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Vicente Rouco, presidente del TSJ de Castilla-La Mancha

"Castilla La-Mancha ha sufrido un abandono histórico en Justicia"

Vicente Rouco, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

El presidente del TSJ de Castilla La-Mancha ha sido contundente al explicar las necesidades que plantea su Comunidad en el área de Justicia; "Tenemos el menor número de Jueces por habitante", afirma. Sobre las actuales reformas legislativas, destaca algún que otro proyecto "cuestionable" que hace peligrar los criterios de predeterminación legal e independencia judicial. También ha tenido palabras para la nueva Oficina Judicial, valorando las implantaciones acometidas en Castilla-La Mancha con "escepticismo y gran preocupación". Todo ello en una extensa entrevista ofrecida a El Derecho.

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1. - Los resultados electorales determinan un cambio en el gobierno de la comunidad. ¿Se mantendrá la vía de colaboración desde el mundo judicial? ¿Qué ámbitos son los que más le preocupan y que espera solucionar a corto y medio plazo?

El nuevo gobierno en Castilla-La Mancha es el resultado de un proceso electoral y por tanto fruto de la normalidad democrática, por lo que los Jueces y los órganos de Gobierno del Poder Judicial manifestamos el máximo respeto a su labor, máxime en tiempos de especiales dificultades económicas.

Al propio tiempo, ofrecemos seguir prestando toda la colaboración precisa en relación con nuestras funciones, al igual que hemos hecho con los gobiernos anteriores, colaboración de la que ha sido expresión nuestra participación activa en la elaboración de un Plan Estratégico para la Justicia Regional en previsión de un proceso de transferencias que no se ha podido culminar.

Así se lo he manifestado a la nueva presidenta de Castilla-La Mancha, Dª Mª Dolores Cospedal, que por cierto, ha dado ya una primera muestra de respeto al Poder Judicial como Institución básica en un sistema democrático de Derecho, en su primer acto público, con motivo de su toma de posesión, al desear prestar su juramento solemne ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia, situándole en lugar preeminente junto al Presidente de Las Cortes Regionales y ella misma, cabeza del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Estoy convencido de que este gesto, que confío tendrá continuidad, puede ser el inicio de una relación presidida por el respeto institucional y una fructífera colaboración.

Pero no albergo esperanzas, al menos a corto o medio plazo, respecto al proceso de transferencias. Este no parece el momento más oportuno para solventar este proceso teniendo en cuenta las graves carencias que presenta nuestra Justicia en Castilla-La Mancha y las inversiones que resultan necesarias, siendo así que el Gobierno Regional se enfrenta a una situación económica especialmente difícil y anuncia importantes medidas de austeridad.

Por otra parte, quizá sea momento para reflexionar sobre el reparto de competencias en el mundo de la Justicia y la procedencia de una concurrencia de tantas Administraciones en una esfera que precisa de racionalidad y claridad de ideas y que debe estar presidida por el sentido de Estado.

Pero hay otros aspectos que pueden ser objeto de esa colaboración: la continuidad de la coordinación institucional en la lucha contra la violencia contra las mujeres, ya iniciada antes; la formación de los Jueces y Magistrados y otros profesionales de la Justicia; los protocolos de coordinación para el mundo de la medicina forense y los servicios de urgencias del SESCAM; o la coordinación con los Servicios de protección civil en casos de sucesos con víctimas múltiples, etc...

También precisamos su apoyo en las reivindicaciones en materia de inversiones y medios al servicio de la Justicia.

2. ¿Existe una inversión suficiente en recursos humanos y  materiales en los juzgados de Castilla-La Mancha? ¿Qué necesidades plantea su comunidad en materia judicial?

Vengo diciendo reiteradamente que Castilla-La Mancha ha sufrido un abandono histórico, una postración en la dotación de medios al servicio de la Justicia, que se manifiesta ante todo en el hecho, incontestable, de que somos la Comunidad Autónoma con menor número de Jueces por habitante. A finales de 2010, 176 Jueces, que según los datos de población que manejan los estudios del Consejo General del Poder Judicial arrojan una media de 8, 4 Jueces por 100.000 habitantes, cuando la media nacional es de 10, 6.

Ciertamente, la media nacional no es para tirar cohetes y está todavía muy lejos de la de otros países de Europa de similar sistema de Estado constitucional; pero la cifra de nuestra Región clama a gritos y explica en buena medida las cifras y datos de deficiente funcionamiento de nuestros órganos judiciales.

