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Fernando De Rosa Torner, vicepresidente del CGPJ

"La Ley tendría que incluir mecanismos que evitaran la interinidad del Constitucional"

Fernando De Rosa Torner, vicepresidente del CGPJ

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial ha señalado que confía en que los gupos parlamentarios alcancen un acuerdo que permita nombrar a los nuevos magistrados en el plazo indicado por el Congreso.

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-Los últimos acontecimientos en la sede del Tribunal Constitucional con la dimisión de los tres magistrados, entre ellos, la del vicepresidente Eugeni Gay ha reabierto el debate sobre el proceso de renovación de miembros del Tribunal. ¿Qué valoración puede hacernos acerca del por qué de tanta dilación en el proceso?

La propia Ley establece los plazos en los que los miembros del TC deben de ser renovados. Por ello, se tendría que estudiar la forma de incluir en dicha ley los mecanismos necesarios que eviten esta situación de interinidad tan grande que está padeciendo el TC. Creo que es importante que los plazos se cumplan y se respeten los tiempos de las renovaciones pues no es bueno que los magistrados que han cumplido su mandato tengan que continuar en su puesto de manera indeterminada.

Confío que, con el nuevo plazo que se ha abierto en el Congreso, los representantes parlamentarios estén a la altura de las circunstancias y antes del 30 de junio alcancen un acuerdo que permita nombrar a los nuevos magistrados del TC.

-El conflicto generado entre la Fiscalía y el CGPJ promovido por las enmiendas al proyecto de ley de agilización procesal que introducen importantes modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal -enmiendas ya retiradas por el Grupo Parlamentario Socialista-. ¿Considera que las modificaciones suponen una agilización del proceso penal? ¿Este conflicto institucional refleja la falta de un modelo de organización judicial y procesal?

Sin lugar a dudas, considero que las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsadas por el CGPJ, consistentes básicamente en una revisión del actual sistema de recursos y en una mejora de la regulación legal del secreto de las actuaciones penales, permitirán hablar de una mayor agilización de los procesos penales, al igual que las propuestas de modificación de las leyes de enjuiciamiento civil y de la jurisdicción contencioso-administrativa, también instadas por el Consejo, ayudarán a que estos procesos ganen en rapidez y eficacia, simplificando trámites y acortando su duración.

En cuanto a la segunda parte de su pregunta, no creo que podamos hablar de conflicto institucional ni de ausencia de un modelo organizativo concreto. El Consejo únicamente ha cumplido con su obligación de sugerir mejoras de la administración de justicia que redunden en beneficio de todos los ciudadanos, y al mismo tiempo se ha convertido en el vehículo de transmisión de las propuestas de reforma instadas por los propios miembros de la carrera judicial.

-El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente la Ley de Acceso a la Abogacía, con la intención, según el Gobierno, de concluir una situación anómala para la profesión y garantizando una capacitación profesional adecuada ¿qué opina de esta norma y por qué se ha dilatado tanto?

Es una norma de gran impacto y pienso que la entrada en vigor de esta Ley en octubre de 2011 ayudará a tener en España a abogados mejor formados que redundará en beneficio de los derechos de los ciudadanos y un mejor funcionamiento de la administración de Justicia. La formación conjunta mediante la colaboración entre el CGPJ y el Consejo General de la Abogacía va a ser muy estrecha y, estoy seguro, que eficaz.

En cuanto al retraso de casi 5 años en su aprobación creo que se debe fundamentalmente a la búsqueda de equilibrios entre los Colegios de Abogados y las Universidades.

-¿Qué valoración puede hacernos al respecto de otras disposiciones legislativas ya aprobadas o en fase de trámite del Gobierno central, con el fin de agilizar y modernizar la justicia? Y destaco tres: jurisdicción social, tribunales de instancia o uso de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.

Se trata en los tres supuestos de proyectos legislativos que contribuirán en muchos aspectos a mejorar la administración de justicia como servicio público esencial al servicio de los ciudadanos.

