El Derecho

Ángel Juanes Peces

"La Reforma del Código Penal posibilitará la cooperación jurídica internacional"


La Reforma del Código Penal, aprobada el pasado 23 de diciembre, ha sido la más importante que recoge el texto de 1995, tanto a nivel de extensión como contenido. La tipificación de nuevos delitos y el acercamiento a las normas penales europeas son dos de las grandes cuestiones que introduce el nuevo texto. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, profundiza en sus puntos principales.

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¿Podría ofrecernos una visión general de cuáles son las claves del nuevo texto del Código Penal?

Acabar con la disparidad de criterios en la interpretación jurisprudencial sobre la prescripción y el abono de prisión preventiva, ya que existía al respecto una jurisprudencia discrepante entre el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.

Mejorar los instrumentos punitivos para luchar contra los delitos económicos y la corrupción, estableciendo para ello nuevos tipos penales y elevando las penas de otros, como ocurre en los fraudes contra la hacienda pública, los urbanísticos, el cohecho o el tráfico de influencias. Se trata de luchar más eficazmente contra la corrupción. Para ello además de elevar las penas de algunos delitos, se crean otros nuevos como es el caso de la corrupción entre particulares, el acoso inmobiliario, el fraude de inversores, los delitos a través de internet y finalmente se consagra por primera vez en nuevo Código Penal la responsabilidad de las personas jurídicas con el fin de terminar en lo posible con la irresponsabilidad organizada y muy especialmente para evitar la impunidad de quienes delinquen amparándose en el anonimato que las personas jurídicas proporcionan.

Racionalizar el sistema de penas a cuyos efectos se mantiene, cuando no se aumenta, ciertas penas para los delitos más graves, mientras que en ciertos delitos como son de seguridad vial y contra la salud pública se atenúan las penas para ciertas formas delictuales de esta clase de delito.

Finalmente uno de los fines más esenciales de la reforma es adaptar nuestras normas penales al ordenamiento jurídico comunitario, no de forma general sino parcial, es decir en alguna clase de delito como son terrorismo, crimen organizado, blanqueo de capitales, protección de menores, corrupción entere particulares.

Así muchos de los nuevos tipos penales que la reforma crea son consecuencia directa de la transposición a nuestro ordenamiento jurídico penal de diversas decisiones marcos de la Unión Europea produciéndose así lo que ha dado a denominarse la armonización jurídica en el ámbito penal europeo.

Una de las consecuencias de esta modificación en la normativa legal es que determinados delitos (tráfico de drogas, propiedad intelectual e industrial, seguridad vial, etc.), competencia en su mayoría de los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales, van a tener a partir de ahora un tratamiento distinto para los penados, lo que obligará a los jueces a revisar a la baja cientos de sentencias condenatorias, con el suficiente colapso que esto conlleva. ¿Está preparado el sistema judicial para esta carga de trabajo extra?

Es cierto que la reforma va a obligar a los jueces a revisar algunas sentencias, no de forma general sino las que se refieren entre otros a los delitos de propiedad intelectual, seguridad vial y delitos contra la salud pública. Luego no se trata de una revisión tan extensa como se dice pues hay que significar por lo general que la reforma del Código Penal endurece las penas. Así ocurre en el delito de cohecho, los delitos de urbanismo y especialmente en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, con la finalidad de luchar contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil operándose por esta vía no sólo el aumento de los delitos y penas contra menores sino también de las agresiones sexuales agravadas que pasan de cuatro a cinco años.

Respondiendo a su pregunta tengo que decirle que los Tribunales de Justicia están preparados para llevar a efecto esta revisión parcial.

Así, en la Audiencia Nacional se han revisado 900 sentencias, de las cuales solamente se ha rebajado la pena en aproximadamente 150.

Si le parece, vamos a analizar algunas de las novedades que introduce la reforma. Una de ellas y quizás de las que más controversia está suscitando es que permite a los jueces ordenar el decomiso del vehículo a los conductores que cometan un delito grave. Asimismo, el director de la DGT advirtió que esta medida sería "excepcional como alternativa a la prisión". Asociaciones de Automovilistas la consideran desproporcionada porque tal y como está redactado el texto, el decomiso no se ha contemplado como una medida excepcional, sino que debe aplicarse en todas las condenas por delitos contra la seguridad vial, previendo que aproximadamente unos 50.000 automovilistas al año se quedarán sin coche. ¿Qué opinión le merece al respecto?

El artículo 385 bis del Código Penal después de la reforma dice que el vehículo de motor utilizado en los hechos previstos en este capítulo se considerará instrumento de delito a los efectos del art. 127 y 128 del Código Penal.

Los artículos 127 y 128 establecen que toda pena que se imponga por un delito o falta doloso llevará consigo la perdida de los efectos que de los delitos provengan.

