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LEY DE LA CIENCIA

La carrera científica pide su reconocimiento

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación acepta a la Innovación dentro del Sistema de Ciencia y Tecnología español, reconoce un nuevo 'Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación', que estará constituido por la cartera de Ciencia y las Comunidades Autónomas, y crea una Agencia Estatal de Investigación para la financiación de la I+D en España que deberá ver la luz antes de un año.

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Tras casi dos años en proceso de redacción, consultas y tramitación, La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación sustituirá a la actual normativa vigente desde 1986 que, a juicio de los expertos, necesitaba de una "actualización" a la nueva realidad administrativa de España por Comunidades Autónomas, que dicha ley no contemplaba.

Se acepta a la Innovación dentro del Sistema de Ciencia y Tecnología español, y pasa a denominarse 'Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación'. Además, se tiene en cuenta el conocido como 'sistema de sistemas' que articula lo público y lo privado y que integra el reconocimiento a las competencias de determinadas comunidades autónomas.

De hecho, se recoge de forma "explícita" la transferencia de la competencia en materia de Innovación al País Vasco, así como la competencia adquirida a Cataluña, dos peticiones 'muy demandadas' por los grupos nacionalistas.

Más colaboración público-privada y carrera investigadora

Dicha Ley establece una serie de "pasarelas" que permitirán a los investigadores pasar a trabajar de una empresa privada a una pública sin problema, acceder a una sociedad mercantil, o bien pasar a formar parte del cuerpo técnico de una universidad o un Organismo Público de Investigación (OPI).

En cuanto a la carrera investigadora, hay una enmienda respaldada por todos las formaciones políticas para recuperar los contratos de investigación vinculados a un proyecto, es decir, que los investigadores puedan obtener un contrato durante el tiempo que están desarrollando un proyecto de investigación; una medida "eficaz" para el sistema que la reciente reforma laboral había suprimido y que ahora en la tramitación parlamentaria de esta norma se ha solventado en su caso.

Es más, en la nueva normativa se establecen dos estrategias para la gestión del sistema: 'La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología' y la conocida como 'E2I' o 'Estrategia Estatal de Innovación', que pasará a denominarse 'Estrategia Española de Investigación'.

Para relacionar ambas estrategias habrá un nuevo 'Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación', que estará constituido por la cartera de Ciencia y las Comunidades Autónomas. Hasta ahora, no existía en el Ministerio un órgano de diálogo con las Comunidades Autónomas, a diferencia de otros departamentos ministeriales.

Dos nuevas estrategias para la ciencia

Igualmente, se establecen dos estrategias para la gestión del sistema: 'La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología' y la conocida como 'E2I' o 'Estrategia Estatal de Innovación', que pasará a denominarse 'Estrategia Española de Investigación'.

En concreto, la de Ciencia y Tecnología tendrá por objetivo alcanzar las metas generales establecidas en la ley y se definirán, en un periodo plurianual, tanto las prioridades científico-técnicas y sociales generales, así como las directrices y los instrumentos de coordinación interinstitucional de estas políticas correspondientes a las administraciones públicas, o los objetivos de los planes de investigación científica y técnica de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.

Para relacionar ambas estrategias habrá un nuevo 'Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación', que estará constituido por la cartera de Ciencia y las comunidades autónomas. Hasta ahora, no existía en el Ministerio un órgano de diálogo con las Comunidades Autónomas, a diferencia de otros departamentos ministeriales.

Agencias de financiación

Además, se crea una Agencia Estatal de Investigación, para la financiación de la I+D en España, y se reconoce otra agencia para financiar la Innovación, que ya existe como tal de forma adjunta al Ministerio de Ciencia e Innovación, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial o 'CDTI'.

Se ha reconocido también y, además de forma "explícita", la transferencia de la competencia en materia de innovación tanto al País Vasco y a Cataluña, dos comunidades autónomas que tienen transferidas esta competencia y que la ley no recogía como tal en un primer momento.

