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Carlos Carnicer, presidente del CGAE

"Somos el único país europeo donde no hay formación antes del acceso a la profesión"

Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española

El presidente del CGAE profundiza en los próximos cambios legislativos del Gobierno que afectan a los colegios profesionales, en sus diez años de trayectoria al frente del Consejo y comenta los próximos retos a los que se enfrenta como máximo responsable de la Abogacía.

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1.- En primer lugar, enhorabuena por la renovación de su cargo. Durante el acto de su elección mostró que en el plazo de un mes realizaría una "recomposición" en el CGAE. ¿Qué objetivos persigue?

Entiendo que el refrendo que ha habido en las elecciones quiere decir que los votantes, que democráticamente determinan quién debe representarles y debe estar al frente del Consejo, consideran que las cosas no se han hecho mal. Por tanto, no voy a ser yo quien organice un tsunami ahora, poniéndolo todo patas arriba y, probablemente, creando más problemas de los que resuelva.

El Consejo ha demostrado en estos años que es capaz de desempeñar e incrementar constantemente sus actividades y servicios adaptándolas a la realidad de la profesión y a la demanda social. No obstante, se han producido algunos cambios operativos, con el nombramiento de una nueva secretaria general y un nuevo tesorero, la reducción de las Comisiones de doce a diez y la recuperación de la figura de los Adjuntos al presidente, que permitirán un funcionamiento más ágil, una mejor ejecución de los acuerdos y una frescura y energía renovada para este momento crucial que vive la profesión.

2.- ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la Abogacía a corto y medio plazo?

Son muchos en los próximos meses, con la aplicación, por fin, de la Ley de Acceso, la Ley de Servicios Profesionales, el nuevo Estatuto General de la Abogacía, la Ley del Derecho de Defensa o la consolidación de la Justicia Gratuita. En cualquier caso, y junto a estos cambios legislativos, nuestro objetivo seguirá siendo establecer un sistema de formación inicial y de formación continua para los abogados que lance al mercado mejores profesionales, así como continuar en la línea de modernización de la profesión y el acceso a las nuevas tecnologías para seguir a la vanguardia de los colectivos profesionales.

3.- Bajo su mandato se aprobarán nuevas disposiciones legales que afectan a la profesión. Una de ellas es sin duda, la aplicación de la Ley de Acceso a la Profesión de la Abogacía, un intento de mejorar y homogeneizar la situación de los nuevos profesionales y formar abogados, como se hace en otros países europeos. ¿Supone esto un agravio comparativo con los letrados ya ejercientes, que han tenido que superar sus cursos, máster, Escuelas de Práctica Jurídica, etcétera? ¿Otorga esta Ley demasiado peso a la Universidad, en cuestión de formación, en detrimento de los Colegios de Abogados, máximos representantes de la profesión?

La formación del abogado es uno de los pilares fundamentales sobre los que estructurar el futuro de la profesión y, si me apura, de la Justicia. Exigir una mejor formación no supone un agravio comparativo, sino una oportunidad para mejorar la calidad de toda la profesión y garantizar a los ciudadanos que quien les defiende tiene acreditada la formación necesaria para hacerlo. Nuestro objetivo es que cada día haya mejores abogados, y que el ciudadano pueda contar con la mejor defensa posible.

Esto, junto con la formación permanente de los abogados, es uno de los temas que más me ha impulsado a presentar nuevamente mi candidatura. Somos el único país de Europa donde todavía no se aplica la formación antes del acceso a la profesión, y la ciudadanía tiene que ser consciente de que lo que estamos pidiendo es que tengan mejores abogados, y que elijan al abogado que elijan, tendrá la preparación suficiente para defender sus derechos y libertades con garantías.

Los Colegios de Abogados somos una pieza clave en la formación práctica de los futuros abogados y de la colaboración de los Colegios y las Escuelas de Práctica Jurídica homologadas por el CGAE con la Universidad tiene que salir, como marca la Ley de Acceso, una formación teórica y, sobre todo, práctica, que otorgue una excelente formación a los futuros abogados. Hay espacio para todos y la parte práctica quien puede ofrecerla con garantías somos los abogados.

4.- También le tocará afrontar bajo su presidencia el nuevo Estatuto General de la Abogacía, que presenta muchas novedades y abra nuevos escenarios para la profesión. ¿Puede indicarnos los puntos clave del nuevo texto?

La Comisión encargada de la redacción del texto y el Pleno, han estado trabajando muy duro en la elaboración del texto. Sin embargo, estamos a la espera de que la Ley de Servicios Profesionales vea finalmente la luz. El trabajo está avanzado, tenemos desarrolladas las tres cuartas partes, pero hasta que no contemos con el texto definitivo de la citada ley no podemos rematarlo. En cualquier caso, no habrá cambios radicales en el nuevo Estatuto, ya que la función social de la Abogacía seguirá siendo la misma, si bien nuestro objetivo fundamental será adaptar el texto a la realidad social que nos rodea y aprovechar para modernizar la profesión. Espero que para el Congreso de Cádiz, que se celebrará en octubre, podamos contar con el nuevo Estatuto.

5.- Este trimestre tiene previsto el Gobierno sacar adelante la Ley de Servicios Profesionales. Según el ministro de Presidencia, la Ley supondrá una mayor liberalización de trabas administrativas y colegiales, así como la supresión de algunos Colegios profesionales. ¿Qué opinión le merece al respecto?

