El Derecho

LEY DEL JUEGO

Regulados por ley el juego, las apuestas y los casinos 'online'

La norma regulará por primera vez las modalidades de juego de ámbito estatal desarrolladas a través de Internet y otros medios electrónicos. Un nuevo Impuesto sobre el Juego gravará estas actividades. Entre las principales novedades, la creación del Consejo de Políticas de Juego asegurará la participación de las Comunidades Autónomas en materias como la normativa de los juegos, licencias y sistemas técnicos de control de operadores.

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La normativa deberá ser publicada ahora en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La nueva ley, cuyo proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros a principios de febrero y ha seguido en las Cortes el trámite de urgencia, crea un nuevo régimen fiscal para las apuestas 'on line' y establece un sistema de licencias para los operadores que quieran operar en España, así como una serie de garantías para proteger a los menores y a las personas que sufren ludopatía.

Durante su paso por las cortes se han incorporado al proyecto más de un centenar de enmiendas para reforzar la protección de los colectivos vulnerables, como los ludópatas y menores, y atender algunas de las demandas de sectores afectados por la Ley, como las casas de apuestas 'on line' o los medios de comunicación.

La nueva Ley de Regulación del Juego, que establece el marco regulador de las actividades de juego desarrolladas en el ámbito estatal a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, con los objetivos de proporcionar mayor seguridad jurídica a todos los operadores del mercado y aumentar la protección sobre los usuarios de este tipo de servicios.

El Gobierno da así cumplimiento al mandato recogido en la Disposición Adicional Vigésima de la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, respaldado con el consenso de todos los Grupos Parlamentarios, por el que se le instaba a presentar un proyecto de ley que regulara las actividades de juegos y apuestas, en particular las realizadas a través de sistemas interactivos basados en comunicaciones electrónicas.

En este sentido, el texto viene a adaptar la legislación estatal al nuevo escenario configurado por la irrupción de las múltiples y diversas actividades de juego electrónico aparecidas en los últimos años, que se han venido desarrollando en circunstancias que no cumplen los deseables principios de seguridad, transparencia, fiabilidad e integridad que deben regir las actividades que tienen por objeto las explotación de los servicios de juego.

Del mismo modo, estas nuevas fórmulas han sobrepasado los límites territoriales de la actividad comercial tradicional relacionada con el juego, lo que justifica la existencia de una norma estatal. Ésta, no obstante, únicamente regulará las actividades de juego que se desarrollen en el ámbito estatal, por lo que respetará plenamente las competencias que en materia de juego atribuyen a las Comunidades Autónomas los diferentes estatutos de autonomía. En este sentido, cualquier actividad de juego que tenga carácter presencial deberá ser autorizada por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

Seguridad, control y protección

Con ese doble objetivo de dar seguridad jurídica a los operadores del mercado del juego y aumentar la protección sobre los usuarios, la Ley de Regulación del Juego pone bajo control toda actividad de organización, explotación y desarrollo de juegos de azar de ámbito estatal realizada a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, así como las acciones publicitarias vinculadas a dicha actividad.

La norma define las distintas modalidades de juego, establece los requisitos que deberá cumplir cada una de ellas y fija las prohibiciones, tanto subjetivas como objetivas, que pesarán sobre las actividades objeto de regulación.

Asimismo, fija un régimen de autorización previa para los operadores que quieran explotar alguna actividad relacionada con el juego. La obtención del llamado "título habilitante" se vinculará al obligado respeto por parte de los operadores de una serie de condiciones, orientadas, por una parte, a garantizar la protección de los usuarios, y, por otra, a vetar la participación en este tipo de actividades a los menores de edad y a las personas que voluntariamente lo hubieran solicitado.

El único caso en el que no se aplicará este esquema es el de la lotería. El texto aprobado establece la reserva en exclusiva de la actividad del juego de loterías de ámbito estatal a favor de los operadores de juego que, hasta la fecha, lo vienen explotando de forma satisfactoria y controlada: la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.

Órganos reguladores

La nueva Ley prevé la creación de un órgano regulador en la Administración del Estado, la Comisión Nacional del Juego, que se encargará de la supervisión del cumplimiento de los requisitos fijados a los operadores, de la concesión de licencias y autorizaciones, y de garantizar el correcto funcionamiento del sector del juego y el cumplimiento de la normativa vigente. También le corresponderá la aplicación del régimen de infracciones y sanciones que establezca la futura Ley.

A efectos de lograr la necesaria coordinación y participación de las Comunidades Autónomas, se crea el Consejo de Políticas de Juego, órgano colegiado que asegurará la participación de las autonomías en materias como la normativa de los juegos, licencias y sistemas técnicos de control de operadores.