La ley reguladora de la Jurisdicción Social modifica el ámbito de conocimiento del orden social, que se amplía, racionaliza y clarifica respecto a la normativa anterior. La Ley concentra en el orden social, el conocimiento de todas aquellas materias que pueden considerarse como "sociales". Con ello se pone de manifiesto una inequívoca voluntad modernizadora del procedimiento en el ámbito social, dirigida a una mayor agilización en la tramitación procesal, lo que se consigue a través de mejoras técnicas y adaptaciones a la normativa vigente.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para instaurar los Tribunales de Instancia supone una nueva organización de nuestra administración de justicia, en la que los actuales juzgados unipersonales son sustituidos por agrupaciones colegiadas de jueces, lo que permitirá hablar de la creación de la plazas de jueces, en lugar de juzgados, con la consiguiente optimización de recursos económicos y, por otro lado, facilitará las sustituciones entre jueces, lo que reducirá progresivamente la denominada "justicia interina" y con ello habrá un aumento perceptible de la calidad de las resoluciones. No obstante, el Consejo llama la atención sobre diversos aspectos del proyecto que sería necesario replantear, como los supuestos de avocación al Pleno, que podrían resultar contrarios al principio de independencia de los jueces.

Por último, la Ley reguladora del Uso de las Nuevas Tecnologías permitirá incorporar con carácter definitivo su uso generalizado en la administración de justicia, estableciendo el deber de Abogados, Procuradores, Graduados Sociales y personal de las oficinas judiciales y fiscalías de utilizar los medios electrónicos en sus relaciones con la justicia, lo que permitirá alcanzar la tramitación íntegra a través del expediente judicial electrónico y el abandono definitivo del papel en nuestros tribunales.

-¿Cómo valora las implantaciones acometidas de la nueva Oficina Judicial? ¿Piensa que ha existido coordinación en todas las fases del proceso? ¿Cuáles son las dificultades más latentes y qué refuerzos conlleva?

Desde el primer momento, el CGPJ ha manifestado su explícito y total apoyo al nuevo modelo de oficina judicial instaurado por la reforma de 2003 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, implicándose al máximo a través de diversas actuaciones como creaciones de comisiones jurídicas, iniciativas formativas dirigidas a jueces y magistrados y notoria actividad presencial de los Vocales en las ciudades elegidas para su implantación. No obstante, se han detectado diversas disfunciones relacionadas sobre todo con el anormal funcionamiento de los sistemas informáticos, la excesiva burocratización de la gestión, la escasa dotación de personal y la deficiente formación de parte del personal, que el Consejo ha puesto de manifiesto y que es necesario solventar para garantizar la viabilidad del nuevo sistema, disfunciones sobre las que ya están trabajando de manera coordinada tanto el Ministerio de Justicia como el CGPJ para resolverlas cuanto antes.

-Recientemente el CGPJ presentó El informe la Justicia Dato a Dato de 2010, que arroja datos, en términos cuantitativos, sobre la duración media de los procedimientos: en la primera instancia alcanza los 4 meses, 5 meses en la segunda instancia y en el Tribunal Supremo llega hasta los 12 meses. ¿Deben mejorar estos plazos?

Se trata de unos plazos de duración que podemos considerar razonables, teniendo en cuenta las dificultades históricas que atraviesa nuestro sistema de justicia. En los últimos años se está trabajando muy intensamente en modernizar la administración de justicia, pero la inasumible carga de trabajo que en muchos casos soportan nuestros tribunales nos obliga a redoblar esfuerzos en la tarea de reducir aún más los tiempos de respuesta, algo necesario si queremos hablar de un servicio público de justicia ágil, rápido y eficaz, consecuente con las necesidades de nuestros ciudadanos y que garantice el derecho a una tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas.

En esta tarea, es fundamental el papel que van a jugar los proyectos legislativos en marcha impulsados desde el CGPJ, muy especialmente los proyectos de ley de medidas de agilización procesal y el de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de justicia, que permitirán agilizar sensiblemente los trámites procesales y ofrecer una respuesta judicial más rápida y eficaz.

-Este informe refleja que los juzgados son un escaparate de la crisis económica: elevado número de desahucios, embargos, concursos de acreedores y despidos...,¿podríamos ser optimistas de cara al informe del año que viene?

Los datos aportados en el informe "la justicia Dato a Dato" revelan que tanto los concursos de acreedores como los procesos de desahucio crecieron durante el primer trimestre de 2011 un 11 por ciento y un 36 por ciento, respectivamente, en relación al mismo período del año 2010. Sin embargo, los embargos, ejecuciones hipotecarias, procesos monitorios y despidos presentan una tendencia descendente en este primer trimestre, lo que dificulta la tarea de aventurar cuál va a ser el curso de la conflictividad judicial derivada de la actual coyuntura económica.

