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Antonio Hernández-Gil

Hernández-Gil propone el pago del turno de oficio madrileño en 60 días

Antonio Hernández-Gil. Candidato a decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Decano en funciones.

Los abogados madrileños eligen mañana a su nuevo decano en unas elecciones muy competidas y relevantes para el futuro de la abogacía madrileña. El decano en funciones, Antonio Hernández-Gil, aboga por garantizar un servicio de justicia gratuita de calidad, presionando a la Administración para que el pago del turno de oficio se produzca en 60 días. Así lo explica en esta entrevista.

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-¿Qué aspectos fundamentales vertebra su programa electoral?

Los principios en los que se fundamenta nuestro programa son la base de lo que después se articula como visión y medidas concretas. Y de esos principios, la independencia y la pluralidad son fundamentales, para poder llevar a cabo una gestión eficiente y responsable en el Colegio, que defienda a los abogados madrileños ante los poderes públicos y las instancias judiciales sin trabas ni cortapisas, garantizando el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.

Pero no nos hemos quedado en los principios ni en las grandes frases. A partir de esos principios hemos desarrollado una visión estratégica sobre el futuro del colegio que se desarrolla a través de 44 medidas concretas. Es decir, ofrecemos un programa estructurado y bien definido, que va de lo estratégico a lo concreto, medible y cuantificable, con un valor añadido: que hemos demostrado ya durante los cinco años pasado ser capaces de llevarlo a cabo.

-¿Qué puede ofrecer, como candidato,  al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, considerado un escaparate de la abogacía a nivel nacional?

Yo creo que lo más importante que podemos ofrecer son garantías de futuro para, en estos tiempos difíciles, económica y regulatoriamente, situar a la profesión y al propio Colegio en el lugar que le corresponde dentro de la sociedad. El Colegio tiene unas bases centenarias, pero muy sólidas, y hay que proyectarlo hacia el futuro en un escenario de mayor competencia y desregulación de los servicios profesionales sobre la base de reenfocarlo en sus funciones de interés general, que son las que siguen justificando la colegiación obligatoria.

Sólo desde ese foco de función social cabe, además, potenciar más y mejores  servicios para  los colegiados. Por otra parte, Madrid es la tercera parte de la abogacía española, y su Colegio debe hacer valer ese peso específico ante todas las instancias y dentro de la abogacía institucional del conjunto del Estado, es decir, ante el Consejo General de la Abogacía Española.

-El conflicto del turno de oficio ha empañado seriamente el servicio de justicia gratuita. ¿Qué reformas propone para garantizar este servicio al ciudadano y que a la vez respete los derechos y libertades de los abogados que lo prestan?

El impago y los retrasos en el turno de oficio están empañando un servicio público esencial, uno de los servicios a la sociedad de mayor calidad que ofrece nuestra profesión. Hemos recurrido judicialmente todos los impagos y reclamado los intereses de demora, y seguimos presionando cada día, no solo para que se pague lo que se debe por parte de las administraciones públicas, sino para que se reconozca el valor que ese servicio fundamental tiene en la sociedad.

Nos hemos propuesto que la nueva Ley de Asistencia Gratuita contemple el pago de los honorarios del turno de oficio madrileño en un plazo máximo de 60 días y lo estamos consiguiendo. Pero no solo eso. Abriremos todos los cauces de diálogo con asociaciones y abogados para intentar tener una única voz fuerte que pueda demandar con fuerza el reconocimiento que el turno de oficio merece.

-¿Qué valor le otorga a la profesionalización del abogado y a la formación, especialmente para garantizar el acceso a los más jóvenes y recién licenciados?

La formación es una exigencia ineludible para asumir las elevadas responsabilidades propias del abogado en cada encargo profesional. Por el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid pasan cada año más de 10.000 colegiados, que necesitan potenciar su capacidad profesional y que cuentan con un elenco de más de trescientos cursos para ello.

Pero además, casi la mitad de los abogados que los cursan tienen bonificada esa formación y cerca de la cuarta parte puede hacer los cursos gratuitamente. Y todo ello habiendo conseguido en estos cinco años que el Centro de Estudios sea económicamente autosuficiente. Además, hay que mantener la formación que ofrece el Colegio y su Centro de Estudios lejos de cualquier presión o influencia empresarial externa.

Por otro lado, hemos contribuido activamente al desarrollo normativo de  la Ley de Acceso a la profesión, y el Colegio debe cumplir ahora un papel clave a la hora de gestionar las prácticas externas o de participar en los másters oficiales y cursos que deberán realizar los nuevos graduados para acceder a la actividad.

En materia de formación se han sentado unas bases que jamás se deben perder y, además, debemos conseguir el reconocimiento de la formación continuada como una exigencia constante de su habilitación profesional.

-El Colegio ha sido muy crítico con la Ley que aumenta las tasas judiciales y se le ha visto encabezando acciones de protesta frente a los Juzgados. Parece que las cantidades son desorbitadas, ¿qué opinión le merece?

El rechazo de este decano en funciones y de su candidatura a la nueva Ley de Tasas es rotundo. No tienen sentido ni las cantidades ni la propia norma en sí, que atenta de forma grave a la igualdad de todos ante la ley y pone en entredicho el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra la Constitución.

En 1986 se eliminaron todas las tasas judiciales, y lo consideramos un avance social; en 2002, se volvieron a instaurar solo para grandes empresas (que facturasen más  de 8 millones anuales de euros, ahora 10), y el Tribunal Constitucional ha expresado serias dudas sobre su constitucionalidad, aunque finalmente se avalase su constitucionalidad por limitarse las tasas a grandes empresas con ánimo de lucro.

Pues bien, ahora se extiende el pago a las personas físicas, a todos los ciudadanos que no tienen derecho a justicia gratuita (más o menos más de 15.000 euros de remuneración anual bruta por unidad familiar), con unas cuantías que son el doble de las que en su día pagaban las grandes empresas. La norma, en mi opinión, no tiene medida y creo que no debe pasar un examen de constitucionalidad.

-Transparencia, servicio médico, escuchas ilegales, turno de oficio, mala relación entre abogados y jueces, tasas, y un largo etcétera de titulares relacionados con el ICAM se han sucedido en los últimos meses, ¿considera que ha sido determinante para que se conviertan en unas elecciones de las más reñidas y relevantes de los últimos años?

Hay que partir de la base de que toda la participación es buena y que fomentar el debate abre caminos de progreso siempre. Es cierto que nunca ha habido tantas candidaturas, pero eso da idea del momento trascendente ante el que está la abogacía madrileña.

Nos estamos jugando gran parte del futuro de esta profesión, y es necesario que todos midan bien el contenido y las propuestas que tienen delante antes de dar su voto. Si el hecho de que sean unas elecciones reñidas y relevantes sirve para mejorar y elevar la participación de todos los abogados de Madrid en la vida colegial, será una buena noticia cualquiera que sea el resultado.

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