Según los datos de la Memoria Judicial de 2010, son precisas 39 nuevas plazas de Jueces y Magistrados. De ellas son muy urgentes 21.

Por cierto, que estas peticiones coinciden con los últimos estudios sobre carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial. En materia de edificios e infraestructuras Castilla-La Mancha, presenta graves carencias: tras muchos esfuerzos se terminaron los edificios de los Juzgados de Ciudad Real y Toledo en 2005, y de esas fechas es la remodelación de la Audiencia Provincial de Guadalajara.

Mas recientes son las obras de reforma de la Audiencia Provincial de Ciudad Real y por fin, concretamente el día 22 de Junio, ha entrado en funcionamiento el edificio de los Juzgados de Cuenca, ejemplo notable desde mi punto de vista a seguir, en cuanto alberga unas instalaciones excelentes.

Pero quedan otras necesidades pendientes: Albacete, la capital regional de la Justicia precisa desde hace más de 15 años un edificio para los Juzgados, siendo la nota característica la dispersión de sedes y escasez de espacios. Tras muchas gestiones disponemos de un solar magnífico de más de 30.000 m2 cedido por la Diputación Provincial, pero ha debido ampliarse a otros 5 años, a solicitud del Ministerio de Justicia, el plazo fijado para las obras por la Diputación como condición para cederlo, de 5 años. Recientemente se ha licitado la redacción del proyecto de obra. No sería demasiado pedir que una vez adjudicado y terminado se sacase licitación la ejecución del proyecto y que ello se verificara en un plazo más breve que ese de 5 años.

Son absolutamente imprescindibles nuevos edificios en Guadalajara e Illescas, con terrenos cedidos, y donde los Juzgados están instalados en condiciones lamentables. También son necesarios nuevos edificios en Talavera de la Reina, Torrijos, Tomelloso etc... amen de precisar importantes obras de remodelación las sedes de muchos Partidos Judiciales, en muy mal estado de conservación y mantenimiento.

Junto a ello urgen las inversiones en nuevas tecnologías: las redes de comunicaciones son lentas y deficientes, las aplicaciones procesales informáticas reciben numerosas críticas y quejas, se hacen reproches sobre las deficiencias de los sistemas de grabación digital y de notificaciones que por cierto últimamente están funcionando mal.

Las plantillas de las oficinas judiciales sufren múltiples carencias y la peor de todas es la general queja por el sistema de selección y nombramiento del personal interino, sin formación muchas veces ni experiencia.

Muchos Partidos Judiciales no cuentan con Servicios Comunes elementales de registro y reparto, así como de notificaciones y ejecuciones. Servicios Comunes que son preexistentes al nuevo modelo de oficina judicial. Y faltan médicos forenses y peritos psicólogos.

En fin, urge un proceso radical de modernización para varios años que nos equipare a otras Comunidades Autónomas.

3. ¿Qué valoración puede hacernos al respecto de las disposiciones legislativas ya aprobadas o en fase de trámite del Gobierno central, con el fin de agilizar y modernizar la justicia? Y destaco cuatro: agilización procesal, jurisdicción social, tribunales de instancia o uso de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.

Situándome en el plano de opiniones estrictamente jurídicas, y sin ánimo de hacer juicios de índole política que no me corresponden, creo que el proyecto de medidas de agilización procesal está presidido por una idea general que merece un juicio favorable incluyendo medidas que han sido reclamadas desde el mundo judicial para simplificar procedimientos y evitar las dilaciones procesales.

Acaso las medidas más discutibles son la limitación de recursos y la elevación de las cuantías para recurrir. Pero también hay que considerar que el derecho a la tutela judicial se satisface con tener garantizado el acceso a la jurisdicción y no incluye el acceso más que a los recursos que las leyes determinen. Nuestra cultura procesal está acaso demasiado lastrada por la idea de recurrir en todo caso.

Por otro lado, es importante garantizar que las Audiencias y Tribunales Superiores no se ven desbordados por los recursos y que el Tribunal Supremo puede cumplir su verdadera y trascendente función que es la de fijar doctrina y unificarla. Si se ve desbordado de recursos no podrá cumplir con ella. De todos modos la cuantificación de la summa gravaminis siempre es una cuestión muy opinable.

