El Derecho

Conócenos

Maitane Valdecantos, presidenta de la Comisión de PI y Dº del Entretenimiento ICASV

'Pretender regular la totalidad, suele tener como resultado la obsolescencia de la norma a corto plazo'


Maitane Valdecantos, presidenta de la recién creada Comisión de Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho del Entretenimiento del Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya y abogada responsable del área de Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho TIC en Grupo EUROTAX.

  • Imprimir

El Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya presenta el próximo 17 de octubre la nueva Comisión de Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho del Entretenimiento.

Entrevistamos a la presidenta de la recién creada Comisión, Maitane Valdecantos, que además es abogada responsable del área de Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho TIC en Grupo EUROTAX.

¿Qué razones mueven al Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya a crear la Comisión de Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho del Entretenimiento, y cuáles son los objetivos de la misma?

Las Comisiones y Grupos de estudio del ICASV, han buscado siempre y siguen buscando fomentar el espíritu de colaboración, tanto entre sus miembros como entre éstos y el propio Colegio como institución, y por supuesto, profundizar en las distintas ramas del Derecho y de las ciencias jurídicas.

En nuestro caso, y desde la propia Comisión, nos ponemos como reto el mantenimiento del prestigio de la profesión y del Colegio a través de la promoción del estudio y conocimiento de la materia de forma especializada, fomentando el perfeccionamiento de la técnica jurídica y mejorando la formación de los colegiados.

No obstante, no nos olvidamos de la necesidad de acercar, desde el Colegio, la especialidad a la industria y a los centros formativos, tan necesitadas en muchos casos de actualización en su programa.

¿Cómo definiría y acotaría en el plano legal el sector del Entretenimiento?

La industria del entretenimiento ha sufrido en las últimas décadas una verdadera revolución.

Con la llegada de la Sociedad de la Información, hemos asistido a una era de innovación en los formatos, de implementación de las medidas tecnológicas de protección, de aparición de las redes sociales, de las apps, del juego online, del transmedia, etc,  y como consecuencia de todo ello, de la multiplicación y sofisticación de los métodos para cometer ilícitos.

Todo ello, con una normativa, que como en la mayoría de los casos, va dos pasos (al menos) por detrás de la realidad, y con unos patrones tradicionales que no logran alcanzar las soluciones esperadas.

Actualmente, nos encontramos con la tramitación de una reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que parece poner de acuerdo a sectores históricamente enfrentados; con sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en ocasiones arrojan luz (distinción del enlace lícito del ilícito: Caso SVENSSON) y que en otros casos, generan aún más incertidumbre en su aplicación (derecho al olvido: Caso Costeja); con un código mercantil “en camino” que intenta adaptarse a la nueva coyuntura, y que no dará pocos problemas de aplicación tanto por su redacción como por su falta de ella, y con una reforma del código penal, que se desconoce si verá la luz y en qué estado.

Arenas movedizas nos esperan.

Ya ha sido remitido el texto completo de la Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual para su debate en el Senado. Sin apenas cambios, parece que la nueva normativa va aprobarse en su totalidad, incluyendo el Canon AEDE. ¿Qué opinión le merece?

El Canon AEDE o el derecho de editores y otros titulares a percibir una remuneración equitativa por la agregación de contenidos, ha dado mucho que hablar desde que se conoció el proyecto de reforma.

A este respecto, siempre he considerado la propiedad en sí misma, como un derecho y no como una obligación. Asumiendo que la propiedad intelectual es una propiedad “especial” en cuanto a su objeto, no es menos cierto que el pilar jurídico a aplicar, es idéntico.

Por otro lado, considero que los editores y otros titulares ven recompensada la agregación lícita de contenidos (incremento de visitas y mejora del posicionamiento en buscadores entre otros beneficios), y que en todo caso, pueden decidir sobre su interés en ser agregados o no, pudiendo restringir o eliminar esta posibilidad.

Por ello, me resulta arbitrario el hecho de que el titular de un derecho no pueda disponer de él y renunciar si así lo considera por imposición legal, máxime cuando éste consiste en un derecho económico.

