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Lorenzo del Río, presidente del TSJA

Del Río: "La renovación del TC a tiempo es signo de madurez democrática"

Lorenzo del Río, presidente del TSJ de Andalucía

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha señalado el exceso de judicialización de la política, una dinámica desencadenada por "quienes buscan la explotación mediática de un proceso". De ésta y otras cuestiones referentes al panorama jurídico nacional, así como de las principales necesidades en materia de justicia, nos ha hablado en la siguiente entrevista.

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha destacado un "atasco todavía sin resolver del funcionamiento de la justicia", vinculado al hecho de que ha de ir aparejado a grandes reformas legislativas. Una situación que se agudiza en Penal, al que corresponden seis de los nueve millones de pleitos nacionales. En una entrevista concedida a www.elderecho.com, Lorenzo del Río ha elogiado la labor de los jueces, siempre al servicio de una solución legal "aceptable para la sociedad a la que sirve".

Vd. ha sido partidario en muchas de sus intervenciones públicas de la desjudicialización de la política y por extensión, de la excesiva politización de la justicia, elementos que hay que "combatir para defender la independencia de los jueces". Esto es sin embargo, contradictorio con el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, propuestos por Las Cortes, estando inmerso el TC en una situación anómala. ¿Cómo se puede articular esa independencia y reducir el exceso de traslado de temas políticos a la vía judicial?

Habría que distinguir entre los tribunales ordinarios de justicia y el Tribunal Constitucional, órgano no jurisdiccional creado expresamente por la Constitución Española como garante de su cumplimiento e integrado por miembros elegidos por el Rey a propuesta de las Cámara. Lo esencial es que los partidos políticos no trasladen sus cuotas de poder, su propia aritmética parlamentaria, al ámbito de la composición del Tribunal, única forma de evitar la llamada adscripción ideológica de sus miembros. Igualmente, la renovación de las vacantes a tiempo es una exigencia obligada y signo de madurez democrática.

Respecto a los tribunales ordinarios, está claro que hay un exceso de judicialización de la política. Observamos la constante traslación de conflictos políticos al espacio judicial, el permanente protagonismo del juez, que se ve atrapado en la dinámica desencadenada por quienes buscan la explotación política y mediática de un proceso. Y el resultado final es un poder que en gran medida les ha sido trasladado por la propia clase política.

Hay asuntos que llegan a los tribunales que podrían evitarse con una mínima autocontención y autorregulación. Me refiero, además, al ejercicio de las libertades en el debate público y uso de la libertad de expresión, donde parece que todo cabe (insultos, difusión de noticias inveraces, etc.). Otro ejemplo serían los juicios paralelos en los medios de comunicación social con el propósito de establecer la que, según ellos, es la verdad del caso.

Ahora bien, cuando un asunto, sea el que sea, se judicializa, es el momento de la separación de la política y el derecho: hay que dejar trabajar a los jueces con el sosiego que requieren y que el asunto deje de estar en el debate político o social. Además, no hay que olvidar que los jueces, pese a que son personas y tienen sus opiniones, nunca actúan por animadversión o parcialidad, sino conforme a la Ley, buscando una solución legal, razonable y aceptable para la sociedad a la que sirve.

No obstante, es muy importante la relación y colaboración de la Junta de Andalucía y mundo judicial en beneficio del ciudadano, ¿qué ámbitos son los que más le preocupan y qué espera solucionar a corto y medio plazo?

La Junta de Andalucía es la administración prestacional de la Administración de Justicia. Es con la que debemos colaborar y trabajar mano a mano para la pronta solución de los problemas de medios materiales y humanos que surgen en la Justicia.

Una asignatura pendiente es la informatización judicial. El expediente digital tiene que convertirse en una realidad. Entrar de lleno en la sociedad digital es la única manera de generar productividad y ahorro de tiempo. No sólo es una necesidad, tenemos también la obligación de consagrar el derecho a comunicarse por medios electrónicos y en pleno siglo XXI hay que impulsar la gestión documental a través del expediente electrónico así como la transmisión telemática de comunicaciones.

Respecto al personal, sería necesaria una reestructuración a fondo y mejor optimización de los medios personales. Hay que avanzar en la correcta redistribución del personal ante las actuales distorsiones: órganos con exceso de personal, ausencia absoluta de movilidad en el inmediato entorno laboral, alto número de interinos, ausencia de especialización, que deja en entredicho la eficaz gestión y control de la oficina judicial.

Y, en fin, en Andalucía existe todavía un déficit importante de infraestructuras judiciales. Se necesitan nuevos edificios, funcionales y operativos, que permitan unificar sedes frente a la dispersión actual.