Respecto del proyecto de medidas, cuya ley ha visto la luz hace unos días, relativo al uso de nuevas tecnologías es evidente la necesidad de llevar a cabo reformas que posibiliten su utilización plena en el proceso. Es algo que demanda la adaptación y modernización de la Justicia.

Pero existe un problema de competencia clave: muchas de las reformas impulsadas están recortando un espacio importante a las competencias de los órganos de gobierno del Poder Judicial y tratando de restar importancia a la función legítima derivada de la Constitución y de la LOPJ, demandada por la necesidad de preservar la independencia de los Jueces y Tribunales. Desde mi punto de vista esto no es bueno. La labor del Consejo General del Poder Judicial viene siendo desde hace mucho tiempo muy importante en materia de modernización y deben reconocerse sus funciones para garantizar la interoperabilidad de los sistemas informáticos y test de compatibilidad, así como los servicios que se están desarrollando a través del PNJ.

Más cuestionable me parece el proyecto en materia de Tribunales de Instancia. Aun admitiendo, como hemos admitido los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, que la figura podría servir de modelo para una nueva idea organizativa de los órganos judiciales, el momento actual, en una etapa con horizontes de austeridad para inversiones, y después de haber emprendido reformas todavía no digeridas como la de la Oficina Judicial, y cuya eficiencia está por demostrar, con resultados hasta el momento nada esperanzadores, no parece prudente embarcarse en una reforma de tanto calado como la precitada, que supone abandonar la idea de Juzgado y de Partido Judicial, tan arraigada en la organización judicial española.

El informe del Consejo General del Poder Judicial, por otra parte, ha puesto de relieve importantes objeciones a diversas cuestiones relativas a este modelo de organización, como la inadmisible avocación al pleno de asuntos determinados sustrayéndolos de la competencia inicialmente fijada. Pero hay otros que hacen temer peligros para los criterios de predeterminación legal e independencia judicial.

Por otro lado, en el proyecto se vislumbran recortes incomprensibles a las funciones tradicionales reconocidas a los órganos de Gobierno del Poder Judicial. Además, se aprovecha para profundizar más en la idea de una oficina judicial totalmente ajena a los titulares del Poder Judicial, dejando sin efecto las Unidades procesales de apoyo directo, único reducto dejado a los Jueces en el actual modelo, y tratando de implantar un auténtico Servicio Común de facto para todos los Jueces del Tribunal de Instancia, que no se asegura garantice la disposición por parte de los mismos de los medios personales para cumplir sus funciones constitucionales.

4. ¿Cómo valora las implantaciones acometidas de la nueva Oficina Judicial en Castilla-La Mancha? ¿Piensa que ha existido coordinación en todas las fases del proceso? ¿Cuáles son las dificultades más latentes y qué refuerzos conlleva?

Con escepticismo y al mismo tiempo con gran preocupación. Como responsable institucional de un órgano de gobierno del Poder Judicial estoy obligado a la prudencia, pero tengo que decir que a la vista de las experiencias conocidas de Murcia y de Burgos intenté por las vías que pude que no se pusiera en marcha en Ciudad Real.

No lo conseguí. A partir de ahí, una vez tomada por la Administración competente, el Ministerio de Justicia, la decisión de producir el despliegue, pedí a los Jueces de Ciudad Real que se implicaran en hacer todo lo posible por su parte para que funcionara. Su disposición ha sido magnífica empezando por la Decana de los Juzgados y la Presidenta de la Audiencia Provincial. Pero no todo se logra con buena voluntad.

Los problemas han sido y son numerosos y también lo son las quejas de Jueces y Magistrados, profesionales (Abogados y Procuradores) además de funcionarios. El resultado hasta ahora no es bueno. La eficacia del sistema viene lastrada a mi juicio por diversos factores. Sin ánimo de ser exhaustivo cito:

- Las deficiencias constantes de los medios tecnológicos. Parece mentira que antes de ponerlos en funcionamiento no se hubieran experimentado previamente y comprobado su eficacia.

- La excesiva burocratización, con un Servicio Común de Ordenación del Trámite que es obligado replantear, máxime cuando no se cuenta con el expediente digital.

- No se han tenido en cuenta las circunstancias especiales de un Partido Judicial con Juzgados mixtos con especialización compartida, cuando parece que este modelo organizativo no cuadra ni con las funciones de instrucción penal, ni con Juzgados que asumen especialidades como los Mercantiles, o la Violencia sobre la Mujer. Tampoco cuadra con Juzgados como los de Menores o los de Vigilancia Penitenciaria.

