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JORNADA

Los economistas reclaman una Ley de Auditoría del Sector Público

Cerca de 200 expertos han asistido en Barcelona a la "XV Jornada Técnica de Auditoría: Retos presentes y futuros de la auditoría", en la que, entre otras cuestiones, han debatido sobre dos cuestiones de especial trascendencia: la fiscalización de las cuentas públicas y la nueva ley de auditoría.

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Contable, fiscal, auditoría

En esta importante jornada, han participado, entre otros, el decano del Col-legi d'Economistes de Catalunya, Joan B. Casas; el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich; el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y consejero de gobierno del Banco de España, Guillem López Casasnovas; la presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC, Ana Mª Martínez-Pina; el presidente del REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas, Carles Puig de Travy, y el presidente de la Comisión de Auditoría/REA+REGA Cataluña, Emilio Álvarez.

En relación a la transparencia y al control del gasto en el sector público, los economistas auditores consideraron que ha llegado el momento de afrontar una Ley de Auditoría del Sector Público. En nuestro país el gasto público representó en 2014 más del 43% del PIB, lo que evidencia su peso específico en la economía. De ahí que el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, haya señalado que "para poder hacer realidad los niveles de transparencia que exige la normativa vigente, es necesario realizar un control eficiente de la gestión de los fondos públicos; sólo de esta manera podrá analizarse la legalidad y la regularidad de la actividad de la Administración". Es por ello que los auditores del REA+REGA entiendan que resulta urgente y necesario establecer un marco específico que establezca criterios de control sobre la gestión de los fondos públicos y la utilización de éstos conforme a la legalidad.

En este sentido, El presidente del REA+REGA, Carles Puig de Travy ha manifestado que "potenciar la práctica de la auditoría en el Sector Público redundaría en una mayor garantía de la transparencia en la gestión económica de este sector y contribuiría a mejorar la confianza de los ciudadanos".

Ante la inminente celebración de las elecciones generales, los economistas auditores han pedido públicamente a las diferentes formaciones políticas que concurren a las mismas que incluyan en sus programas una Ley de Auditoría Pública. "Pese a las mejoras introducidas por la Ley de Transparencia, el acceso a la información sigue siendo excesivamente alambicado y, en muchas ocasiones, los ingresos y gastos de las diferentes administraciones públicas resultan ininteligibles" –manifestó Pich–.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Auditoría/REA+REGA Cataluña, Emilio Álvarez, señaló que "el Tribunal de Cuentas y los Organismos de Control Externo autonómicos carecen de recursos suficientes para controlar los numerosos organismos que componen el sector público, de ahí que el número de entes públicos que rinden cuentas mediante informe de auditoría no llegue al 10%". Es por ello que los auditores consideran necesario desarrollar un marco de colaboración entre los auditores y las Administraciones para fortalecer la transparencia y generar más confianza en los ciudadanos y en los inversores.

Según el REA+REGA son muchas las entidades que conforman el sector público –consorcios, entes públicos empresariales, organismos autónomos, entidades locales, etc.– y gran parte de ellas no son sometidas a mecanismos de control. Los auditores destacaron tres cuestiones que, a su entender, debería incluir la Ley de Auditoría de Sector Público: el control de las subvenciones, una mejora del seguimiento de las entidades locales y la fiscalización de los partidos políticos. "Cerca del 90% de los ingresos de los partidos provienen de fondos públicos y, por tanto, no deben ser ajenos a una fiscalización de sus cuentas" –apuntó Carles Puig de Travy.

Por último, los economistas reunidos en esta Jornada hicieron una valoración de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas. A este respecto, manifestaron que esta Ley no ha gozado del suficiente debate entre los afectados y que, además, nos aleja de Europa sobre todo por las opciones ejercidas en determinados aspectos sensibles que podrían haber sido objeto de mejora de haberse tenido en cuenta algunas de las enmiendas propuestas por los Grupos Parlamentarios (137 enmiendas propuestas en el Senado).

En concreto, señalaron que una de las especiales preocupaciones del Consejo General de Economistas es el efecto que tendrá la regulación de los aspectos relativos a la independencia en los despachos pequeños y medianos de auditoría. También mostraron su preocupación por otros aspectos como la extensión de ciertos requisitos de los informes de auditoría previstos en el reglamento europeo para las Entidades de Interés Público a todos los informes de auditoría; la estructura organizativa; la composición y funciones del Comité de Auditoría; el aumento de tasas; el régimen sancionador, y las cargas administrativas.

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