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GALICIA

Los grupos piden aplicar la disciplina urbanística de manera uniforme y hacer uso adecuado de planes sectoriales

Reclaman a la Xunta dar prioridad a la ciudad de la justicia de Vigo y empezar las obras en el primer semestre de 2012
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Los tres grupos con representación en el Parlamento --PPdeG, PSdeG y BNG-- han pedido por unanimidad que se utilicen la disciplina urbanística y la inspección "con criterios uniformes y objetivos", así como que se promueva "una utilización adecuada de los planes y proyectos sectoriales".

Los votos del PP han valido, sin embargo, para rechazar otros tres puntos de la misma iniciativa, defendida por el socialista Ismael Rego, que pretendía pedir, con el apoyo del BNG, modificaciones normativas para adoptar medidas cautelares de publicidad cuando la administración autonómica comience procesos de restauración de la legalidad urbanística, que se publiciten recursos y demandas en este ámbito en el registro de la propiedad y que cuando haya un derribo de vivienda habitual se evite una situación de desamparo.

También pedían los socialistas que cuando actuaciones administrativas ilegales deriven en una sentencia de derribo se establezca un plazo de seis meses para establecer la responsabilidad y cuantía de la indemnización a los propietarios.

El autor de la iniciativa, el socialista Ismael Rego, ha pedido al PP que se posicione "con los especuladores o con los otros", que son vecinos que han actuado "de buena fe" y han construido sus viviendas de acuerdo con licencias otorgadas "con todas las de la ley" pero sobre las que ahora pesan sentencias que ordenan el derribo. Así, ha reclamado "amparo" para las personas que se encuentran en esta última situación, entre los que ha citado a vecinos de Vilaboa y A Guarda.

De hecho, estuvieron presentes en el debate algunos vecinos y el propio alcalde de este último municipio, de quien ha dicho Rego que tiene el sueldo embargado por "defender los intereses de los vecinos". El socialista ha censurado que "da la sensación de que el amparo se produce al revés: para los que construyen sin licencia" y se ha referido al caso de Barreiros, en Lugo.

El portavoz del PPdeG en materia de urbanismo, Román Rodríguez, ha afirmado que el derribo de una vivienda es "un fracaso colectivo" y ha argumentado que la nueva ley de vivienda incluirá ya mecanismos para proteger a los afectados por derribos pero que construyeron con licencia.

No obstante, Rodríguez ha dicho que en el caso de A Guarda y Vilaboa las construcciones sobre las que pesa sentencia están en suelos de especial protección, en los que construir es "incompatible". Por la contra, ha proseguido, en Barreiros se trata de suelos urbanos no consolidados y la sentencia "no ordena derribar".

DIFERENCIAS ENTRE AYUNTAMIENTOS

Rego ha replicado pidiendo el apoyo del PP para su propuesta y ha preguntado qué problema hay si la previsión es incluir la modificación en la ley de vivienda. Además, ha criticado que el abogado de la Xunta pida el derribo en A Guarda pero no en Sanxenxo, en donde hay un edificio "en la misma situación", y ha sugerido que responde a que algún miembro del Gobierno gallego tiene una propiedad en el mismo.

La portavoz del BNG en el debate, Teresa Táboas, por su lado, ha indicado que las sentencias judiciales ponen "en evidencia" la existencia de prácticas "ilegales" y ha indicado que "hay que hablar de indisciplina urbanística" en Galicia. La nacionalista ha considerado que la Xunta usa un proyecto sectorial para "legalizar la indisciplina urbanística de Barreiros".

Por ello, ha argumentado Táboas, su grupo ha presentado una enmienda en la que reclama que los proyectos sectoriales "no sirvan" para legalizar situaciones irregulares en este ámbito y para reclamar la anulación del convenio firmado para Barreiros.

CIUDAD DE LA JUSTICIA DE VIGO

Por otra parte, ha sido aprobada otra proposición no de ley, con los votos a favor de PP y BNG y la abstención del PSOE, en la que se insta a la Xunta a "continuar considerando de máxima prioridad" la constitución de la ciudad de la justicia de Vigo y mantenga el compromiso de hacer las licitaciones correspondientes "inmediatamente después" de que el Ayuntamiento ponga los terrenos a disposición de la comunidad.

El texto reclama también la elaboración de un protocolo de colaboración con Vigo para "desbloquear la situación de los terrenos" para dar inicio a la ejecución de las obras "en el primer semestre de 2012".

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