No obstante, es innegable que estamos atravesando una durísima situación de crisis económica generalizada, cuyos efectos se están dejando notar todavía con mucha intensidad en todos los sectores productivos y en las economías domésticas, por lo que habrá que ir pensando en soluciones estructurales para nuestro sistema de justicia, dada la previsible persistencia de los efectos de la crisis económica. En cualquier caso, habrá que estar muy pendientes de la evolución de los indicadores para adaptar la respuesta judicial a las necesidades generadas por la recesión económica.

-También en la presentación de este informe, el Consejo instó a los partidos a aumentar las partidas destinadas a la Administración de Justicia y redoblar los medios materiales y personales para corregir las "deficiencias históricas" –según palabras de la portavoz Gabriela Bravo-, que sufre este servicio público. ¿Además de con más recursos materiales y humanos, estas deficiencias se paliarían con cambios estructurales?

Creo que ha llegado el momento de ir pensando seriamente en acometer cambios estructurales que modernicen nuestra administración de justicia. Precisamente ese cambio estructural es el que persigue, en esencia, el proyecto de ley de creación de los Tribunales de Instancia, que a pesar de que presenta aspectos claramente mejorables, que ya fueron puestos de manifiesto por el CGPJ en su informe al anteproyecto de ley, propone una nueva arquitectura judicial que transformará en órganos colegiados los actuales juzgados unipersonales y que ayudará en gran medida a mejorar nuestra administración de justicia.

Sin embargo hemos de reconocer que un proyecto de tal envergadura, necesitado de un esfuerzo inversor decidido y cuantioso y de una correlativa implantación de la nueva oficina judicial, probablemente no pueda ver la luz antes de finalizar la presente legislatura.

-El CGPJ ha tenido colaboraciones muy aplaudidas con instituciones y gobiernos autonómicos que posibilitan una verdadera agilización. Una de ellas ha sido el reciente acuerdo con la Abogacía para el intercambio de datos: acceso del CGPJ al censo de colegiados de toda España para que sean consultados para la gestión procesal. Y la Abogacía podrá utilizar el "Punto neutro judicial" de los jueces en los asuntos relacionados con la asistencia jurídica gratuita. ¿Cómo valora este acuerdo? ¿Deberían ampliarse los mecanismos de colaboración de las instituciones en materia de justicia?

Efectivamente el 17 de mayo de 2011 el CGPJ y el Consejo General de la Abogacía firmamos un Convenio donde se llegaron a importantes acuerdos, que usted ha recogido perfectamente en su pregunta, y en donde se destacó la gran colaboración que preside las relaciones de ambas instituciones así como su efectividad. En consecuencia, de mis palabras se desprende que ha sido un acuerdo necesario para el buen hacer de la justicia y, seguro, que no será el último.

En relación con su segunda cuestión, he de decirle que el CGPJ, y le hablo exclusivamente y en concreto de las materias de las comisiones que yo presido, esta colaborando en materia de justicia con las Comunidades Autónomas para la implantación en los TSJ del sistema de gestión gubernativa, un nuevo escalón en el proceso de modernizar la justicia. Pero también se han firmado, por ejemplo, Convenios para el intercambio de información entre el CGPJ y el Fondo de Garantía Salarial; con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias para realizar consultas de los internos que en cada momento tienen los centros de toda España; con la Fábrica de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda para la prestación de servicio de firma electrónica. En fin, como verá el CGPJ está abierto a la colaboración con cualquier institución en materia de justicia.

-¿Qué opina de la supresión del servicio de asistencia jurídica gratuita en Madrid? La consecuencia más notoria es la pérdida de derechos del ciudadano. ¿Qué otras consecuencias pueden derivarse de ello? ¿Llegaremos a un efecto dominó en otras CCAA?

La Justicia Gratuita es importante porque tiene una gran trascendencia social. Como es lógico se ha de prestar este servicio porque es necesario facilitar el acceso a la Justicia a todos los ciudadanos y, en consecuencia eso incluye a aquellos que se encuentran en una situación económica precaria y que no pueden hacer frente a los costes que supone acudir a la justicia. En un Estado moderno y democrático, debe existir el derecho de acceso a los tribunales, sin ningún tipo de discriminación.

Pero también es verdad que yo propondría a las Comunidades Autónomas que de alguna forma se controlen exhaustivamente si los demandantes del servicio cumplen con los requisitos para poder tener derecho a utilizarla.

En cuanto a la posibilidad de que otras CCAA con competencias transferidas puedan tener una situación similar a la de Madrid, tengo que decirle que es posible dada la situación de crisis económica que se está atravesando desde hace años y que afecta de manera importante a las CCAA. Pero, también espero que entre todas las partes implicadas se pueda llegar a una solución en beneficio del ciudadano.


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