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ARRENDAMIENTOS

Un año después del "desahucio expréss", todo sigue igual

Algo más de un año de vigencia tiene la llamada Ley de "desahucio expréss", una norma que ha introducido unas mínimas mejoras en cuanto al fomento y agilización procesal del alquiler se refiere, siendo aún insuficientes para evitar los atascos en los juzgados en los procesos de desahucio. La directora jurídica de Promein Abogados, Carmen Pelaz, analiza sus efectos.

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Vivienda, casa

La directora jurídica de Promein Abogados, Carmen Pelaz, ha señalado que las modificaciones que ha introducido la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler, no han sido suficientes para lograr fomentar el alquiler y agilizar los desahucios. Para la abogada, si bien es cierto que algunas de las mediadas adoptadas sí han contribuido a obtener algo más de agilidad en el proceso, el desahucio tal y como está regulado en la actualidad, dista de ser "express", como pretenden calificarle.

No obstante, Carmen Pelaz ha hablado de medidas útiles y que sí han demostrado ser eficaces, pero totalmente insuficientes. Por ejemplo y siguiendo el curso del proceso, una modificación ventajosa es que se ha reducido a un mes el plazo que debe transcurrir desde que el arrendador le requiere al arrendatario moroso que abone las rentas impagadas hasta la presentación de la demanda, y antes había que esperar dos meses.

Otra medida que ha contribuido a agilizar notablemente el desahucio según la directora jurídica de Promein, es la adoptada en la ejecución de la sentencia que estima el desahucio. Con anterioridad, una vez celebrado el juicio oral, el juez dictaba la sentencia condenatoria de desahucio pero aquí no había acabado el proceso, no se desalojaba sin más al arrendatario, sino que había que solicitar al juez que ejecutase tal condena mediante una demanda de ejecución. Esto iniciaba "otra fase del proceso", siendo en realidad, un nuevo proceso de ejecución.

Esta demanda de ejecución debía serle notificada al arrendatario "moroso", lo que planteaba numerosos problemas, porque en el noventa por cierto de los casos, tal arrendatario ni siquiera se había personado en el juicio de desahucio, debiendo volver al régimen de notificaciones tan excesivamente formalista que hacen tan lenta a la Justicia e infunden al que acude a ella la idea de que se protege más al infractor que al perjudicado.

En opinión de Carmen Pelaz, ahora la sentencia es título suficiente para el desalojo siempre y cuando se haya solicitado así en la demanda, evitando este proceso posterior de ejecución para conseguir el desalojo. "Cuestión diferente es que haya de iniciarse el proceso de ejecución para lograr que el arrendatario moroso condenado pague las rentas a cuyo pago ha sido condenado, pero se puede hacer con posterioridad al desalojo", continúa.

Esta segunda medida tiene un efecto "sedante" para los perjudicados -señala la abogada-, que antes acudían malhumorados al despacho preguntando cómo y porqué podía la justicia tardar tanto en echar al inquilino moroso cuando ya el juez les había dado la razón y le había condenado a desalojar el inmueble. "El hecho de cobrar las rentas atrasadas no les preocupa tanto como obtener la disponibilidad del piso o local, como es lógico", afirma.

Atascos en el proceso de desahucio

Pero con independencia de estas mínimas mejoras, para la directora jurídica de Promein, lo que sigue sin agilizarse, en primer lugar, es el tiempo que transcurre desde que se presenta la demanda hasta que se celebra el juicio o vista oral. Pueden pasar cuatro o cinco meses. Apunta que el problema sigue siendo "el atasco y la gran saturación de los juzgados, que repercute también en este tipo de procesos, unos procesos que carecen de complejidad alguna, y que podrían solucionarse de forma realmente rápida si los jueces dispusieran de tiempo para hacerlo. Estos juicios apenas duran veinte minutos, y se trata de sentencias casi automáticas".

Por tanto, Carmen Pelaz ha subrayado que el problema real es la insuficiencia de medios, el que no se centralicen todos los desahucios en unos Juzgados determinados de cada partido judicial. En segundo lugar, tampoco se agiliza el lanzamiento efectivo, puesto que quién acude a las fincas para "lanzar" o desalojar a los morosos en representación del juzgado es el personal del Servicio Común de Notificaciones y Embargos, que no suelen tener medios suficientes para dar apoyo a todos los Juzgados, y que pueden tardar meses desde la obtención de la sentencia hasta que realizan los lanzamientos.

"El resultado es que hay propietarios que están tardando más de siete meses en recuperar sus viviendas, pagando gastos de suministros, sin poder cortarle al inquilino moroso la luz o el agua, y con el convencimiento de que cuando logren entrar en sus viviendas van a encontrarse las mismas destrozadas", añade la abogada.

Revisión de la Ley

En opinión de Carmen Pelaz, hay, sin embargo, otras medidas contempladas en la Ley que son completamente prescindibles. Cita como ejemplo "la condonación de la deuda si ambas partes lo pactan a cambio de un desalojo voluntario. Esto ocurre y ocurría con anterioridad a esta Ley. Las partes siempre han podido llegar a un acuerdo extrajudicial antes y durante el proceso de desahucio, y si el arrendatario no ha abonado las rentas por motivos económicos justificados y tiene buena fe, siempre ha tratado de evitar el procedimiento judicial, por tanto esta medida no contempla algo nuevo, porque esa posibilidad siempre ha existido".

"En consecuencia, desde Promein consideramos necesaria una reforma que ataque las causas reales de la tardanza en resolver los desahucios. Hasta ese momento los propietarios valoran muy detenidamente el riesgo que supone arrendar y una gran mayoría no opta por el arrendamiento de sus inmuebles por no ser existir una regulación del desahucio rápida y eficaz, que garantice de forma segura sus intereses", añade la abogada.

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