Luego a mi juicio, no se trata de una medida excepcional como alternativa a la prisión, sino que debe aplicarse en todas las condenas por delito contra la seguridad vial, pues los artículos citados no establecen excepciones lo que a mi juicio me parece desproporcionado.

Otras medidas como la nueva figura de la libertad vigilada para delincuentes sexuales y terroristas, está siendo cuestionada. Voces críticas aseguran que ni su procedimiento, ni su seguimiento, ni sus controles  están delimitados al ser una pena accesoria a la de prisión y con cumplimiento posterior a la excarcelación. ¿Qué opina de esto? ¿Y si vuelven a delinquir durante este tiempo de libertad vigilada?

Hay que comenzar diciendo que la libertad vigilada no se concibe como una pena accesoria a la de prisión sino como una medida de seguridad y como tal la trata la reforma del Código Penal.

Es cierto que en el anteproyecto se consideraba como una pena accesoria pero el actual equipo ministerial siguiendo los consejos de destacados juristas modificó su naturaleza considerándola como una medida de seguridad y como tal según el artículo 98 podrá ser modificada a lo largo del proceso e incluso no solo reducir la duración de la misma sino incluso ponerla fin dejando sin efecto dicha medida

Por otra parte, hay que significar que el contenido de la medida de libertad vigilada es variada, pudiendo consistir en la obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos o simplemente presentarse en el lugar que el juez o tribunal establezca. Pero es que además, dicha medida de seguridad sólo es obligatoria para los delitos que se mencionan.

En los demás casos es el juez o tribunal el que tendrá que fijarlo según la circunstancia concreta.

La Reforma tipifica también nuevos delitos económicos y por primera vez en España, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta medida tiene un impacto directo en la actividad empresarial al aplicar más control sobre los delitos cometidos en el seno de las mismas aprovechando su funcionamiento (blanqueo de dinero, etc.). ¿Considera que esta era una de las reformas más inaplazables?

En la mayoría de los países europeos los Código Penales de los respectivos países consagran junto a la responsabilidad de las personas físicas la de las personas jurídicas y particularmente en EEUU, cuya finalidad no es otra que evitar (amparándose en empresas y sociedades organizadas) que personas físicas pertenecientes a su círculo cometan delitos, de manera que en este sentido me parece positivo que el legislador haya consagrado dicha responsabilidad sobre la que existe consenso doctrinal.

Cuestión distinta es, y en ello quiero centrarme, el fundamento de dicha responsabilidad o dicho de otra manera, si bastará que una o varias personas físicas pertenecientes al ámbito de la empresa delincan para que automáticamente la empresa o sociedad se le pueda incriminar por la conducta de terceros. Este es para mí el verdadero tema de debate, y sobre él ya me he pronunciado en un artículo publicado en una revista jurídica junto a un catedrático de derecho procesal en el que coincidimos que para que surja la responsabilidad de las personas jurídica es necesario que se demuestre que por la empresa o sociedad correspondiente no se hubieran adoptado las medidas de control exigibles según unos criterios estandarizados, pues de lo contrario se trataría de una responsabilidad objetiva incompatible con el principio de culpabilidad vigente aplicable al ámbito de las personas jurídicas.

En cuanto al acoso inmobiliario como delito tipificado en el nuevo Código Penal, otra de las novedades, ¿considera que es una consecuencia lógica de varias sentencias que han manifestado la necesidad de una regulación legal?

La introducción del delito de acoso inmobiliario es consecuencia de una demanda social y jurídica ya que la legislación hasta el momento existente no daba una respuesta eficaz a quien por medios coactivos e indirectos fuerza a alguien a abandonar su domicilio por razones especulativas o de otra índole. Se trataba por tanto de una medida absolutamente necesaria.

Y por último, existe un reajuste al contemplar otro tipo de penas más congruente con conductas menos graves o delitos pequeños. ¿Se trata de reducir la población penitenciaria a límites más soportables para el presupuesto público?

La disminución de algunas penas que se ha hecho en ciertos delitos no se ha hecho con la finalidad de reducir la población penitenciaria a limites más soportables sino por razones de estricta justicia, es decir con la aplicación del principio de proporcionalidad en los delitos y las penas.

En definitiva, son motivos de lógica interna y no de carácter externo.

¿Quiere destacar algún aspecto más de esta reforma?

La reforma realizada por la Ley Orgánica. 5/210 de 22 de junio, es la más importante que se ha hecho hasta el momento del Código Penal de 1995 no solo por su extensión sino por su contenido. A la hora de destacar algún aspecto entre otros de dicha reforma significaría especialmente el fenómeno de la armonización penal en virtud del cual las normas penales europeas están en vías de unificación en algunas clases de delitos, principalmente los relativos a la criminalidad organizada, lo que va a redundar positivamente en la profundización de la cooperación jurídica internacional.

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