de reutilización es perfectamente legal. No obstante esta práctica no puede considerarse de datos abiertos”. 

En nuestra opinión, en comparación con otros sectores, los profesionales del sector legal estamos aún algo aletargados. No hemos entendido que en la sociedad de la información, los datos son clave y que necesitamos más y mejores datos para desarrollar mejor nuestras profesiones. Nosotros somos la sociedad civil y debemos entender el rol que tenemos que jugar. Algunos ya lo han hecho como por ejemplo quienes impulsan la Fundación CIVIO, que a través del “Indultómetro” http://www.elindultometro.es/index.html o de su portal “Quién manda” http://quienmanda.es/, están utilizando datos públicos para ejercer muy relevante labor de control e influencia en los aspectos que afectan a cada uno de estos proyectos: el otorgamiento de indultos por el gobierno y las relaciones y conflictos de interés en cargos públicos.   

Medir la calidad de los servicios prestados (por los abogados, procuradores, jueces y magistrados, notarios, registradores, etc.); entender las tendencias que marcan nuestros destinos profesionales o estar en condiciones de ofertar servicios de forma no discriminatoria, son sólo algunos de los retos a los que puede hacerse frente de forma mucho más eficaz, si se dispone, en el momento justo de los datos adecuados.

P: ¿Qué avances cree usted que se deberían producir en el campo del open data para el sector legal en los próximos años? 

R: En mi opinión el sistema debería evolucionar desde el actual basado en la estadística (del CGPJ, del notariado, de los registros, etc.) a un sistema de datos abiertos, donde los operadores, dentro de los límites que legalmente se establezcan puedan dar rienda suelta a sus proyectos emprendedores y generar nueva tecnología para el sector. La Justicia y sus profesionales necesitan dotarse de nuevas herramientas y para ello, la existencia de datos abiertos, accesibles y reutilizables, es el punto de partida. 

Para que esto ocurra, será necesario lo siguiente:

  1. Que los profesionales del sector tengamos clara la necesidad de tener un rol activo y pedir más y mejores datos.
  2. Modificaciones legislativas: Para que las instituciones que disponen de los datos tengan claro el marco en el que hacerlos abiertos. Estas normas regularán las condiciones de su publicación, su ubicación, el régimen de utilización, etc.  Es necesario que haya una normativa adecuada que obligue a dar publicidad de la información en formato de datos abiertos.
  3. Mejoras tecnológicas: Por ejemplo, en el ámbito de los datos judiciales, Lexnet es sólo el principio de lo que debe pasar. La administración de Justicia debe contar con un único sistema informático de gestión procesal. 
  4. Un cambio total de mentalidad de quienes legislan y de quienes aplican la norma, en relación con los datos, entendiendo que la regla debe ser que éstos estén abiertos y no al revés.
  5. Sistemas que recojan y traten los datos y que permitan tratarlos y encontrarlos con facilidad, es decir un gran repositorio que cubra las necesidades que tiene el sector legal en relación con los datos abiertos.

P: ¿Cuál es el principal reto tecnológico para el sector legal?

R: El principal reto del open data judicial es la existencia de herramientas de gestión procesal diferentes en función de los territorios. El tratamiento de la información no será posible hacerlo de forma eficiente hasta que no se articule un sistema único de gestión en todos los juzgados de España. Para el resto de datos abiertos relevantes para el sector, no creemos que el reto sea tanto tecnológico como "político". Los notarios y los registradores hace años que hicieron una apuesta firme por la tecnología y sabemos que disponen de excelentes y bien dotados euipos de profesionales capaces de hacer frente al reto que supone sumarse a la economía de los datos abiertos.

P: ¿Quiere añadir algo más? 

R: Si queremos liderar un sector con tanto potencial como es del LegalTech, tecnología dirigida a cubrir las necesidades del sector legal y la Justicia, generando herramientas que nos permitan hacer mejor nuestro trabajo y ofrecer al cliente y al justiciable mejor servicio, debemos impulsar el cambio.  Me gustaría insistir en que es responsabilidad de quienes conformamos la sociedad civil, nos corresponde a nosotros asumir nuestro rol y reclamar con claridad lo que necesitamos: más datos abiertos, accesibles, de calidad.



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