Desde la Abogacía no podemos ocultar nuestra preocupación por la postura del Gobierno. No entendemos ese silencio y secretismo a la hora de elaborarla. Como presidente del CGAE, creo que la Ley no afectará demasiado a los Colegios de Abogados, pero como presidente de Unión Profesional, espero que el Gobierno sea justo con las profesiones liberales. Las profesiones colegiadas y sus Colegios representan sobradamente el interés general y si atendemos a los datos económicos, representan el 8% del Producto Interior Bruto de España y el 9% del empleo. Es un dato a tener muy en cuenta a la hora de modificar su estructura.

Por otra parte, la Ley Paraguas reconoce a los Colegios Profesionales como autoridad competente, es decir que no sólo el ordenamiento jurídico español, sino también el Derecho europeo reconocen que la competencia para la ordenación del ejercicio profesional, deontológico, etcétera, es de los Consejos Nacionales o Generales de los Colegios Profesionales.

6.- La nueva Ley de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia persigue una justicia más ágil y accesible. En su opinión, ¿esto se traducirá en una confianza en el sistema por parte del ciudadano?

Los abogados somos los primeros interesados en que las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia funcionen y si se cumplen los objetivos, debería traducirse en un mejor servicio al ciudadano. La Abogacía lleva años invirtiendo en ello y tiene los deberes hechos en materia tecnológica, como se nos ha reconocido a nivel nacional y europeo. Esperamos que la Administración de Justicia se ponga al día para prestar a los ciudadanos un servicio eficaz y eficiente. Para lograrlo, un paso importante será acabar con los papeles, algo que ya han hecho otras Administraciones Públicas, y para lo que deben sentarse todas las partes que están relacionadas con la Justicia y acordar lo que hay que hacer. Posteriormente, será el ciudadano el que deposite su confianza o no en ese sistema, en función de su eficacia y garantías.

Por nuestra parte, no sólo hemos desarrollado una amplísima oferta de servicios a los Colegios y a los colegiados o hemos puesto en marcha por encargo de la Unión Europea, proyectos pioneros como Penalnet o Penalnet Plus, una red segura de comunicaciones entre abogados penalistas, sino que hemos creado la Ventanilla Única o hemos puesto a disposición del Ministerio de la Presidencia y del de Justicia el expediente electrónico de Justicia Gratuita, elaborado por el CGAE y que permite acortar los trámites de solicitud hasta en cuarenta días.

7.- Ha pasado un año desde la aprobación de la Ley Ómnibus. ¿Cómo le ha afectado al ejercicio de la Abogacía?

La Abogacía está permanentemente en crisis, en adaptación a los cambios sociales y legislativos. Creo que eso lo hacemos automáticamente. Nos adaptamos a los cambios y a la crisis con relativa rapidez. Y respetando mucho más que otras profesiones o empresas, el empleo que generamos. Quizás tenemos que mejorar en la tarea de meter a los ciudadanos en nuestras instituciones, acercarles para que las conozcan, abrir nuestras puertas y mostrarles nuestras grandezas y miserias.

Hay que preguntarles cómo atenderles mejor y también manifestarles nuestras necesidades, nuestras inquietudes, y desde luego, demostrarles que les estamos defendiendo todos los días. Que les defendemos como a nuestros mejores clientes aunque no sean todavía nuestros clientes. Que sus derechos fundamentales los defendemos siempre y en todo caso. Nuestra profesión tiene sentido si su destinatario es el ciudadano. Si les defendemos bien y les explicamos bien lo que hacemos y pretendemos, los ciudadanos serán los mejores abogados de los abogados.

Probablemente, si lo hubiéramos hecho mejor en el pasado, no hubiéramos tenido problemas con la cuota litis y con otros asuntos. Creo que ese es el nuevo período de la Abogacía. Me parece que la referencia puede ser también la magnífica acogida que hay por parte de la ciudadanía a la justicia gratuita. Creo que la ley actual, el sistema y la asistencia prestada por los Colegios son excelentes, pero que hay que adaptarlos a lo que ha sucedido en estos últimos 15 años. Lo ha reconocido el propio ministro y lo están reconociendo las comunidades autónomas. Hay más satisfacción por la justicia gratuita que por el servicio público de la justicia en general.

Tenemos la asistencia jurídica gratuita mejor del mundo, aunque podemos mejorarla. Y lo primero que hay que mejorar es la compensación a los abogados y abogadas que lo prestan. Basta con cumplir la ley que habla de que debe haber "una retribución digna".

8.- Algo que quiera destacar.

En estos 10 años al frente de la Abogacía podemos estar satisfechos de la acción que el CGAE ha hecho en honor a garantizar los derechos fundamentales de las personas y la atención que merece para las Administraciones públicas el criterio de la Abogacía Española.

Hay que destacar, además, la importante labor que el Consejo General de la Abogacía Española ha desarrollado en materia de Derechos Humanos, ya no sólo en España, sino ampliando su radio de acción a otros continentes como África, Asia y muy especialmente Latinoamérica. En este sentido, el trabajo de la Abogacía en defensa de los derechos de los más necesitados seguirá siendo una de nuestras banderas en esta nueva etapa, y en esa defensa nos concentraremos a través de la Fundación del CGAE.

Queda mucho camino por recorrer, pero, en resumen, lo que he pretendido en estos casi 10 años y lo que seguiré persiguiendo en el futuro es que los abogados de Calatayud, de Ferrol, de Madrid y del resto de España tengan todos las mismas oportunidades y herramientas y las mejores condiciones para el ejercicio de la Abogacía, que la única diferencia radique en la habilidad que tenga cada uno de ellos para realizar el derecho de defensa.

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