- Da la impresión que se desconoce que la oficina judicial es una burocracia instrumentalmente al servicio del ejercicio del Poder Judicial, y se concede más importancia a la oficina como burocracia que al fin al que está orientada, empezando por la imagen de placas y carteles que se colocan en los edificios judiciales que hacen desaparecer los símbolos del Estado y las referencias a los Jueces y Tribunales.

- Se ha ido a un planteamiento de máximos en el desarrollo del modelo en lugar de hacer un desarrollo gradual, pero sin contar con medios y haciendo previsiones insuficientes en cuanto a la dotación de medios que luego han tenido que ser corregidas apresuradamente y sin coherencia.

- Se ha hecho desaparecer la única ventaja real que el modelo tenía respecto de la adscripción de los funcionarios: su movilidad funcional, sacrificada por exigencias de la negociación con los Sindicatos.

- El modelo organizativo se ha desarrollado sin contar de manera efectiva con los Jueces ni con los órganos de gobierno del Poder Judicial; sólo cuando ya estaba diseñado todo y prácticamente decidido, se nos ha dado audiencia formal y se ha contado con nuestra participación en órganos mixtos. Da la impresión más bien que para encubrir las deficiencias y hacernos cómplices de ellas.

- Trata de excluirse el control e inspección por el Poder Judicial de los Servicios comunes con merma de las facultades de dirección e inspección de los procesos que corresponden a los Jueces y a sus órganos de gobierno.

Los efectos negativos, pese a lo que se diga, son claros: demoras y deficiencias en la tramitación de los procedimientos, repercutiendo sobre la calidad del servicio que ha mermado respecto a la situación anterior. Basta preguntar a los Abogados y Procuradores que son cualificados usuarios.

Cuenca es el segundo Partido Judicial en que se pone en marcha, concretamente se ha iniciado el 22 de Junio. En Cuenca por la insuficiencia de las plantillas no se ha articulado Servicio Común de Ordenación del Trámite. Esta misión la desarrollarán las Unidades Procesales de Apoyo Directo de los Juzgados, pero para dotar los Servicios Común y de Ejecución se han recortado los funcionarios destinados en las mismas hasta extremos que hacen peligrar su adecuado funcionamiento. Aun cuando todavía es pronto para valorar la eficacia de la organización llevada a cabo, las noticias que me llegan no invitan precisamente al optimismo.

La conclusión desde mi punto de vista es patente: hay que reconducir el modelo a parámetros de racionalidad y eficacia, con sentido común. Y suspender nuevos despliegues.

5. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma de España con mayor tasa de asuntos pendientes de resolver por la Justicia en 2010, con una pendencia del 0,5, seguida por la Región de Murcia que cuenta con un 0,47 y la Comunidad Valenciana y Baleares con 0,41. La media nacional de pendencia es del 0,35. Son datos del informe del CGPJ “la Justicia Dato a Dato 2010”. ¿Veremos una reducción de las cifras para el informe del año que viene?

Son datos negativos es verdad, no puedo negarlo, siendo difícil hacer previsiones para el año que viene, pero lo que sí puedo afirmar es que la situación se explica por un conjunto de circunstancias entre las que desde mi punto de vista resulta fundamental la insuficiencia de la planta judicial a la que me he referido antes. Es difícil exigir un correcto funcionamiento a los Jueces y Tribunales si no se cuenta con la planta y plantilla adecuadas y con los medios materiales necesarios.

Amén de ello, hay que explicar que los Jueces y los órganos de gobierno del Poder Judicial apenas conservamos competencias sobre el principal factor distorsionador del correcto funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, que hoy está en las oficinas judiciales, bajo la competencia técnico procesal de los Secretarios Judiciales, que no dependen  de nosotros ni jerárquica ni funcionalmente, sino de la Administración, el Ministerio de Justicia, que la ejerce por medio de los Secretarios de Gobierno, dependientes en línea jerárquica del Poder Ejecutivo; y por lo que respecta al personal destinado en las mismas, la competencia le corresponde al propio Ministerio o a las Comunidades Autónomas con competencia transferida.

En resumidas cuentas, poco pueden hacer los Jueces y los órganos de gobierno del poder judicial cuando la inmensa mayoría de los problemas que lastran la eficacia de la Justicia provienen de medios y elementos cuya competencia nos ha sido sustraída y corresponde al Poder Ejecutivo.