Recientemente la Audiencia Nacional en Sentencia de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, de 22 de julio de 2014 Recurso 155/2013,  determinaba la nulidad del procedimiento administrativo dirigido contra una web de enlaces en virtud de la "Ley Sinde" lo cual plantea que el procedimiento recogido en el art. 158.4 de la LPI y desarrollado por el Reglamento de la "Ley Sinde" no pueda ser dirigido exclusivamente contra los intermediarios, sino que requiere estar incurso también un responsable del servicio de la sociedad de la información. ¿Qué opinión le merece esta corrección jurisprudencial?

Coincido con la interpretación de la normativa realizada por la Audiencia Nacional y su fallo de nulidad en este concreto supuesto, entendiendo que si no hay infractor de derechos de propiedad intelectual, no puede mantenerse el procedimiento frente a un mero intermediario, que no es quien realiza la conducta vulneradora.

No obstante, no hay que olvidar que los intermediarios,  como prestadores de servicios de la sociedad de la información, podrían ser también los infractores de los derechos de Propiedad Intelectual en algunos casos (y por tanto, puede dirigirse frente a ellos el procedimiento del 158.4 LPI). Todo ello, sin perjuicio de las exenciones de responsabilidad que recoge la LSSICE.

De todos modos, si se aprueba la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, con la redacción que se debatirá en el Senado, el artículo 158 ter, fijará claramente frente a quién puede dirigirse el procedimiento de la Comisión de Propiedad Intelectual,  incluyendo en su texto que podrá seguirse frente a quienes vulneren derechos de propiedad intelectual “facilitando la descripción o la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral”, en clara referencia a los listados de enlaces.

Otra novedad jurisprudencial ha sido la reciente sentencia (AP Madrid, Sec. 28.ª, 31-3-2014) que reconoce que crear programas en los que se comparten archivos no supone una infracción de los derechos, lo cual asume que los creadores y distribuidores de programas P2P no infringen derechos de autor, en tanto no pueden considerarse prestadores de servicios de intermediación en Internet, por lo que las responsabilidades establecidas para estos en la LSSI no son aplicables. ¿Cuál es su opinión sobre que el mero hecho de incluir avisos a los usuarios en los programas P2P sobre la necesidad de respetar los derechos de propiedad intelectual sea causa suficiente para eximir a dichos creadores y/o distribuidores de responsabilidad?

Los creadores de software, como autores que son, están sujetos a la normativa en materia de Propiedad Intelectual.

Los programas P2P son programas dirigidos a compartir archivos, y dichos archivos no tienen por qué vulnerar derechos de terceros. Cuestión distinta es el uso que se haga de ellos. 

Por tanto, entiendo que la solución no se encuentra en hacer cargar a los creadores de este tipo de programas (y a sus distribuidores) con más obligaciones que las que le marca la Ley sino en educar y en concienciar a la sociedad en el respeto de los derechos ajenos.

En estas últimas semanas se ha hablado mucho del derecho al olvido en Internet, ¿cree necesaria elaborar una carta de derechos y obligaciones del internauta?

No soy muy partidaria del exceso de legislación, puesto que pretender regular la totalidad, suele tener como resultado la obsolescencia de la norma a corto plazo.

A modo de ejemplo, podemos traer a colación la citada sentencia del TJUE sobre el derecho al olvido, a la que hemos llegado con una normativa vigente, que sólo estaba pendiente de ser interpretada y aplicada, la de los derechos ARCO.

No obstante, como indicaba en líneas anteriores, la realidad siempre va dos pasos por delante de la normativa, por lo que veo necesario adaptarla a la revolución tecnológica que hemos tenido la suerte de vivir, pero sin excesos de codificación.



Widgets Magazine

DEMOSTRACIÓN GRATUITA

Solicite una clave de prueba de nuestros productos

Solicitar

Solicitar demostración

He leído y acepto las condiciones de la Política de Privacidad y el Aviso Legal

(*) Campos obligatorios

Productos destacados

  • El Derecho Suite Jurídica 2

    Creada para satisfacer todas las necesidades de información jurídica del profesional

Atención al cliente: De lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas ininterrumpidamente. Tel 91 210 80 00 - 902 44 33 55 Fax. 915 78 16 17