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Economistas analizan el impacto en el mercado de trabajo de la inversión en formación

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Entre las conclusiones de la jornada han destacado que una parte sustancial de los fondos que la Administración pone a la disposición de las empresas para financiar la formación de sus trabajadores no termina utilizándose.

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Especialistas han analizado la conexión entre educación y mercado de trabajo en torno a cinco ámbitos –la rentabilidad económica de invertir en formación, la situación del desempleo juvenil, la formación en las empresas, la financiación pública de la formación continua y la inserción laboral de nuestros graduados universitarios–, constatando que la inversión en educación y formación tiene ventajas en la trayectoria profesional de los individuos en términos salariales y en el mercado de trabajo.

En cuanto al porqué de la precaria situación laboral de los graduados universitarios en España frente a la de los graduados de los principales países de la UE, Martí Parellada, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinador del Consejo Editorial de la revista 3CONOMI4, ha afirmado que “una de las maneras de mejorar la inserción laboral de los graduados en España pasaría por un cambio en el sistema productivo del país, con un mayor peso relativo en su estructura productiva de los servicios basados en el conocimiento y de los sectores industriales de alta intensidad tecnológica, en vez de sectores más tradicionales con poca demanda de empleados con un alto nivel educativo”.

En referencia a los cambios en el sistema público de formación continua surgidos a partir de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, que regula el sistema de formación profesional para el empleo, Oriol Escardíbul, profesor de Economía Aplicada, vicerrector de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinador de este dossier sobre Formación y Mercado de Trabajo, ha destacado que “la norma aumenta la transparencia del sistema y consolida derechos de formación para los trabajadores como el cheque de formación, el derecho a 20 horas pagadas de formación al año y un sistema integrado de información sobre la vida formativa de los trabajadores”. Asimismo, subrayó que, según se desprende del estudio, durante la década (2004-2014) se ha cuadriplicado el número de empleados formados por las empresas.

Al hilo de la celebración de la semana de la Educación Financiera que comenzó el pasado 2 de octubre, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha subrayado “la importancia que tiene para los ciudadanos contar con formación financiera como garantía para gestionar su patrimonio, pero también porque tener conocimientos económicos coadyuva a asentar una cultura de emprendimiento, de creación de empresas y generación de empleo”.

Por su parte, Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores Laborales (EAL) –órgano especializado en materia laboral del Consejo general de Economistas– ha señalado que “teniendo en cuenta las cifras que resultan del informe que hoy se presenta, sería conveniente apostar por la formación profesional, que asegura una mayor empleabilidad al tiempo que reducimos el número de titulados superiores, que es una de las bolsas de desempleo con más dificultades para encontrar un puesto de trabajo acorde con su titulación”. Además –ha añadido Pereira– “sería también importante que los fondos que la Administración pone a disposición de las empresas se destinaran a políticas activas de empleo”.

De manera general, las conclusiones y propuestas expuestas por los economistas en materia de empleo y formación son las siguientes:

  • Se constata que una parte sustancial de los fondos que la Administración pone a la disposición de las empresas para financiar la formación de sus trabajadores no termina utilizándose. Así, del total de fondos disponibles para este tipo de formación, las empresas españolas utilizan únicamente poco más de un 30%. Además, las pymes encuentran excesivas dificultades para poder gestionar ágilmente el uso de estos fondos.
  • Se observa una menor tasa de ocupación de los titulados universitarios españoles con respecto a los del conjunto de la Unión Europea (78,5% en España y 84,1% en la UE) y una tasa de paro más elevada (12,4% y 5,5%, respectivamente).
  • De todos los países de la Unión Europea, España era en el año 2015 el quinto con un menor porcentaje de trabajadores entre 25 y 64 años ocupados en tareas de alta calificación: el 32,9%, alejado del 40,7% del conjunto de la UE.
  • El porcentaje de población con estudios de educación secundaria y/o postsecundaria no superior en países de nuestro entorno (48%) es más del doble que el de España (22%)
  • Los salarios de los trabajadores con estudios universitarios superan en casi un 200% a los de los que no han concluido la ESO. La media de los salarios brutos mensuales de los ocupados con una titulación de enseñanza terciaria es prácticamente un 30% superior al dato para el conjunto de la población empleada. La tasa de ocupación de los graduados superiores en España es un 16% más elevada que la de los titulados en el nivel educativo inmediatamente inferior (bachillerato o ciclo formativo de grado medido), la tasa de paro un 35% inferior y los ingresos un 51% superiores.
  • La mayor prima salarial y mejor productividad de los graduados frente a los que no lo son –tal y como se desprende del dossier– hacen que invertir en educación constituya una estrategia recomendable a nivel individual como colectivo.
  • Impulsar la formación profesional dual que alterna la educación reglada en la escuela con el aprendizaje en la empresa, para corregir la particular estructura del capital humano en nuestro país.
  • El tejido empresarial español no reúne los requisitos que facilitan la formación en el puesto de trabajo y hace falta, por tanto, la implicación del sector público en la promoción y financiación de actividades formativas.
  • La nueva regulación del Sistema de Formación Profesional para el empleo (Ley 30/2015) introduce mejoras en este campo, pero es necesario que la Administración implemente estas mejoras en la práctica.
  • España es el país de la UE donde más graduados están ocupados en trabajos de baja cualificación. Por ello habría que mejorar el servicio de orientación laboral de los universitarios potenciando las bolsas de trabajo de las Universidades y perfeccionando el sistema de prácticas en empresas para estudiantes en los últimos cursos de titulación.