La sociedad, la comunidad jurídica debe preguntarse si esta situación es buena para la Justicia y si no sería mejor atribuir al Poder Judicial autonomía suficiente para garantizar su funcionamiento eficaz e independiente.

6. No obstante, siguiendo con el informe del CGPJ, es de las que menos tasas de litigiosidad tiene, concretamente, la decimocuarta del país con un total de 150,5 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes, estando sólo por detrás el País Vasco, con 141,1 asuntos y La Rioja con 136,1. ¿Cómo valora estas cifras?

La tasa de litigiosidad es un fenómeno a considerar. Pero las cifras son medias de parámetros muy diversos. También Castilla-La Mancha, como he dicho antes, es la última en número de Jueces por 100.000 habitantes con una brecha importante respecto a la media nacional.

Por otro lado, no puede olvidarse que es una Comunidad Autónoma extensa geográficamente donde existen órganos judiciales incluso únicos en Partidos rurales alejados, con escasa litigiosidad y sin embargo, cuenta con otros Partidos en las capitales de provincia y en el cinturón de Madrid (Corredor de la Sagra y Corredor del Henares) en los que la planta judicial era muy reducida ya desde hace tiempo, habiéndose producido por varios años consecutivos aumentos importantes de población y de la actividad económica, así como finalmente sufrido los efectos tan negativos de una grave crisis.

Todo ello ha dado lugar en estos Partidos Judiciales a incrementos de litigiosidad desproporcionados y que superan con creces los módulos racionales de entrada fijados por el Consejo General del Poder Judicial para este tipo de órganos, sin que los aumentos de la planta judicial se hayan producido con la necesaria agilidad y prontitud, generando bolsas de pendencia progresivas difícilmente recuperables si esos incrementos siguen produciéndose constantemente como entre nosotros ha ocurrido.

7. El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente la Ley de Acceso a la Abogacía, con la intención, según el Gobierno, de concluir una situación anómala para la profesión y garantizando una capacitación profesional adecuada ¿qué opina de esta norma y por qué se ha dilatado tanto?

Creo que se me pregunta por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Mi opinión no es muy favorable. Creo que recorta demasiado las competencias de las Escuelas de Práctica Jurídica dependientes de los Colegios de Abogados  y desapodera a los mismos y al Consejo General de la Abogacía de funciones sustanciales que este tipo de Corporaciones Profesionales están muy cualificados para desempeñar a fin de seleccionar y formar adecuadamente a las personas que van a ejercer la Abogacía.

Una de las funciones fundamentales de los Colegios de Abogados es velar y controlar por la calidad y ética del ejercicio profesional y la norma aprobada recorta demasiado esas funciones en beneficio de las Universidades. El problema de la formación de cara al ejercicio de la Abogacía venía precisamente dado porque las Facultades Universitarias no aseguraban más que una formación teórica imprescindible, pero insuficiente.

Por tanto, no se comprende ahora que no se otorgue a los Colegios de Abogados y a las Escuelas de Práctica Jurídica la autonomía y competencia suficiente para desempeñar el cometido de formación específica para la Abogacía que venían desempeñando mediante master o Cursos de bastante calidad. Por otro lado, se establece un monopolio de la formación de los Abogados en estas Escuelas en favor de los Abogados y de los profesores Universitarios, algo incomprensible cuando hasta ahora en las Escuelas venían prestando servicios Jueces, Fiscales y otros profesionales del Derecho de los que ahora parece prescindirse.

Finalmente, en la evaluación se da escasa presencia a la representación del mundo judicial y de otras profesiones relacionadas con el ejercicio ante los Tribunales de la Abogacía, estableciendo una posición desproporcionada de funcionarios y universidades. Creo que el retraso de la norma obedece a las tensiones entre el mundo de la Universidad y de los Colegios de Abogados.

8. ¿Qué opina de la supresión del servicio de asistencia jurídica gratuita en Madrid? Esta situación anómala tiene como consecuencia más notoria es la pérdida de derechos del ciudadano. ¿Qué otras consecuencias pueden derivarse de ello? ¿Llegaremos a un efecto dominó en otras CCAA?

La decisión del Colegio de Abogados de Madrid de suspender el servicio de asistencia jurídica gratuita y designación de Abogados del turno de oficio, es una decisión grave que indudablemente ha afectado al derecho de defensa de los ciudadanos, pero parece que es una medida temporal que posteriormente se ha dejado sin efecto.