El proyecto de Ley fijaba un cambio en el nuevo impuesto y régimen fiscal

No obstante, el Gobierno ha cambiado de opinión y ha optado por que el nuevo impuesto del juego, que va a gravar por primera vez en España las apuestas 'on line', sea sobre los ingresos netos de los operadores en la mayoría de los tipos de apuestas, tal y como pedía el sector, según el proyecto de Ley del Juego aprobado en el último Consejo de Ministros al que ha tenido acceso Europa Press.

En el anteproyecto de Ley hecho público en la web de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) para su audiencia pública en enero, el Ejecutivo apostaba por un impuesto que gravara los ingresos brutos de los operadores. Sin embargo, el Gobierno apuesta por otro sistema en que se gravan los ingresos netos, es decir, lo que ingresa el operador después de descontar lo que devuelve en premios.

La intención del Ejecutivo de gravar los ingresos brutos de las compañías había despertado las críticas tanto de las casas de apuestas 'on line', que comenzarán a pagar impuestos en España cuando se apruebe esta ley, como de las empresas de juego presencial, como los casinos y los bingos. Así, fuentes del sector explican que en algunos juegos por cada 100 euros que el usuario juega, se devuelven 80 en premios, por lo que si los impuestos se calculan sobre los ingresos brutos, el negocio no es posible.

Finalmente, se fija un tipo impositivo del 25 por ciento sobre ingresos netos en la mayoría de tipologías de apuestas, salvo en las apuestas hípicas y en las apuestas mutuas, a las que sí que se les gravará en función de sus ingresos brutos.

Concretamente, las apuestas deportivas mutuas estarán gravadas con el 22 por ciento de sus ingresos brutos; las apuestas hípicas mutuas y otros tipos de apuestas mutuas, con el 15 por ciento de sus ingresos brutos; las rifas y concursos, con el 20 por ciento de sus ingresos brutos, excepto las benéficas que tributarán al 7 por ciento; mientras que al resto de juegos se les gravará con el 25 por ciento de sus ingresos netos.

No obstante, las comunidades autónomas, que tienen cedidas las competencias del juego, podrán elevar estos tipos hasta un 20 por ciento sobre los importes jugados por aquellos usuarios que tengan su domicilio fiscal en su territorio.

En el análisis sobre el impacto que acompaña al proyecto de Ley, el Gobierno calcula, teniendo en cuenta datos obtenidos de los distintos operadores del juego en 2009, que los ingresos brutos de estas compañías ascienden a alrededor de 600 millones de euros al año, frente a los 9.844 millones de euros de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Nueva tasa

En cuanto a la previsión de recaudación de este nuevo impuesto, el Gobierno afirma que "es de todo punto imposible, dada la situación actual del sector del juego", hacer una estimación realista de la recaudación esperada, especialmente en lo referido al juego 'on line', del que no se tienen cifras oficiales.

Sin embargo, el Ejecutivo sí que realiza una estimación de lo que la Comisión Nacional del Juego (CNJ) ingresará con la nueva tasa por la gestión administrativa del juego que contempla el proyecto de Ley y que tendrán que pagar todos los operadores que participen en el sector. El Gobierno calcula que este órgano ingresará 10,4 millones de euros por este concepto, que aumentarían hasta los 11,3 millones de euros otros tipos de ingresos por diversos trámites.

Esta cifra es inferior a la recaudada por otros órganos reguladores en funcionamiento como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) o la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que ingresan en concepto de tasa a los operadores 33,9 millones de euros y 29,5 millones de euros, respectivamente.

Críticas del sector

El sector, que llevaba demandando una regulación desde hace tiempo, aplaude que finalmente el Gobierno presente una ley, pero, desde diversas asociaciones y compañías, se critica la falta de comunicación que ha habido con las empresas, que o bien mediante licencias, como es el caso de los bingos, o bien de facto, pero sin licencia, como es el caso de las casas de apuestas 'online' que tienen su sede en otros países, están operando ya en España.

Uno de los aspectos más criticados del proyecto de Ley tanto por las empresas de juego presencial como por los nuevos operadores de apuestas 'online' es la base sobre la que se van a calcular los nuevos impuestos. Así, el Gobierno proponía que los impuestos que tendrán que pagar los operadores después de que se apruebe la ley se calcule sobre los ingresos brutos que tienen por su negocio, mientras que desde el sector se pedía que se calculara sobre los ingresos que obtienen las compañías después de restar lo que devuelven en premios a los jugadores.

Por otro lado, desde el sector del juego presencial, como los casinos o los bingos, no se entiende que LAE se haya reservado en el proyecto de Ley el negocio de la lotería, que no podrá organizar ningún operador privado, y la indefinición del texto redactado por el Gobierno sobre lo que puede ser considerado como lotería y lo que no.

Asimismo, se critica que en el proyecto no se contemplen medidas para eliminar la ventaja que han logrado las casas de apuestas 'online' estos años, que han estado operando sin pagar impuestos en España porque no había una Ley que regulara este tipo de negocios y piden, entre otras medidas, que se obligue a estas compañías a eliminar su base de datos de clientes.

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