Carrera investigadora y mayor movilidad de científicos

En cuanto a la carrera de los investigadores, se eliminan las escalas científicas propias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que pasan a ser de los Organismos Públicos de Investigación (OPI'S), y se suprimen las becas en el 'sistema 2+2' en contratos de cuatro años.

De esta manera, las modalidades de contrato específicas que se establecen en el nuevo Sistema son: un contrato predoctoral, con el que se suprimen los 'becarios-precarios' del sistema público y concertado de la I+D+i, que será prorrogable por periodos anuales; un segundo contrato de acceso, cuyo objetivo será la consolidación de los investigadores dentro del sistema de ciencia; además de un contrato de investigador distinguido, para que se pueda atraer talento de otras instituciones.

En relación a los contratos Ramón y Cajal, que actualmente tienen una duración de cinco años y con los que los investigadores se 'quedaban en la calle' una vez fuesen finalizados, se ha consensuado un mejor acceso al sistema de ciencia español para ellos, a través de las dobles evaluaciones que ya realizaban en sus programas y subprogramas.

Además, se potencia la movilidad y el intercambio de investigadores entre distintos agentes de ejecución públicos y privados, en el ámbito español, en el marco de la UE, y en el de los acuerdos de cooperación recíproca internacional y de los acuerdos de colaboración público-privada, es decir, se crean unas 'pasarelas' para que los investigadores tengan más facilidades para poder trabajar en otros centros.

Contratos temporales de los científicos e investigadores

En relación al contrato por horas y servicios que, además de en la normativa se refleja en el Estatuto de los Trabajadores, Serna ha explicado que "siempre ha estado en el sistema de universidad español". Concretamente, la ley deroga que los investigadores puedan renovar sus contratos por obra hasta en tres años.

Reconocimiento a Centros Tecnológicos Estatales

En la normativa, además, se contempla el interés general de la actividad desarrollada por organismos de investigación privados como los Centros Tecnológicos de ámbito estatal, así como el papel de agentes más vinculados a favorecer la transferencia tecnológica y la cooperación entre los diferentes agentes del sistema como, por ejemplo, parques científicos y tecnológicos, plataformas tecnológicas y las agrupaciones de empresas innovadoras.

Trámite en el Senado

La Comisión de Ciencia e Innovación del Senado ha acordado por unanimidad introducir 45 nuevas enmiendas al proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, entre ellas una en la que se insiste en la necesidad de que el Gobierno cree en el plazo máximo de un año la Agencia Estatal de Investigación con la aprobación de su estatuto.

De este modo, el dictamen de la Comisión, que será debatido en el pleno de la Cámara Alta, establece que se cree "en el plazo máximo de un año mediante la aprobación de su Estatuto" la creación de este nuevo órgano, limitando así el acuerdo alcanzado por el Congreso, instaba a crear el organismo antes de que finalizara la actual legislatura.

Además, se han incorporado otras 44 enmiendas al texto remitido por la Cámara Baja, quince de ellas resultado de transaccionales. Entre estas modificaciones, se ha acordado que el director del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), como Órgano ejecutivo del Consejo Rector, sea un astrofísico de "reconocido prestigio" dadas las cuestiones de índole científica que deberá resolver en su puesto.

Del mismo modo, se ha incorporado a la ley el derecho de la Administración General y las comunidades autónomas de acceder a los informes elaborados por Consejo de Política Científica, Tecnológica e Innovación. Se trata de un organismo creado en esta ley, y adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, como órgano de coordinación general de la investigación científica y técnica.

Otra de las novedades, es la inclusión de los investigadores del programa Miguel Servet del Instituto de Salud Carlos III dentro de las exigencias de los procesos selectivos de personal laboral fijo en las universidades públicas y los Organismos Públicos de Investigación (OPI) para el contrato de Acceso al Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Hasta ahora sólo figuraban los pertenecientes al programa Ramón y Cajal.

Además, se apunta que los científicos pertenecientes a ambos programas deberán superar una evaluación que será el previsto para la cuarta anualidad o última anualidad del contrato establecido en dichos Programas o Subprogramas.

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