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Manuel Pulido

"Creo necesaria una reforma de organización política en clave federalizable"

Manuel Pulido, letrado del Parlamento de Navarra y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra.

Es una de las voces más autorizadas en Derecho Constitucional. Manuel Pulido analiza en esta extensa entrevista, las consecuencias de una posible reforma de la Constitución, sobre la viabilidad "constitucionalizar" el modelo de financiación, de la consulta catalana y de otros temas de la actualidad política y social.

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Paralelamente a la conmemoración del bicentenario de la Constitución, algunas voces están pidiendo un proyecto de reforma Constitucional, especialmente en el modelo territorial para “clarificar las competencias de cada administración”. ¿Ha llegado la crisis también a la Carta Magna?

La Reforma constitucional “in extenso” es una asignatura pendiente. Se ha señalado desde la Cádiz, la dificultad de los españoles para reformar de una forma no traumática nuestras constituciones. En relación con la CE/78 parece que ha llegado el momento de su reforma en materia territorial y en otros aspectos de funcionamiento de nuestro Estado. En particular, sí es necesario  es necesario clarificar el sistema competencial de nuestro Estado autonómico.   

En esta posible reforma, Catedráticos de Derecho abogan por incluir el modelo de financiación autonómica, ¿qué opina de esta iniciativa? ¿se debe “constitucionalizar” el modelo de financiación?

Se puede constitucionalizar un modelo de financiación en un Estado descentralizado o federal, pero dejando un margen a la intermediación de la Ley (nuestra actual LOFCA). Pero antes es necesario precisar el modelo de Estado  porque  el Estado de las Autonomías o “Estado Autonómico”, habiendo tenido muchas virtudes tiene el defecto de haber dejado en la indeterminación demasiadas cuestiones, que es preciso ya cerrar. Dicho de otro modo, no puede pretenderse que cada Estatuto de Autonomía tenga margen para definir su sistema de financiación como se pretendió con los llamados Estatutos de segunda generación, fuente de problemas irresolubles.

En tal sentido puede destacarse la enseñanza de la STC 31/2010, sobre el Estatut Catalán, en materia de financiación.

También recientemente ha nacido “Constitucionalistas por la Democracia”, una plataforma que agrupa a profesores de Derecho Constitucional que reivindican la apertura de un nuevo proceso constituyente ante el “agotamiento del Pacto Constitucional, incapaz de encauzar las demandas ciudadanas”, ¿qué opinión le merece esta plataforma?

Todo iniciativa que responda al deseo de mejorar las cosas debe ser siempre vista con buenos ojos. Sin embargo, en el momento económico actual y con las perspectivas secesionista de alguna CC.AA no parece el mejor tiempo para abrir un proceso constituyente en plenitud. Sí me parece  oportuno reformar la CE en aquellos aspectos territoriales o no que se están manifestado como insatisfactorios para el correcto funcionamiento de nuestro Estado y de nuestras instituciones. 

Seguimos con la actualidad, qué opina sobre la “interpretación evolutiva” en referencia al artículo 32 que el Tribunal Constitucional ha hecho al avalar la Ley de Matrimonios del mismo sexo?

Es el del matrimonio homosexual un tema que concita un alto contenido ideológico. Todos los temas en que se vean involucrados los derechos (tengan o no rango de derechos fundamentales) son susceptibles de una interpretación evolutiva al compás de los tiempos y de la realidad social. Pero siempre teniendo en cuenta su naturaleza y límites. Preocupa, sin embargo, que el tiempo transcurrido desde la interposición del recurso de inconstitucional (7 años) haya podido condicionar el fallo final.

También el Tribunal Constitucional ha admitido el recurso contra 7 artículos y dos disposiciones de la reforma laboral, recurso al que se suma el Parlamento de Navarra. Se le amontona el trabajo

Sí, el TC tiene excesiva carga de trabajo y resuelve –además- con demasiado retraso, pues como se ha señalado al sentenciar asuntos tan lejanos en el tiempo desde su formulación  (diez o doce años) hace Historia constitucional. También soporta un excesivo número de asuntos derivado de un mal diseño de las vías jurisdiccionales previas, que es preciso reajustar.