El plan estratégico y de calidad de la justicia en Andalucía 2011-2016 pretende dar respuesta a las necesidades del área judicial en Andalucía. ¿Existe una inversión suficiente en recursos humanos y materiales en los juzgados andaluces? ¿cuáles son las principales necesidades que plantea la comunidad en materia judicial?

Respecto del Plan Estratégico constituye un instrumento de planificación que establece los objetivos e instrumentos de gestión para alcanzar una mayor calidad en la Administración de Justicia andaluza, siendo su objetivo el impulso del desarrollo de las nuevas tecnologías, la adecuación de las infraestructuras judiciales y una eficaz gestión de los recursos humanos. El Plan gira en torno a ocho ejes de actuación y pretende incidir en aquellos ámbitos en que se detectan las más importantes carencias que lastran la eficacia de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma.

No obstante, no contiene un detalle de los recursos que se van a destinar para su desarrollo y tampoco fija un calendario preciso para ir avanzando en su implantación. Desde ese punto de vista, no podemos conocer si los recursos que se van a destinar son o no suficientes. Actualmente es evidente que no lo son y, aunque soy consciente de las dificultades económicas que está generando la actual situación de crisis, pienso que deberíamos hacer un esfuerzo por invertir en justicia, pues ello es invertir en progreso económico, en futuro.

Una de las claves de la implantación de la Oficina Judicial de Andalucía es la reorganización de la tramitación de los expedientes, cuyo impulso se deja en manos de los secretarios judiciales, además de la redistribución del personal para crear distintos servicios comunes que se encarguen de recibir todos los asuntos o de informar a las partes de un proceso mediante notificaciones ¿cómo valora que va a encajar esta nueva reestructuración de la organización judicial?

Surgirán inevitables tensiones a la vista de los problemas de delimitación de funciones y elasticidad del modelo organizativo. Hoy día, cualquiera que desarrolle su funciones en los órganos jurisdiccionales contempla la actual descoordinación, que afecta a la mejor eficacia y eficiencia de nuestro trabajo, con lagunas sobre "quién dirige" a los funcionarios, quién reparte las tareas y está pendiente de su pronta realización, quién controla el horario y cumplimiento de la jornada de trabajo, etc., ante la ausencia de un responsable directo y claro, como ocurre en múltiples sistemas de organización funcionarial o empresarial.

Creo que se impone residenciar de forma clara y concreta en el Secretario Judicial la responsabilidad directa y permanente en la organización, inspección y dirección del personal y servicio judicial encomendado a su cargo, sin perjuicio de estar coordinado con los órganos de gobierno del Poder Judicial y con los Servicios de Justicia del Ministerio o de las Comunidades Autónomas y, por supuesto, sin olvidar en ningún momento que la nueva estructura organizativa tiene un carácter instrumental: garantizar la independencia del poder al que sirve y servir de apoyo efectivo a los Jueces y Magistrados en el ejercicio de las funciones que le son propias.

En cualquier caso, es necesario que comience a funcionar cuanto antes la nueva oficina judicial, si bien sugiero un proceso de gradual implantación, ya que las experiencias iniciales de otros territorios revelan claras distorsiones al implantar simultáneamente todos los Servicios Comunes Procesales, singularmente los de Ordenación del Procedimiento (SCOP), que, a mi juicio, deberán "reconsiderarse" en beneficio de las Unidades de Apoyo (UPADs).

 ¿Qué valoración puede hacernos al respecto de las disposiciones legislativas con el fin de agilizar y modernizar la justicia?

Se dice, y es cierto, que una justicia lenta no es justicia, por lo que, además de organizar mejor los medios que tenemos, no se puede asumir resignadamente un número en torno a los diez millones de asuntos en la geografía española (el 20% a nivel andaluz), como una cifra inexorable imbricada en el ejercicio de la tutela judicial efectiva.

Son imprescindibles reformas legislativas que generen instrumentos que reduzcan el indebido uso de la jurisdicción que se hace en España (reducir recursos innecesarios por cuestiones reiteradamente resueltas, suprimir trámites superfluos, unificación de actos procesales, etc.), sin que se deba enfrentar la racionalización de medios con la garantía de tutela judicial efectiva (intereses distintos, pero nunca incompatibles).