El origen de la decisión está en los problemas de abono de las cantidades devengadas por las asistencias realizadas por los Letrados por este servicio por parte de la Comunidad de Madrid, que tiene encomendadas las competencias en esta materia.

Obviamente, esta situación no es deseable y menos cuando responde a un problema de falta de financiación que según parece se viene arrastrando desde hace tiempo y que habría que solventar para el futuro. Pero me gustaría pensar que este es un problema que se va a solucionar en Madrid y que no se va a generalizar a otras Comunidades.

9. Por último, lo que el presidente quiera destacar.

Mi opinión es que la asignatura verdaderamente pendiente de la Democracia Española es la Justicia. Creo que la solución de los problemas de la Justicia española, pasa por incrementar el grado de autonomía en todos los sentidos del Poder Judicial y la independencia y profesionalización de sus órganos de gobierno respecto de los demás Poderes, en línea de lo que sin duda quiso el Constituyente de 1978 y que restringió claramente el legislador orgánico de 1985 como reacción frente a un supuesto corporativismo judicial al que se vio como enemigo de la democracia, algo que se ha evidenciado falso.

Los males de ese recorte se han ido incrementando con reformas posteriores, en las que se recorta todavía más la autonomía del Poder Judicial y de sus órganos de gobierno. Entre ellas señaladamente cabe citar la de la Oficina judicial y su desarrollo posterior.

Bajo el pretexto de descargar a los Jueces de funciones no estrictamente jurisdiccionales se han limitado sus competencias respecto de la oficina y en el proceso. No puede olvidarse que el proceso no es una simple forma desligada de la respuesta judicial sino el cauce fundamental a través del cual se satisface el derecho de tutela judicial.

Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde a los Jueces no lo digo yo, lo dice la Constitución y si se priva a los jueces del control de la oficina judicial y de sus resortes se les está privando del control sobre los medios y resortes del proceso que es el medio imprescindible para el ejercicio de la jurisdicción.

Por otra parte, respecto del Cuerpo de Secretarios Judiciales se ha establecido un Cuerpo fuertemente jerarquizado que depende del Poder Ejecutivo, algo que habría que cambiar porque el ejercicio de funciones decisorias en la Administración de Justicia requiere de la imparcialidad y de la independencia.

La Justicia vive momentos de desconcierto porque se ven los efectos negativos de todas estas reformas, hechas con un proclamado propósito de conseguir una supuesta mayor eficacia que está lejos de apreciarse.

Además, tanto en España como en Castilla-La Mancha se requiere de un auténtico proceso de modernización de la Justicia, con grandes inversiones en medios y en tecnología, corrigiendo la insuficiencia de la planta judicial, que es el principal mal de todos, así como el problema de la adecuada organización de los mismos.

No obstante, aunque se solucione el problema de falta de medios subsiste otro problema importante, que es el de la verdadera autonomía del Poder Judicial. Para su solución los Partidos políticos deben aceptar que las cuestiones relacionadas con ella son de Estado en sentido pleno.

Finalmente, creo que efectivamente existe un problema de deficiente organización judicial, pero fue creado por la LOPJ de 1985 y la Ley de Planta y Demarcación de 1988, con la supresión de los Juzgados de Distrito. El modelo basado en diferenciar una organización judicial para los asuntos menos complejos, cuantitativamente los que más asumen los Juzgados unipersonales, que correspondían a la antigua Justicia Municipal, de los asuntos de mayor enjundia, que asumían los Juzgado de Primera Instancia, de Instrucción o mixtos, permitía una mayor eficacia y racionalidad.

Desde mi punto de vista el error fue abandonar un modelo de organización que funcionaba bien por exigencias de incorporar en una Carrera única a los Jueces pertenecientes al Cuerpo de Jueces de Distrito. Ahora los Juzgados unipersonales base de nuestra organización, están desbordados por una multiplicidad de asuntos muchos de ellos de la anterior competencia de la Justicia Municipal: la dedicación a su enjuiciamiento enturbia el enjuiciamiento de los asuntos de mayor envergadura y complejidad.

Pero este modelo organizativo podría fácilmente recuperarse con una generosa adaptación y reasignación hecha con inteligencia, con reconocimiento de derechos de los Jueces que los sirven.


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