Con todo es necesario e imprescindible en un Estado como el nuestro una Jurisdicción constitucional que resuelva y pacifique en tiempo la constitucionalidad de la ley y los conflictos competenciales territoriales, lo que requiere una mejora en el proceso de selección y nombramiento de los magistrados constitucionales para preservar su autoridad y su papel de guardián de la constitución. Es, por ello, uno de los temas pendientes de la reforma de nuestras instituciones, que tiene que ver con los asuntos sometidos a su competencia  y, sobre todo, con el manejo  de la Agenda constititucional, que exige priorizar  la resolución de los grandes asuntos sometidos al TC.

Un posible referéndum catalán, exigiría modificar el Título Preliminar de la Constitución, ¿es posible un “derecho a decidir” en el marco de la legalidad? ¿Pesa más la realidad social y política que la normativa?

Nuestra Constitución parte del principio de unidad de la nación española articulada con el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. No prevé el derecho a la secesión ni el derecho a decidir por una parte de sus territorios, puesto que se funda en que el titular de la soberanía es el pueblo español.  

En el marco de la legalidad actual una propuesta de consulta como la que se pretende es de muy difícil encaje constitucional. La reforma de la LO 2/1980, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, podría facilitar las cosas pero teniendo presente que la Constitución parte de que las decisiones de especial trascendencia sometidas a referéndum sólo tienen carácter consultivo, no decisorio.

En ocasiones la realidad política puede querer imponerse al marco  normativo. En tal caso si es así debe reformarse la Constitución por las vías  establecidas, si existe una mayoría cualificada que la sustente. Puesto que en un Estado constitucional como el nuestro, las reglas deben observarse, pues en caso contrario no tendríamos un Estado social y democrático de derecho, sino un sucedáneo del mismo.

Está bien tener en cuenta las decisiones de otros países como el Dictamen del TS de Canadá sobre el Québec, pero cada Estado tiene su Constitución que debe respetarse, más allá que desde el punto de vista del Derecho internacional ningún territorio integrante de un Estado tiene reconocido el Derecho a la secesión.

Por todo ello añadiría como colofón, que dada la dificultad actual avivada por el desafío secesionista que enarbola el Presidente de la Generalidad de Cataluña, me parece necesario abrir un proceso de reformas en nuestra organización política en clave federalizable, que partiendo del Estado autonómico actual ajuste la desarmonía existente en algunos aspectos competenciales e institucionales.

No siendo el menos importante, la reforma del Senado convirtiéndolo en una verdadera Cámara territorial que puede funcionar a modo de válvula de escape de las tensiones territoriales evitando así el bilateralismo como método de solucionar las disputas politicas, lo que solo conduce a un sistema confederal inviable en la Unión Europea.

 Junto a ellos otros temas como la reforma electoral y los mecanismos de cooperación y coordinación de nuestro  Estado deben mejorarse. Y recuperase un  modo  de relación y actuación entre los partidos que respete las instituciones.

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Manuel Pulido Quecedo es Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra en 1979 con Premio Extraordinario de licenciatura. Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, amplió estudios en la Universidad de Angers (Francia) y en la de Colonia (Alemania).

Letrado por oposición del Gobierno de Navarra (Nº 1 de promoción) en 1980 y del Parlamento de Navarra donde ha desempeñado el cargo de Letrado Mayor y Secretario General de la Cámara.

Ha sido Letrado en el Tribunal Constitucional (1985-1988) y Asesor Jurídico del Presidente de Gobierno de Navarra (1996-2007), siendo en la actualidad Letrado del Parlamento de Navarra, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra, y Director de la Revista del Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional (1998-2009).

Es autor de más de trescientos artículos de su especialidad y de diversos libros, entre los que cabe destacar "El acceso a los cargos y fun­ciones públicas", Civitas, 1992; "La Constitución Española "Ano­tada con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", 5º ed., Aranzadi, Pamplona, 2006, y, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Anotada con Jurisprudencia, 2ª edic, Civitas, 2008.

Está en posesión de la medalla del Tribunal Constitucional.

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