Valoro positivamente la Ley de Agilización Procesal, introduciendo criterios correctores para mitigar y permitir el acceso al recurso de resoluciones en base al interés casacional, de unificación de doctrina, o existencia de infracciones groseras. Ahora bien, dado que, en principio, sólo se incorporan determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil y contencioso administrativo, lamento el nuevo compás de espera y que no se hayan introducido imprescindibles reformas procesales en el orden jurisdiccional penal (7 de cada 10 asuntos ingresados pertenecen al ámbito penal), sin esperar a una futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los jueces echan de menos desde hace tiempo iniciativas legislativas para un ámbito jurisdiccional especialmente sensible y con dilaciones palpables, que exige medidas efectivas y prontas, de fácil plasmación parlamentaria, como, por ejemplo, unificar el trámite de los recursos, del trámite del sumario y el procedimiento abreviado, incluso prever una sola instancia de revisión judicial en ciertas materias de escasa entidad o gravedad.

Respecto a la Ley de Arbitraje, en principio, soy favorable a la potenciación de la figura de los mediadores y acuerdos prejudiciales. Por lo mismo, nuestro país debe culminar, a la mayor brevedad, la puesta en práctica de medidas y programas de mediación dentro del proceso penal.

En cuanto al uso de nuevas tecnologías, sólo espero que a corto plazo desaparezca el papel, "los autos", y esté plenamente materializado el expediente digital y la transmisión telemática de comunicaciones.

El estudio del CGPJ "la Justicia dato a dato de 2010" destacaba a Andalucía como la comunidad que tuvo la tasa de litigiosidad más alta de 2010, con 230 asuntos por cada mil habitantes, mientras la media nacional se situó en 198,8, seguido de Madrid. Hay más de 600.000 asuntos judiciales pendientes y casi medio millón de sentencias sin resolver. Asimismo, en materia judicial, Andalucía está dando una voz de alarma. Escasez de jueces, asuntos judiciales pendientes, instalaciones obsoletas. ¿Es posible mejorar esta situación de cara al informe de 2011?

A corto plazo, y con la actual situación de crisis, no podemos ser optimistas. El funcionamiento de la justicia seguirá atascado porque siguen pendientes todavía las grandes reformas anunciadas para desbloquear nuestra justicia y absorber los actuales niveles de pendencia.

Pensemos en la justicia penal, a la que corresponde el mayor número de asuntos (6 de los 9 millones de pleitos que se tramitan al año en España), cuya agilidad pasa necesariamente por reformas legislativas. Pensemos en la desaparición del papel y el pleno uso del expediente judicial electrónico y las comunicaciones telemáticas. Pensemos en la nueva organización de trabajo, en la planta judicial, en el número de jueces necesarios para digerir en tiempo razonable el volumen de asuntos actual, etc.

¿Esta situación puede denominarse a su juicio como "crisis institucional" que refleja la dimensión del problema de la Justicia?

En el ámbito de la justicia la salida de la crisis no puede estar desconectada de la situación económica general del país, por lo que deben ser los dirigentes políticos quienes determinen las prioridades y acciones necesarias. Yo, como Juez, debo intentar que la crisis deteriore, lo menos posible, la prestación del servicio público que prestamos, tarea que no es fácil porque económicamente dependemos del poder ejecutivo, sea central o autonómico.

Por último, respecto a los diez años de la Ley Penal del Menor, Vd. ha abogado por minimizar la justicia tradicional en menores y flexibilizar la reacción penal, ¿es necesario dar una mayor intervención a otros grupos que rodean al menor: la escuela, la familia, etc.? ¿Cómo se pueden articular, a su juicio, mecanismos efectivos de prevención?

El objetivo fundamental de un sistema de justicia juvenil ha de ser la recuperación del joven infractor para la sociedad, no exclusivamente la sanción de la conducta delictiva. Para ello es necesario que exista coordinación en las actuaciones a llevar a cabo en los diferentes ámbitos: social, educativo y penal. Hasta ahora, esa coordinación o no ha existido o ha sido escasa y ello ha hecho que los esfuerzos realizados desde alguno de esos ámbitos no haya contado con la continuidad necesaria en los demás. Es fundamental que la intervención penal vaya acompañada de una intervención social en el entorno familiar y de relación del menor y en la escuela se apoye y se refuerce, en su caso, esa intervención.

La implicación de ese entorno y la ayuda al mismo, es el mecanismo de prevención más eficaz. Sin embargo, desde el punto de vista judicial, topamos nuevamente con la circunstancia de que ese trabajo no corresponde hacerlo a los órganos judiciales, sino a la Administración responsable de los servicios sociales.

Si el presidente quiere añadir algo más ...

Que los jueces no pierdan la ilusión, que no caigan en el desánimo o la apatía, pese a los defectos estructurales u organizativos. Que los ciudadanos siempre perciban la cara humana de la justicia.

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